Bloomberg — Decenas de miles de personas se congregaron en el centro de Madrid para protestar contra los planes del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de amnistiar a cientos de separatistas catalanes implicados en un intento fallido de independencia.
La manifestación, convocada por la oposición conservadora del Partido Popular, pretendía aumentar la ya intensa presión sobre Sánchez. El presidente se dispone a presentarse a una nueva legislatura en una votación parlamentaria este mes, tras lograr un acuerdo con un partido separatista catalán que le otorga la mayoría a cambio de la amnistía.
Es el último capítulo del drama político español derivado de las elecciones de julio, en las que el Partido Popular obtuvo el mayor número de escaños en el Parlamento, pero no los suficientes para formar gobierno. Sánchez, mientras tanto, debe contar con el apoyo de los catalanes, y ha estallado la ira por su acuerdo con uno de los partidos detrás de la declaración unilateral de independencia de la región en 2017.
Sánchez enfureció a la oposición y se ganó el reproche de la justicia el 9 de noviembre cuando su partido socialista anunció un acuerdo con Junts per Catalunya para presentar una ley de amnistía que beneficiará a cientos de activistas independentistas que se enfrentan a cargos por su implicación en el intento de ruptura. El Partido Popular estaba entonces en el poder, y el gobierno intervino imponiendo el gobierno directo sobre la región.
“Estoy aquí para defender que todos somos iguales ante la ley”, dijo Javier Berlinches, un madrileño de 27 años. “Si no, habrá españoles de primera y de segunda”.
La protesta se produce después de una semana de manifestaciones nocturnas más pequeñas celebradas ante la sede del Partido Socialista de Sánchez, muchas de las cuales acabaron en enfrentamientos con la policía. En los últimos días, el Partido Popular ha hecho repetidos llamamientos para que la manifestación del domingo sea pacífica. Los periódicos españoles cifran en 80.000 el número de asistentes, citando a las autoridades.
Entre los posibles beneficiarios de la ley figuran funcionarios de rango medio y alto del gobierno catalán de la época, directores de colegios, alcaldes de pueblos pequeños y otros. Pero el principal beneficiario será el expresidente catalán Carles Puigdemont, autoexiliado en Bélgica desde que lideró la fallida secesión.
Puigdemont participó personalmente en las negociaciones con los socialistas. Se espera que la ley se presente la semana que viene, mientras que el voto de confianza de Sánchez debe celebrarse antes del 27 de noviembre para evitar otras elecciones. Sánchez necesita 176 votos en el Parlamento de 350 miembros. Actualmente tiene 179 de ocho partidos, incluidos siete de Junts.
“Esto va mucho más allá de quién votó a quién”, dijo el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, en un discurso en la manifestación de Madrid. “Esto supera a los partidos políticos”.
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