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Ministra TIC responde a pedidos de renuncia por otorgar polémico contrato

En entrevista con Bloomberg Línea, Karen Abudinen insistió en que el Ministerio fue víctima de contratistas y pide explicaciones a la fiducia que entregó recursos.

Ministra TIC de Colombia, Karen Abudinen
31 de agosto, 2021 | 07:00 am
Tiempo de lectura: 8 minutos

Bogotá — La ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones colombiana (MinTIC), Karen Abudinen, vive sus días más difíciles en ese despacho por cuenta de un polémico contrato en el que se entregó al consorcio Centros Poblados un adelanto por $70.000 millones para digitalizar escuelas en zonas rurales del país.

Este no solo no se ha cumplido, sino que en la investigación se encontró que los contratistas entregaron documentación falsa para ganar el proceso. El caso la tiene no solo en la mira de las autoridades, sino del Congreso, a donde tiene que ir el próximo viernes para enfrentar un debate de moción de censura.

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Para esta inversión, considerada la más importante del Estado en los próximos 10 años en materia de conectividad rural, se dividió el contrato en dos regiones. La zona A fue adjudicada a Claro y la B a Centros Poblados, un proponente muy cuestionado ante su evidente falta de experticia en el despliegue de esta infraestructura. Esta fue una de las licitaciones más importantes del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FonTIC) en años e involucra una inversión total por cerca de $2,1 billones.

Por este proceso, el 19 de agosto el Ministerio inició el cobro coactivo en contra de la UT Centros Poblados y sus integrantes, por lo que embargó los bienes y activos de los socios, entre estos, más de 21 cuentas bancarias, 70 vehículos y varios edificios y lotes.

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En entrevista con Bloomberg Línea, la funcionaria se refirió a la polémica por este contrato, a los pedidos de renuncia y respondió si cabe un mea culpa en este escándalo.

Según dijo la ministra en una rueda de prensa, “los contratistas que conforman la Unión Temporal Centros Poblados quedan inhabilitados para contratar por cinco años con el Estado y cesan automáticamente todos los contratos que tengan vigentes con cualquier entidad del Estado a nivel nacional, regional o local”.dfd

Bloomberg Línea: ministra, mirando atrás, ¿cuál considera que fue el error o la cadena de errores que provocaron que Centros Poblados se quedara con la mitad de este millonario contrato de conectividad rural?

Karen Abudinen: El Ministerio fue víctima de la acción de contratistas que presentaron documentos ilegítimos y, por lo que se ha sabido recientemente, es posible que haya otros casos similares en la historia reciente de la contratación pública en el país. Las autoridades están investigando. En mi presentación en el Congreso demostré que desde la estructuración financiera y técnica del proyecto -que se inició en 2019- hasta la licitación, evaluación de propuestas y contratación de los operadores encargados de ejecutar el proyecto, el Ministerio cumplió con estricto rigor todos los procedimientos previstos en la Ley 80 de contratación estatal y en el Manual de Contratación del Ministerio.

Los criterios técnicos y financieros usados por el FUTIC junto con los Comités Asesor y Evaluador, para adjudicar el contrato, fueron previstos en el pliego de condiciones del proceso que evaluó la capacidad financiera y organizacional, experiencia mínima requerida del proponente. Si se cometieron omisiones o hubo fallas al interior del Ministerio, lo sabremos cuando los organismos de control terminen sus actuaciones. Nosotros hemos abierto completamente las puertas para que ellos puedan investigar con total libertad.

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Ver más: Colombia declara caducidad de polémico contrato de conectividad rural

En el marco del debate de control en el Congreso, que se hizo el pasado 24 de agosto, usted se ha referido a la fiducia de BBVA y su presunta responsabilidad al haber desembolsado estos recursos. ¿Qué medidas se tomarán contra la fiducia?

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Nosotros le hemos pedido explicaciones a la fiducia sobre sus actuaciones en este caso. Tenemos muchas dudas razonables acerca de la actuación del comité fiduciario. Por ejemplo, aceptaron una certificación bancaria de casi tres años de antigüedad, aceptaron cobros con solo una cotización de precios, cuando la ley exige tres cotizaciones de cada servicio o producto. Por esas razones pedimos la intervención de la Superintendencia Financiera, porque es muy importante evaluar con claridad la actuación de la fiducia.

¿Considera que este mismo año el país puede recuperar los $70.000 millones de adelanto que obtuvo Centros Poblados?, ¿cuánto suman los embargos hechos a los contratistas a nombre del MinTIC?

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Estamos actuando con la mayor celeridad posible y acudiendo a todas las herramientas que nos proporciona la Ley. El Ministerio ya embargó bienes, propiedades y activos de los socios de la Unión Temporal Centros Poblados, que calculamos tienen un valor de aproximadamente $40.000 millones, entre 21 cuentas bancarias, un par de lotes, mas de 71 vehículos y otros bienes. Nuestro objetivo es recuperar esos recursos a la mayor brevedad posible.

Si en el Ministerio cometimos errores, no tendremos problema en reconocerlos y corregirlos”.

Ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones colombiana (MinTIC), Karen Abudinen

¿Cómo han gestionado todas esas “artimañas” legales de los contratistas, como usted denominó a las tutelas y otras acciones para detener la caducidad del contrato y los embargos?

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Diversos contratistas involucrados en este caso han intentado utilizar la figura jurídica de la tutela para dilatar los procesos y evitar las sanciones. Cuatro acciones de tutela han sido interpuestas, y todas han sido rechazadas por los jueces, porque la tutela tiene como propósito proteger derechos fundamentales de los ciudadanos, no evitar castigos a los contratistas.

La firma interventora, por ejemplo, cuando iniciamos actuación administrativa en su contra por el papel que jugó al autorizar los giros del anticipo al contratista, interpuso tutela pidiendo meses de plazo para preparar su defensa. El juez detuvo por unos pocos días el proceso que habíamos iniciado, mientras estudiaba el caso y rechazó la solicitud de la firma interventora. Así que pudimos reiniciar rápidamente la audiencia. Y en el caso de la tutela puesta por Unión Temporal Centros Poblados, el juez rectificó su decisión inicial y rechazó al día siguiente la tutela que había aceptado.

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Si aún no han sido recuperados todos los recursos, ¿de dónde provendrá el dinero para que ETB pueda adelantar el proyecto en la región B?

Los $ 70.243.279.599,00 equivalen al 6,55 % del total del contrato por concepto de anticipo. El contrato tiene un valor de $1,07 billones, lo que quiere decir que el 93,5 % del proyecto está en nuestro poder, disponible para su ejecución.

El proyecto se desarrollará con ETB NET Colombia Conectada, una unión temporal integrada por ETB y por Skynet, que participó en la licitación, obtuvo el segundo puntaje más alto y, tal como lo contempla el artículo noveno de la Ley 1150 de 2007, firmaremos un contrato con ellos para conectar a los colegios en el plazo establecido.

Ver más: Bienes de polémicos contratistas fueron embargados a nombre de MinTIC en Colombia

Si ETB es una compañía ampliamente reconocida en el país en el desarrollo de estos proyectos por qué en un primer momento no le fue asignado el contrato. ¿Por qué quedó segundo?, ¿es verdad que Centros Poblados no contaba con la tecnología satelital?

Las propuestas de los participantes en la licitación fueron evaluadas considerando el número de centros digitales adicionales que ofrecían, el tiempo de conexión y el ancho de banda. La combinación de esos factores otorgaba un puntaje total, y en la zona A el mayor puntaje lo obtuvo Comcel y en la zona B la Unión Temporal Centros Poblados. No era condición disponer de tecnología satelital propia.

¿Cómo ha sobrellevado estos días ministra en medio de la tensión por esta polémica? ¿Ha pensado renunciar?

Es una situación que no se la deseo a nadie. He recibido toda clase de ataques. Soy consiente de la validez de las preocupaciones ciudadanas por los recursos públicos, pero también es claro que se ha utilizado a las redes sociales para sembrar toda clase de duda y, como decimos en Colombia, pescar en río revuelto. Los funcionarios tenemos responsabilidades con el país y no salimos corriendo cuando se presentan problemas, por graves que sean, sino que los afrontamos, damos la cara, ponemos el pecho y los solucionamos. Eso es lo que estoy haciendo.

De otra parte, ¿cómo va la zona A del contrato?, ¿presenta avances significativos y se está cumpliendo con el cronograma?

El contratista Comcel ha presentado en total de 1.628 Centros Digitales instalados y los cuales se encuentran en servicio. La interventoría está realizando actualmente las visitas de campo par dar aprobación e inicio de operación.

Ver más: ETB se queda con parte del millonario contrato de conectividad rural del MinTIC

En medio de todo este proceso, ¿cabe un mea culpa en alguna acción, decisión o postura en este proceso?

Si en el Ministerio cometimos errores, no tendremos problema en reconocerlos y corregirlos. Los organismos de control, la Procuraduría y la Contraloría, están realizando en este momento las actuaciones para establecer si los hubo o no y para identificar eventuales responsabilidades, en el caso que así haya ocurrido. Pero, como hemos demostrado, tanto en la estructuración del proyecto como en el proceso de licitación para seleccionar a los operadores, el Ministerio aplicó todos los procedimientos previstos en la normatividad que regula la contratación pública en Colombia. La licitación fue acompañada por Colombia Compra Eficiente, todos los participantes estaban debidamente habilitados en el Registro Único de Proponentes y las reglas de juego fueron siempre muy claras. En la estructuración tuvimos varias mesas de trabajo con todos los interesados y recogimos más de 1.200 observaciones.

Aquí las irregularidades y los delitos contra la contratación pública los cometieron los contratistas, que están siendo investigados por la Fiscalía. De nuestra parte, aplicamos las sanciones administrativas más drásticas que estaban a nuestro alcance, la caducidad del contrato con Unión Temporal Centros Poblados y están en curso actuaciones administrativas sobre la interventoría, sobre la firma SES COLOMBIA que dio visto bueno a la garantía bancaria que Centro Poblados presentó y que resultó ilegítima, y sobre la fiducia.

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