Colombia invertirá más de $2.500 millones para que el Estado sea más transparente

Bogotá — El Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicó para comentarios el borrador de un documento Conpes mediante el cual se busca trabajar en diferentes acciones que permitan consolidar un modelo de Estado abierto en el país.

A la pregunta de qué es un Estado abierto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) responde que es un modelo en el cual confluyen los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, las instituciones públicas independientes, todos los niveles de gobierno y los ciudadanos.

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Así, el Estado abierto permite que en reconocimiento de sus roles y marcos normativos en el sistema, los actores en mención se interrelacionen, exploten sinergias y compartan buenas prácticas y lecciones aprendidas entre ellos para promover la transparencia en el Estado, según un apartado expuesto en el borrador del documento Conpes.

De acuerdo con el texto, a través de la política pública que construye Colombia se busca, entre otras cosas, “aumentar la garantía del derecho de acceso a la información pública, apropiar la cultura de integridad pública, consolidar la capacidad institucional de lucha contra la corrupción y la cultura de la legalidad”.

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Implementar dicha política pública entre 2022 y 2025 tiene un costo estimado de $2.583 millones, de acuerdo con el documento que, previo a su aprobación, estará para comentarios hasta este miércoles.

Los tres rubros que más dinero se llevarían serían el que busca que se apropie una cultura de integridad pública ($704 millones), seguido por el que pretende impulsar iniciativas de innovación pública que consolide procesos guiados hacia un Estado abierto ($607 millones) y el que aumenta la corresponsabilidad entre actores para fomentar la generación de valor público ($459 millones).

En el texto se expone también que al buscar soluciones para la ausencia de garantías en el acceso a la información y la carencia de capacidad institucional sólida para luchar contra la corrupción, el país avanzará en la legitimización de la gestión pública, lo cual terminará traduciéndose en desarrollo económico y social.

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La política pública en la que está trabajando actualmente el país hace parte de los compromisos que este adquirió con su ingreso a la OCDE, detalla el documento.

Además, el Gobierno justifica que la formulación de la política pública en mención transformará el relacionamiento entre el Estado y la ciudadanía a través de la transparencia y confianza, lo cual fortalecerá la democracia en el país.

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Según el Observatorio de la democracia de la Universidad de los Andes, entre 2018 y 2020 se registra una caída de 29 % a 19 % en la satisfacción con el funcionamiento de la democracia, cita el borrador del documento Conpes.

“Se requiere definir una política pública que articule las estrategias que se han venido implementando y los nuevos esfuerzos por parte de las entidades de todas las ramas del poder público, incorporando acciones con el sector privado y las organizaciones ciudadanas, para lograr la profundización de la democracia, la construcción de confianza pública y la lucha contra la corrupción”, se explica en el texto.

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