Tegucigalpa — Por unanimidad de votos, diputados del Congreso Nacional aprobaron un proyecto de ley encaminado a que ningún ente estatal cobre por la emisión de antecedentes penales y policiales para trabajo a menores de 30 años que lo soliciten por primera vez en el año fiscal.
Con la aprobación de este decreto, los beneficiados dejarán de pagar 200 lempiras (HNL) para la constancia de antecedentes policiales y 150 lempiras para la de antecedentes penales. Ambas constancias tienen vigencia de seis meses.
El diputado Carlos Raudales, de la Democracia Cristiana, dijo que, a pesar de que la medida significa un impacto económico para las Secretarías de Seguridad y Finanzas, supondrá un beneficio para los jóvenes del país que se encuentran en la búsqueda de una oportunidad laboral y que no pueden costear los documentos requeridos para aplicar a una entrevista de trabajo.
Conforme a cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población hondureña entre 18 y 29 años de edad ronda los 1,8 millones de habitantes, es decir, el 18% del total nacional. La tasa de participación de personas entre 18 y 24 años ronda los 65,5% y entre 25 y 29 años de 70,8%.
El decreto aprobado también incluye la creación de un portal público gratuito para la obtención de los antecedentes penales y policiales que extienden la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Secretaría de Seguridad, respectivamente.
Buscarán eliminar los antecedentes penales
Durante la discusión del decreto, el diputado Mario Pérez, del Partido Nacional, dijo que la constancia de antecedentes policiales “desde todo punto de vista es ilegal y es contraria a lo que establece nuestra Constitución”.
Según el artículo 6 del Código Procesal Penal señala que únicamente las condenas impuestas mediante sentencias firmes tendrán la calidad de antecedentes penales. El Poder Judicial llevará el registro correspondiente, “pero aquí alguien inventó se inventó esa famosa constancia de antecedentes policiales y esto se ha vuelto un negocio grande y tedioso”, dijo Pérez.
Al respecto, el diputado Ramón Barrios, del Partido Libertad y Refundación (Libre), dijo que se une a la petición de Pérez. “Los antecedentes policiales son un obstáculo para cuestiones laborales y mercantiles, porque la Policía Nacional no es ningún juez, no puede condenar su estado”.
Barrios dijo que eliminar los antecedentes policiales no es cuestión política, sino que constitucional, porque “aquí los únicos antecedentes que deben valer para que cause y cambie su estado son los penales y esos tienen que ver con haber sido vencidos en juicio y que la sentencia esté firme”.
Meses atrás, el diputado del Partido Libre, Juan Barahona, presentó ante el Congreso Nacional un proyecto encaminado a ese propósito, pero a la fecha no ha sido dictaminado por la Comisión de Seguridad, presidida por Rafael Sarmiento, aunque el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, solicitó en sesión que la comitiva retome el anteproyecto de ley para la elaboración del dictamen y su posterior discusión en el Pleno.
