Tres desafíos para la economía del Ecuador este 2023

QUITO — Aunque el Ecuador atraviesa un momento macroeconómico positivo, con cuentas fiscales en orden y una de las inflaciones más bajas de América Latina (3,74% a dic-22), existen al menos tres desafíos que deberá enfrentar este año para mejorar su situación e impulsar indicadores pendientes como el empleo. Y estos son:

• Financiamiento y ejecución presupuestaria
• Nivel de liquidez interna
• Falta de inversión

Pero la principal dificultad que tiene el país para sortear estos asuntos es el tema político, pues la relación entre el Ejecutivo y el parlamento no mejora, y aquello impide concretar reformas legales que son necesarias para apuntalar los temas económicos.

Asimismo, el Ecuador está a las puertas de un proceso electoral que ocurrirá el 3 de febrero y que será determinante para el futuro del Gobierno. Los resultados de las elecciones seccionales (alcaldes y prefectos) y la consulta popular planteada por el presidente Lasso enviarán un potente mensaje a los mercados e inversionistas internacionales.

Así lo considera el analista económico Santiago Mosquera, quien en conversación con Bloomberg Línea explicó que “lo político es muy fuerte y la incertidumbre a medio período del presidente Lasso genera mucha preocupación en los inversionistas para decidir venir para acá o ampliar sus inversiones”.

Es por ello que cree que el país requiere de “reformas políticas mínimas que serían atractivas para los inversionistas”, además de “eliminar el fantasma” de una nueva movilización social como la de junio pasado, que daría un golpe fulminante a la economía.

En ese sentido, el también decano de la Escuela de Negocios de la UDLA profundiza en los retos para el Ecuador en este año y los detallamos a continuación.

Financiamiento y ejecución presupuestaria

Aunque el Ecuador ha progresado mucho en una estrategia de consolidación fiscal con buenos resultados (1,7% de déficit fiscal para 2022), la baja ejecución presupuestaria ha puesto a los niveles de liquidez “en una posición débil”.

Hasta el año pasado, la estrategia de consolidación fiscal era parte de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) dentro del programa de financiamiento que precisamente terminó a finales de 2022. De allí que se esperaría que en adelante el Gobierno gaste o ejecute un poco más el presupuesto, pero para ello lo principal es contar con las fuentes de financiamiento.

Para Mosquera, ese es el principal reto, pues según la Proforma Presupuestaria, las necesidades de financiamiento ascienden a US$ 7.577 millones y, aunque el Ministerio de Finanzas ha asegurado que están cubiertas, hay algunas fuentes que no son muy claras.

“Hay algunas categorías de ingreso que no sé si efectivamente se vayan a materializar, por ejemplo, hay un una monetización de activos de un poco más de US$ 1.000 millones”, comenta el analista al tiempo de insistir en que “el gran desafío” es tener claridad “de dónde van a venir esos recursos”.

Además de los multilaterales, estaría en consideración la salida a los mercados internacionales por “más o menos unos US$ 1.000 millones en algún punto del 2023″, aunque esa decisión sigue siendo riesgosa, ya que el riesgo país se mantiene elevado y las tasas de interés serían onerosas, bordeando el 12% o más.

De lo que hasta ahora se conoce, los recursos provendrán:

• Deuda externa: US$ 2.477 millones
• Deuda interna: US$ 3.744 millones

Liquidez interna

Mosquera destaca que, a diferencia de 2022, los niveles de liquidez interna para este año estarán “bastante más restringidos”, lo que dificultaría la intención del Gobierno de aumentar el financiamiento a través de deuda doméstica, como lo ha anunciado.

“No veo que domésticamente exista la liquidez para que voluntariamente inversionistas, incluyendo instituciones del sistema financiero privado, estén interesados en tomar nueva deuda doméstica”, apunta el economista.

En el presupuesto consta que US$ 3.744 millones del financiamiento total provendrán de deuda doméstica, pero aún no existe claridad sobre las entidades que comprarán esa deuda, pues la única institución estatal que podría hacerlo es la Seguridad Social.

Inversión

El Ecuador tiene grandes necesidades de inversión privada local e internacional para generar empleo. Y aunque el Ejecutivo ha lanzado una serie de iniciativas para atraer capitales, casi ninguna ha cuajado hasta el momento.

Por ello, Mosquera sostiene que quizás el elemento más importante hacia adelante “es que efectivamente el Gobierno garantice ciertas condiciones que permitan que la inversión, tanto doméstica como extranjera, empiecen a aterrizar en el país”.

Con esto se lograría que el sector privado “sea nuevamente el motor de crecimiento en la economía del Ecuador y no el sector público”, considerando específicamente que este último carece de los recursos necesarios para empujar el empleo.

Precisamente, este último indicador también inquieta dentro de la economía nacional, pues apenas un tercio de la población cuenta con empleo pleno o adecuado. A lo que suma que los niveles de subempleo e informalidad han crecido. La reducción en los índices puede atribuirse también a que las empresas han automatizado ciertos procesos, se han movido hacia canales digitales o han realizado mejoras en sus procesos productivos.

Por ello, “la única forma de solucionar aquello es la creación de más empresas y eso está conectado no solo a iniciativas ecuatorianas sino también a flujos de inversión extranjera directa que lamentablemente no están llegando”.

Es decir, todo está conectado “y si nosotros no hacemos lo suficiente para atraer esas inversiones, el inversionista se va a otro lugar”.

La política, la piedra en el zapato

Como se indicó al inicio de la nota, que el Ecuador mejore sus proyecciones económicas, que van más allá del crecimiento del PIB, dependerá altamente del tema político, por lo que se esperaría que los principales actores –como la Asamblea y el Ejecutivo- alcancen acuerdos mínimos que permitan un mejor flujo de inversión, así como mejores condiciones para lograr financiamiento externo beneficioso.

“Lo político es lo que nos tiene trabados, pero la situación económica del país es bastante buena, tenemos crecimiento entre 2% y 3%, tenemos los mejores niveles de inflación de América Latina y superávit en las cuentas… lo macroeconómico no es el problema”, reflexiona Mosquera.

Lo que urge es que el país transmita certidumbre y asegure a los inversores que las reglas de juego no cambiarán, pero al menos hasta que las elecciones de febrero pasen ese mensaje tendrá que esperar.