Europa

España evalúa impuesto a bancos como respuesta a crisis del costo de vida

Las medidas también penalizarían a las empresas que trasladen los costos de los nuevos impuestos a sus clientes

Bloques de apartamentos residenciales se alinean en una calle en el barrio de Lavapiés de Madrid, España, el jueves 25 de junio de 2020. Fotógrafo: Paul Hanna/Bloomberg
Por Alonso Soto y Rodrigo Orihuela
28 de julio, 2022 | 12:23 PM
Tiempo de lectura: 2 minutos

Bloomberg — El gobierno de España procura gravar a los bancos por los beneficios extraordinarios obtenidos de los intereses netos y las comisiones cobradas a los clientes, en la medida más audaz contra los prestamistas por parte de cualquier nación importante de la Unión Europea para compensar el impacto de una crisis del costo de la vida que se está agravando.

El jueves se presentó en el Parlamento un proyecto de ley que pretende establecer un impuesto del 4,8% para los bancos españoles. También pretende cobrar una tasa del 1,2% sobre las ventas nacionales de las empresas energéticas. Las medidas, presentadas por los partidos de la coalición gobernante, también penalizarían a las empresas que trasladen los costos de los nuevos impuestos a sus clientes.

La información sobre las propuestas pone fin a más de dos semanas de incertidumbre sobre los planes del Gobierno, esbozados inicialmente por el presidente Pedro Sánchez el 12 de julio. Ahora la administración, que aspira a su aprobación a finales de este año, tendrá que negociar con un amplio grupo de aliados en el Congreso para aprobar el proyecto de ley en el dividido parlamento, donde ningún partido tiene mayoría.

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Aunque el gobierno ha tenido problemas en los últimos meses para reunir apoyos que le permitan aprobar leyes importantes, nunca ha perdido una votación importante. Este historial indica que probablemente conseguirá el apoyo suficiente para los impuestos extraordinarios.

Los impuestos, que pretenden recaudar 7.000 millones de euros (US$7.100 millones) en los próximos dos años, han suscitado tensiones entre Sánchez y las grandes empresas, ya que los gobiernos de toda Europa se esfuerzan por recaudar fondos para aliviar el impacto de la inflación récord exacerbada por la invasión rusa de Ucrania.

Para los bancos, el umbral está fijado en 800 millones de euros sobre los ingresos por comisiones e intereses netos. El gravamen a las empresas energéticas se aplicaría a las compañías con ventas en España superiores a 1.000 millones de euros en 2019.

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Obstaculización del crédito

Los ejecutivos de los bancos han dicho que el impuesto previsto podría obstaculizar el crédito para una economía que aún lucha por recuperarse de la pandemia y que se enfrenta a los vientos en contra de la guerra en Ucrania. Los prestamistas también dicen que una subida de los tipos de interés, como está ocurriendo en Europa, no se traduce necesariamente en beneficios adicionales.

Por su parte, las empresas energéticas han argumentado que no están obteniendo beneficios inesperados y que cualquier impuesto de este tipo es injusto para ellas. Iberdrola SA, la mayor empresa de servicios públicos del país, dijo ayer que su beneficio en España se está debilitando y que son las empresas de petróleo y gas las que están obteniendo grandes beneficios de la agitación de los mercados energéticos mundiales.

El anuncio por sorpresa de Sánchez del impuesto previsto, durante un discurso en el Congreso, hizo desaparecer miles de millones de euros del valor de mercado de los bancos. Desde entonces, las acciones se han recuperado gracias a que el Banco Central Europeo (BCE) ha aumentado las tasas de interés.

Para las empresas energéticas, el golpe ha sido mucho menor, ya que la posibilidad de un impuesto inesperado había sido planteada por los funcionarios durante semanas, y los gobiernos de otros países de Europa han tomado medidas similares.

La propuesta puede llevar al Banco Central Europeo a posicionarse sobre el impuesto, como ha hecho con otros similares en países como Lituania y Polonia. El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, advirtió que el impuesto no debería perjudicar la solvencia del sistema bancario ni reducir los préstamos.

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