Bloomberg Línea — Reducir el límite de crecimiento del gasto previsto en el marco fiscal de Brasil, que actualmente es del 2,5% anual, a un nivel más bajo, como el 1,5%, sería una señal importante de ajuste en las cuentas públicas, pero no resolvería el desequilibrio fiscal del país.
Esta es la opinión de Jeferson Bittencourt, jefe de macroeconomía de la ASA y exsecretario del Tesoro Nacional, en una entrevista para el podcast Radar Eleitoral, de Bloomberg Línea.
Según Bittencourt, el límite del marco fiscal es una cifra que el Congreso brasileño puede modificar fácilmente mediante una ley ordinaria. El problema, según él, está en otra parte: en el crecimiento de los gastos obligatorios, que está definido por normas constitucionales y que, en la actualidad, crece a un ritmo más acelerado.
“La gran dificultad radica en el crecimiento de los gastos obligatorios. Para cambiar la regla de acceso a la Seguridad Social, para cambiar la indexación de los mínimos en salud y educación, eso solo se puede hacer a través de la Constitución”, afirmó.
“¿Basta simplemente con reducir el límite del marco fiscal, del 2,5% al 1,5% o al 2%? Creo que es una señal importante, pero el problema sigue ahí”.
Abordar el desequilibrio de las cuentas públicas será uno de los mayores retos del próximo gobierno tras las elecciones y es el tema principal en el radar de los inversionistas y analistas del mercado.
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La regla del marco fiscal establece un tope del 2,5% para el crecimiento real del gasto, pero la mayor parte de los gastos del gobierno ha crecido por encima de ese ritmo, incluyendo los gastos en pensiones, salarios de los funcionarios y prestaciones sociales.
Una posible medida de ajuste que ha defendido el ministro de Hacienda, Dario Durigan, sería reducir el límite de crecimiento del gasto previsto en el marco fiscal, lo que obligaría al gobierno a recortar gastos en determinadas áreas.
En opinión de Bittencourt, el problema fiscal brasileño tiene raíces más estructurales que se han formado a lo largo de las últimas cuatro décadas y que habría que abordar. El país ha ampliado con el tiempo la lista de derechos y prestaciones garantizados por la Constitución, sin una contrapartida. Al mismo tiempo, el envejecimiento de la población conlleva un gasto obligatorio cada vez mayor.
El caso de la Seguridad Social es el más evidente. Según los cálculos de Bittencourt, el gasto en Seguridad Social debería crecer un 7,7% en el presupuesto del próximo año — alrededor del 3,5% en términos reales.
Dado que la Seguridad Social representa casi la mitad del 19% del PIB destinado al gasto primario, “la mitad del gasto crece más allá del límite”, resumió Bittencourt — y eso sin contar otros gastos obligatorios, como los mínimos constitucionales en salud y educación, que también superan el techo del marco presupuestario.
Otra cuestión es la regla de ajuste del salario mínimo, que prevé la compensación por la inflación, más el crecimiento del PIB. Dado que una parte considerable de los beneficios de la Seguridad Social está vinculada al salario mínimo, este reajuste tiene un peso significativo en el aumento de los gastos y debería revisarse.
“La idea de incluir el PIB en esta ecuación del salario mínimo sería brindar algún beneficio a los trabajadores en función del aumento de la productividad”, dijo Bittencourt. “Pero el aumento de la productividad es para quienes producen: es el crecimiento total de la economía que se traslada al salario mínimo”.
Cambio de diagnóstico
Al ser preguntado sobre las medidas más importantes para el próximo gobierno, Bittencourt señaló que el primer paso sería cambiar el diagnóstico predominante sobre el desequilibrio fiscal brasileño — que hoy se centra en la idea del deterioro de la base tributaria, y no en el crecimiento del gasto.
“Si contáramos con un diagnóstico más alineado con esta visión de que nos enfocaremos más firmemente en la cuestión del gasto, eso generaría un mejor ambiente en el mercado”, afirmó, argumentando que la percepción de una menor presión inflacionaria ayudaría a hacer viable una baja en las tasas de interés.
A partir de ahí, enumera una serie de frentes: volver a debatir la regla de ajuste del salario mínimo; revisar las normas de acceso a los beneficios de seguridad social y a otros programas sociales, para enfocar los recursos en quienes realmente los necesitan; y llevar a cabo una reforma administrativa que corrija los incentivos en el servicio público, que hoy en día, según él, se caracteriza por carreras en las que asumir puestos de liderazgo ofrece pocas ventajas económicas frente al riesgo que se asume.
Como ejemplo de la falta de enfoque de los programas sociales, menciona el programa Farmácia Popular, que no distingue por nivel de ingresos: “Una persona que pertenece al 1% más rico puede llegar a la farmacia y, con una receta médica, obtener un medicamento. ¿Tiene sentido que una persona que se encuentra en los estratos más altos de la sociedad reciba medicamentos gratis del gobierno?”.
Desde el punto de vista de las cifras, la ASA proyecta que la deuda bruta del gobierno general cierre este año en el 82,7% del PIB y alcance casi el 86% el próximo año — “independientemente de quién asuma” la presidencia, según Bittencourt.
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Él recuerda que Brasil debería terminar 2026 con un déficit primario de entre el 0,4% y el 0,5% del PIB, y que es difícil imaginar un cambio hacia un superávit ya en 2027 capaz de modificar esa trayectoria a corto plazo.
Bittencourt afirma que el mercado solo conocerá, de hecho, la agenda fiscal de los candidatos después de las elecciones. Atribuye esto a un ambiente político “extremadamente polarizado” — un fenómeno que, según él, no es exclusivo de Brasil, pero que aquí dificulta especialmente el debate sobre el ajuste porque ningún candidato quiere revelar de quién se beneficiará.
“Al Congreso le cuesta votar cuando empezamos a identificar quiénes saldrán perdiendo en comparación con la situación actual”, dijo.
Según él, las propuestas genéricas de límites al gasto se aprueban con relativa facilidad, pero las medidas que exigen señalar a perdedores específicos — ya sea del lado del gasto o del lado de los ingresos, con un aumento de impuestos sobre sectores determinados — encuentran resistencia.
‘Brasil solo cambia el techo cuando empieza a llover mucho’
Cuando se le preguntó si el próximo gobierno, independientemente de quién gane las elecciones, se verá obligado a abordar este desequilibrio de una forma u otra, Bittencourt recurrió a una metáfora para resumir el comportamiento fiscal del país.
“A Brasil le cuesta muchísimo cambiar el techo cuando hace sol. Brasil solo cambia el techo cuando empieza a llover mucho”, dijo.
Es decir, el ajuste tiende a producirse solo cuando el contexto — el mercado, el costo de financiamiento, las señales de tensión en la economia — obliga a los gobernantes a actuar, y no por una decisión anticipada.
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Sin embargo, Bittencourt fue enfático al señalar que ya se está pagando el costo de posponer ese ajuste.
Mencionó el programa Desenrola 2.0, creado para familias sobreendeudadas, y “un número muy significativo de empresas en proceso de reorganización judicial y extrajudicial” como síntomas directos del desequilibrio fiscal.
El déficit fiscal y el aumento de la deuda, destaca, se traducen en una tasa de interés elevada, que limita la capacidad de pago de las familias, las empresas y del propio gobierno.
La sucesión de reestructuraciones judiciales y extrajudiciales, en opinión del economista, puede ser precisamente uno de los factores que empuje a Brasil a ver la “lluvia” y actuar: “puede ser un factor que ponga de manifiesto, de manera aún más explícita, la necesidad que tenemos de que la política fiscal permita una baja en las tasas de interés”.
De lo contrario, el riesgo es que el país se encamine hacia problemas que van “desde la recesión y el desempleo hasta un problema sistémico, debido a la incapacidad de pago de agentes importantes”.
