Bloomberg — El Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) de EE.UU. dijo el viernes que intervendrá en el caso de bancarrota de Puerto Rico, que lleva cuatro años, para defender una ley federal que dio a la isla la capacidad de reducir sus obligaciones a través de los tribunales.
La medida, destinada a evitar que se impugne la inconstitucionalidad de la quiebra, podría prolongar los esfuerzos del Estado Libre Asociado (ELA) para reestructurar su deuda de US$33.000 millones y salir de la supervisión de los tribunales. La quiebra es la mayor de la historia en el mercado de bonos municipales, que asciende a US$4 billones.
Mientras que la mayoría de los acreedores de Puerto Rico han respaldado el plan de reestructuración, un tenedor de bonos individual y dos empresas inmobiliarias alegan que Promesa, como se conoce la ley federal de quiebras, viola la Constitución de los Estados Unidos.
Es probable que su acción legal se convierta en un obstáculo técnico que simplemente retrase la resolución de la quiebra, a menos que la jueza del Tribunal de Distrito de EE.UU. Laura Taylor Swain dé la razón a los acreedores. Eso pondría en peligro la bancarrota de Puerto Rico, que ya ha sido retrasada por huracanes, terremotos y la pandemia de coronavirus.
El plan de endeudamiento de Puerto Rico es el resultado de años de negociaciones entre varias y a veces conflictivas clases de tenedores de bonos, compañías de seguros y grupos laborales. Esos acreedores han aceptado el plan de deuda y no han cuestionado la legalidad de Promesa. El Congreso aprobó Promesa en 2016 para ayudar a resolver la crisis financiera de la isla.
Defendiendo Promesa
“Los Estados Unidos notifican respetuosamente al tribunal y a las partes que los Estados Unidos participarán en el procedimiento arriba mencionado con el propósito de defender la constitucionalidad de Promesa en lo que respecta a la aprobación propuesta del plan de ajuste”, escribió Brian Boynton, fiscal general adjunto en funciones, en la notificación de participación presentada al tribunal el viernes.
Se espera que la decisión del DOJ de intervenir retrase el fallo de Swain sobre un plan de reestructuración que incluiría la reducción de US$22.000 millones en bonos a US$7.400 millones. Las audiencias de confirmación de ese plan de deuda terminaron el 23 de noviembre. Ese mes, Swain dio al gobierno federal un plazo hasta el 7 de febrero para presentar un escrito, si el DOJ decidía defender a Promesa.
Puerto Rico ha estado en bancarrota desde mayo de 2017 después de años de pedir préstamos para empapelar los déficits presupuestarios, el declive económico y la pérdida de población.
Los tenedores de bonos que apoyan el plan pueden tener el derecho de retirarse de su acuerdo si el plan de reorganización no se consuma antes del 31 de enero, según los registros judiciales. Esto significa que los tenedores de bonos tendrán que decidir si rescinden su acuerdo y posiblemente exijan una comisión de rescisión.
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Este artículo fue traducido por Andrea González
