Santiago — El proyecto de royalty minero podría estar cerca de la recta final de su tramitación legislativa. Luego de dos años estancado en el Senado, la propuesta del Gobierno de Chile para aumentar impuestos a productores de cobre avanzó a la Cámara de Diputados, donde deberá superar varias instancias antes de ser ley.
Consultada la semana pasada por Bloomberg Línea sobre el nuevo paso, la ministra de Minería, Marcela Hernando, dijo sentirse “optimista” y que desde el Ejecutivo esperan lograr un amplio acuerdo en la Cámara de Diputados.
El royalty minero es clave en la agenda gubernamental del presidente Gabriel Boric. Pese a ser presentado junto a la reforma tributaria el año pasado, el proyecto se ha discutido por separado. Ahora, el Ejecutivo espera que su desenlace sea distinto al de la tributaria, que incluía un impuesto al patrimonio, y fue rechazado por el Congreso.
Tras el duro revés legislativo, el Gobierno logró un acuerdo con senadores, al flexibilizar su propuesta y establecer un porcentaje diferenciado de 46,5% sobre la renta imponible operacional minera ajustada para aquellas mineras que produzcan más de 80 mil toneladas métricas de cobre fino (TMCF); y de 45,5% para las compañías que produzcan entre 50 mil y 80 mil TMCF.
Con ello, finalmente consiguió los respaldos necesarios en el Senado, donde obtuvo casi unanimidad en la aprobación del royalty minero, exceptuando a los legisladores del ultraconservador Partido Republicano.
Los cuestionamientos
Quienes cuestionan al royalty minero señalan que podría desalentar la inversión minera en Chile. Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), asegura que “el texto aprobado por el Senado, desgraciadamente, no consideró todas nuestras sugerencias, que estimamos plenamente fundadas”.
En el gremio son escépticos respecto a que haya “algún cambio positivo” para las empresas en el trámite en la Cámara de Diputados. “Es más, nos preocupa que haya la tentación de algunos parlamentarios de incrementar las tasas que formaron parte del acuerdo en el Senado”, dijo a este medio.
En todo caso, Riesco señala que mantienen su disposición al diálogo y esperan “poder entregar nuestros argumentos” a los legisladores, para que se “allanen a ajustes en el proyecto que permitan que la minería chilena no quede en desventaja de otros distritos mineros y pueda seguir desarrollándose a futuro”.
¿La prueba final?
El Gobierno deberá conseguir los votos necesarios en la Cámara de Diputados para sacar adelante al royalty minero. De ahí que su foco estaría en convencer a los diputadores opositores, donde posiblemente aún se estén definiendo posturas.
A la cabeza de estas negociaciones se encuentra el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y exsenador socialista, Álvaro Elizalde. También podrían influir en las gestiones de otras autoridades gubernamentales. “Dialogaremos con todos los sectores en el trabajo legislativo, porque creemos que de esta manera tendremos una propuesta robusta”, dijo Hernando.
El parlamentario opositor Miguel Mellado, quien conforma la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, dice que se debe dar estabilidad al sector minero. “Lo peor que se puede hacer durante mucho tiempo, como lo hizo el Senado, este tema en debate, porque la inversión viene por la estabilidad de la regla de los juegos”, dijo en una conversación telefónica.
El legislador dice que evaluará el proyecto en los próximos días. “Los inversores mineros tienen que saber cuánto van a pagar y que no se hable del tema del royalty durante 50 años más”, indicó.
Dependiendo del consenso que obtenga en la Cámara Baja, el proyecto podría ser despachado a ley.
Lo que dice el Gobierno
Hernando subraya que el royalty tiene un “fuerte” componente en la descentralización. “En caso de aprobarse, se entregarán anualmente cerca de 450 millones de dólares a los gobiernos regionales y municipios de todo el país, con acento en 32 comunas mineras, además de recursos adicionales para más de 300 municipios con mayores niveles de pobreza”, explica.
Respecto a su posible implementación, la ministra recuerda que el Gobierno firmó un protocolo de acuerdo complementario, en el cual se compromete a crear un fondo puente de apoyo a las regiones mediante la Ley de Presupuestos de 2024, por un aporte del 50% del monto que tendrá el royalty cuando entre en vigor. Y, en caso de aprobarse con prontitud, acota que “de esta manera, ya a partir del próximo año las regiones y comunas se verán beneficiadas”.
