Perú

Mirtha Vásquez remarca que gobierno de Perú no desconocerá acuerdos en Ayacucho

La primera ministra resaltó que no habrá actuaciones unilaterales sobre las concesiones mineras, pero remarcó que el Estado está asumiendo “un rol diferente” al que ha tenido tradicionalmente.

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Lima — La titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, precisó que el último comunicado que difundió la PCM tras el diálogo que el Ejecutivo sostuvo con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) buscó esclarecer que en Perú no se ha dado ni se dará ningún cierre “unilateral” de operaciones mineras. En ese sentido, comentó que lo anunciado apunta a que se sigan los planes de cierre de las operaciones que tienen las empresas mineras en la zona sur de Ayacucho, donde se han originado diversas protestas en los últimos años, más no una clausura de sus actividades.

Nosotros volvemos a ratificarnos. No hay cierres unilaterales, lo que vamos a hacer es seguir los planes de cierre que tienen estas empresas para controlar que se hagan en los plazos establecidos y se siguen los pasos correspondientes, pero cerrar una mina no es un hecho de un día para el otro. Es un hecho progresivo. Ahí tenemos que clarificar las fechas con las empresas correspondientes”, indicó la primera ministra en una entrevista con TV Perú.

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Aunque Vásquez anunció el último viernes ante comunidades de la zona sur de Ayacucho que ya no se darían ampliaciones para la exploración y explotación de las operaciones mineras en la zona, en la entrevista de este miércoles aclaró que las compañías sí pueden seguir pidiendo autorizaciones bajo ciertas condiciones.

En realidad lo que queremos aclarar es que las empresas pueden seguir pidiendo sus autorizaciones pero todo eso tiene que pasar por una evaluación incluso por la participación ciudadana, donde la gente da su autorización. Si una empresa quiere seguir pidiendo licencias, etc., va a tener que pasar por todos estos procedimientos. Queremos ratificar esto. Lo dijimos el mismo día que estuvimos allá” señaló la ministra peruana.

Así, Vásquez se dirigió a las comunidades de Ayacucho que han expresado que retomarán las protestas en la zona si no se cumplen los acuerdos concretados el pasado viernes. En la entrevista, señaló que el comunicado publicado hoy por la PCM “no está desconociendo los compromisosa los que se llegó con la población de la zona.

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Nosotros vamos a trabajar en lo que ahí hemos acordado. Son tres cosas básicamente. Vamos a seguir los planes de cierre de minas para mirar cómo está cada una de estas empresas; (...) nos hemos comprometido a trabajar el tema ambiental, los temas de delimitación de cuencas que se está trabajando con el ANA (Autoridad Nacional del Agua); y estamos comprometidos también en el marco de generar un clima de paz ,porque a partir de estos hechos de violencia se suscitaron muchas denuncias”, reconoció la titular de la PCM.

Cabe remarcar que el primer punto establecido en el acuerdo que firmó la PCM con comunidades ayacuchanas señala que se constituirá una comisión ejecutiva “de negociación de los plazos y términos del retiro y cierre de las cuatro unidades mineras de las cabeceras de cuenca con el liderazgo de la Presidencia del Consejo de Ministros”.

Vásquez reveló que la comisión ejecutiva se formó este miércoles 24 de noviembre, mientras que las primeras reuniones que sostuvo el viceministro de Minas, Jorge Chávez, fueron con las compañías Apumayo, SAMI y Ares -de Hochschild- que operan en el lugar de la controversia.

De otro lado Vásquez apuntó que aunque el Ejecutivo está de acuerdo en que se abra una investigación tras el incendio ocurrido durante unas protestas en la mina controlada por Apumayo, buscará que no haya una situación de criminalización hacia las poblaciones.

“No se puede perseguir a una autoridad solo por ser la autoridad, o denunciarla solo por ser la autoridad. Nosotros vamos a acompañar los procesos con el Minjus (Ministerio de Justicia) para ver que, (...) más allá de investigar quienes produjeron los actos de violencia, no haya una criminalización innecesaria”, acotó la primera ministra.

A su vez, Vásquez dijo que el gobierno no tiene ningún problema en emitir pronunciamientos como el difundido hoy, que, según comentó, fue motivado tras el diálogo con las empresas mineras que buscaban una comunicación en tal sentido. No obstante ello, remarcó que en esta etapa el Estado peruano asumirá “un rol diferente” al que ha tenido en otras ocasiones durante situaciones de conflictos sociales.

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No va a haber ninguna actuación unilateral, pero esta es una etapa en la que el Estado asume un rol diferente como ha tenido tradicionalmente. Ya no vamos a ser un Estado solo tramitador, vamos a ser un Estado fiscalizador y además un Estado que atiende las demandas de la población. Por eso es que es de nuestro interés seguir estos procesos, estas etapas del cierre de minas, que las propias empresas tienen previstas algunas y algunas ya se vienen de pronto”, destacó la presidenta del Consejo de Ministros.

RELACIÓN CON EL EMPRESARIADO

En una nota de prensa difundida este miércoles luego del comunicado que publicó la PCM, la SNMPE expresó que Vásquez se extralimitó a sus atribuciones el último viernes 19 de noviembre cuando llegó a acuerdos con las comunidades de Ayacucho que establecen el retiro y cierre de las cuatro unidades mineras en la zona sur de la región. Sobre este punto, Vásquez consideró que se le ha dado una “interpretación errada” a lo que comentó durante su visita al lugar.

Yo he aclarado, no he ido a clausurar ninguna mina. Para tenerlo claro. El decir que vamos a participar en el cierre de minas no significa que estoy clausurando como si fuera una bodega a la actividad que hay. Me hubiese yo extralimitado en mis funciones si hubiese hecho eso”, expresó la ministra.

No obstante, Vásquez asumió la responsabilidad de que el Estado sea cuidadoso respecto a cada casoe n particular que involucre a minera por minera. “A lo mejor eso sí, comunicacionalmente nos faltó especificar que cada caso es diferente. Se va a evaluar en esta comisión que ya empieza a funcionar desde hoy, caso por caso. En algunos casos hay más sanciones, hay abiertos procesos administrativos sancionadores, y en otros casos hay que evaluar cómo está la situación”, detalló.

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De otro lado, la ministra pidió a las mineras marcar distancia de aquellas que sí estén generando conflictos y una mala reputación para la propia empresa. “Nosotros queremos empresas responsables y creo que el propio sector tiene que controlar eso”, dijo.

Vuelvo a decirles que realmente en este momento necesitamos todos repensar qué roles tenemos. Sé que hay también desconfianzas del lado de los inversionistas pero no podemos reducir estas situaciones en mineros y antimineros. No lo hay. Yo creo que acá vuelvo a reafirmar mi identidad no como anti minera de ninguna manera sino como pro derechos”, añadió Vásquez en conversación con TV Perú, y dijo buscar que se avance en el diálogo con la consigna de evitar estigmatizaciones.

Creo que (los lugares polarizantes de minero y antiminero) no funcionan. Los empresarios son, creo, los mayores interesados en que nuestro rol funcione frente a las comunidades para generar un clima de paz”, indicó la ministra.

NUEVA FORMA DE MANEJAR LOS CONFLICTOS SOCIALES

La titular de la PCM precisó que en el Perú existen actualmente más de 200 conflictos ambientales que, según comentó, el Ejecutivo ha “heredado” de otros gobiernos “que no solamente incumplieron sino que también utilizaron un mal procedimiento” para abordarlos.

Se reprime a la población y se cree que con eso ya la demanda cesó. Esa no es la manera de abordar los conflictos. De hecho desde que hemos asumido esta responsabilidad nuestro enfoque ha sido el diálogo. Hemos estado recurriendo a cada zona donde los conflictos han estado presentes. No se han gestado ahora mismo, vienen de mucho tiempo”, apuntó Vásquez.

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La ministra fue tajante al mencionar que el Estado no puede seguir teniendo solo “un enfoque de bombero; que solamente recurre cuando el conflicto ya explotó”. En esa línea, puntualizó que el Estado peruano debe tener un enfoque preventivo “que aplique una estrategia preventiva de escucha, de diálogo constante con la comunidad”.

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