Buenos Aires — El gobierno de Javier Milei propuso a las provincias alcanzar un acuerdo “a la Maastricht” para evitar que tomen deuda para compensar desequilibrios fiscales.
En medio de la disputa que el oficialismo mantiene con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el Consejo de Mayo presentó una iniciativa que apunta a impedir que las jurisdicciones que tengan déficit primario o cuyo riesgo provincial supere los de la Nación o sea superior a un spread de 500 puntos relativo a los bonos del Tesoro americano puedan endeudarse. La propuesta está inspirada en el tratado fundacional que estableció la Unión Europea (UE) y sentó las bases para el euro.
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Mientras el oficialismo busca acelerar el debate de las reformas y aprobar la ley de Presupuesto 2026 con la conformación del nuevo Congreso, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó este martes las principales propuestas del Consejo de Mayo, órgano que integran representantes del Gobierno, de la oposición, de los sindicatos y el sector privado. Entre ellas, figura la propuesta de alcanzar un acuerdo “a la Maastricht” para evitar que las provincias puedan incurrir en medidas que atenten contra el objetivo de mantener un superávit fiscal ordenado y sostenido en el tiempo.
En la presentación, el documento del Consejo de Mayo apuntó contra el persistente déficit fiscal de la Argentina y el incremento del gasto de provincias y municipios en 2025. En los últimos 63 años, precisó el trabajo citando un gráfico de la consultora Invec, la Administración Nacional registró superávit fiscal primario apenas en 16 años y equilibrio en solo uno. Si se incluyen los intereses, el resultado financiero fue positivo en apenas nueve de esos 63 años, agregó.
“En síntesis, la Argentina ha padecido crónicamente déficits fiscales persistentes, cuyo costo ha sido enorme. Las crisis inflacionarias y de endeudamiento han sido, una y otra vez, las protagonistas de las crisis económicas del país, cuya principal causa ha sido siempre el desequilibrio fiscal”, remarcó el informe.
Para solucionar este problema persistente en la historia reciente del país, el Consejo de Mayo propone promulgar una Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. Entre los puntos salientes de esa propuesta, se encuentran limitar la promulgación de legislación que atente contra el objetivo fiscal y establecer reglas fiscales estrictas, como por ejemplo que el Presupuesto General de la Nación deberá proyectar equilibrio o superávit, prohibiéndose expresamente los déficits financieros, o la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda solicitar adelantos transitorios al Banco Central para financiar el gasto primario. Insulso, el texto menciona la posibilidad de penar con prisión a quienes incumplan con esta norma.
“Para asegurar la coercibilidad efectiva del nuevo régimen fiscal, se proponen modificaciones al Código Penal que tipifican conductas específicas vinculadas al uso indebido de los recursos públicos y a la violación de la disciplina presupuestaria y monetaria”, dice el texto.
“Se sanciona con prisión que puede ir de uno a diez años e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena al funcionario que dicte, apruebe, autorice o ejecute normas o actos que modifiquen o incrementen gastos del Presupuesto sin contar con recursos debidamente acreditados, y a quien ordene, ejecute o autorice la emisión monetaria en violación de la Carta Orgánica del Banco Central, la impulse irregularmente o reciba y ponga en circulación esa moneda conociendo su origen espurio”, agrega.
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Acuerdo “a la Maastricht”
Para garantizar que las provincias acompañen este esfuerzo, el Consejo de Mayo propone a los gobernadores firmar un acuerdo “a la Maastricht”. Mediante aquel tratado, recordó el informe del Consejo de Mayo, los países europeos establecieron ‘criterios de convergencia’ para asegurar la estabilidad económica y de precios dentro de la Unión Europea.
Para ello, el tratado fijó que los países no pueden tener niveles de deuda pública que superen el 60% de su PBI, mientras que el déficit presupuestario anual no debe ser mayor al 3% del PBI. En esa misma línea, el Consejo propone que en Argentina las autorizaciones de endeudamiento provinciales no puedan otorgarse a provincias que tengan déficit primario o cuyo riesgo provincial supere los de la Nación o sea superior a un spread de 500 puntos relativo a los bonos del Tesoro americano.
La propuesta llega menos de una semana después de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lograra que el Senado bonaerense aprobara la ley de financiamiento por US$3.685 millones. Esa decisión volvió a elevar la tensión entre uno de los principales líderes de la oposición peronista y el gobierno de Milei.
El viernes pasado, en diálogo con A24, el ministro de Economía, Luis Caputo, había apuntado contra esa decisión y había dejado entrever que el Gobierno nacional podría no autorizarla al recordar que las jurisdicciones necesitan autorización nacional cuando optan por este tipo de financiamiento. “Hay una ley de responsabilidad fiscal que viene desde el 2004, donde las provincias se comprometen a no tomar deuda siempre y cuando los gastos corrientes superen la inflación. Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla”, indicó.
Tras aquellos dichos, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, salió al cruce al asegurar que “Caputo dijo algo que no es real: que lo que no cumplía PBA es el gasto corriente por encima de la inflación, cosa que no es cierta”.
“Si el Gobierno nacional no autoriza a la Provincia el endeudamiento porque no le gusta lo que piensa el gobernador eso es otra historia y habrá que denunciar”, agregó en una entrevista concedida a Urbana Play.
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