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AMLO desata polémica por decreto que cataloga obras estrella como seguridad nacional

El organismo de transparencia en México, el INAI, advierte que se puede llegar a reservar de manera general la información relacionada con los proyectos.

El INAI advirtió que la Administración Pública Federal pueden llegar a reservar de manera general la información relacionada con los proyectos.
23 de noviembre, 2021 | 01:43 PM

Ciudad de México — El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto la tarde del 22 de noviembre en el que declara de interés público y de seguridad nacional sus obras insignia, como la Refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como el resto de los proyectos de infraestructura a cargo de la Administración Pública Federal.

De inmediato, el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación desató la polémica. Expertos en gasto público, transparencia, legalidad e, incluso el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) manifestaron su preocupación sobre los alcances del acuerdo que ha sido calificado en redes sociales como un “decretazo presidencial”.

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Esta mañana en su conferencia matutina, el presidente defendió el decreto y lo minimizó a un asunto meramente administrativo.

“Es para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos”

Andrés Manuel López Obrador

El presidente dijo que en el caso del Tren Maya se tienen que terminar 1.500 kilómetros de vías férreas electrificadas con trenes para finales de 2023. “¿Qué quisieran, que fracasáramos, que no se concluyera la obra?, pues no, tenemos que terminarla”.

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López Obrador afirmó que el acuerdo es un asunto interno entre dependencias de la Administración Pública Federal para que, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente ayude a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o a Fonatur (a cargo del Tren Maya), a fin de que no se detenga la obra y concluirlas en tiempo y forma.

El mandatario federal aseguró que el acuerdo del DOF “no tiene nada que ver con la transparencia, las Secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas”.

Sin embargo, el INAI dijo en un comunicado que analiza si el acuerdo que determina como de seguridad nacional las obras de infraestructura vulnera el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad.

El artículo primero del acuerdo señala expresamente que “se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.

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El INAI afirma que, al ser la “seguridad nacional” una de las causales de reserva de información de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advierte que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pueden llegar a reservar, de manera general, la información relacionada con los proyectos y obras que el Gobierno lleva a cabo.

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El presidente López Obrador dijo que el acuerdo también puede ayudar a evitar amparos que frenen las obras de forma temporal o definitiva, sin embargo, el mismo acuerdo del DOF ya está siendo analizado como posible sujeto de acciones de inconstitucionalidad.

El Consejo Nacional de Litigio Estratégico indicó que el decreto publicado se sitúa fuera del marco constitucional y legal, e hizo un llamado al INAI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República para que presenten sendas acciones de inconstitucionalidad contra dicho acuerdo y la Suprema Corte defina “su completa invalidez”.

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El exministro de la Corte, José Ramón Cossío, dijo en su cuenta de Twitter que “este decreto del presidente es evidentemente inconstitucional”.

La coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, Mariana Campos, consideró que el decreto implica “más discrecionalidad a la obra pública del Gobierno hoy en DOF. Se declaran obras de seguridad nacional la infraestructura de varios sectores. Habrá más opacidad”.

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