Bloomberg Línea — En medio del difícil momento que atraviesa el mercado de vivienda en Colombia —marcado por menores ventas, subsidios inciertos y altas tasas de interés—, las principales ciudades del país pidieron al Gobierno nacional ajustes al borrador de decreto que propone desindexar el precio de la vivienda del salario mínimo y expresarlo directamente en pesos.
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Vanessa Velasco, secretaria de Hábitat de Bogotá, explicó a Bloomberg Línea que el documento aún no es una norma definitiva y que las capitales buscan introducir precisiones para evitar efectos negativos en el mercado.
“Lo primero es que es un borrador de decreto. El que está en este momento no ha sido expedido, es un borrador que establece el propósito de desindexar la vivienda de salarios mínimos y convertirla en pesos”, afirmó Velasco, al referirse a la iniciativa liderada por el Ministerio de Vivienda.
La funcionaria señaló que recientemente se realizó una mesa de trabajo entre el Gobierno nacional y ciudades como Medellín, Cali, Cartagena y Bogotá para revisar los principales puntos del proyecto normativo.
En ese encuentro, las capitales insistieron en la necesidad de garantizar reglas claras para las familias que están en procesos de compra de vivienda.
“Las familias que están esperando, que están en la mitad de un proceso de adquisición o que ya están listas para escriturar sus viviendas, tienen que tener unas reglas de juego claras”, dijo Velasco.
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Entre las principales solicitudes está la creación de un régimen de transición que permita cerrar los negocios inmobiliarios iniciados bajo las reglas actuales. Según la secretaria, esto evitaría incertidumbre tanto para compradores como para constructores.
Además, las ciudades pidieron mantener algunos topes vigentes para la vivienda social. En particular, que la vivienda de interés prioritario (VIP) continúe con un límite de 90 salarios mínimos y que la vivienda de renovación urbana conserve el tope establecido por la ley.
Otro de los puntos clave es la posibilidad de introducir un factor diferencial para las ciudades capitales. Actualmente, el borrador fija un tope equivalente a 135 salarios mínimos para la vivienda de interés social (VIS), pero los gobiernos locales consideran que las condiciones urbanas hacen necesario ampliarlo.
“Las ciudades capitales tienen unas condiciones diferentes y las variables de construir vivienda social son mayores por varios factores, entre ellos el valor del suelo”, explicó Velasco.
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Por esa razón, las ciudades presentaron análisis técnicos que sugieren elevar ese límite hasta un rango equivalente a 150 salarios mínimos para las grandes aglomeraciones urbanas.
La preocupación no es menor. El sector constructor ha sido uno de los principales motores de la economía, especialmente en Bogotá, que en los últimos años ha liderado la recuperación del mercado inmobiliario.
De acuerdo con cifras del Departamento Nacional de Estadística, citadas por la secretaria, la capital registró en 2025 un récord de iniciaciones de vivienda social.
“Bogotá el año pasado tuvo el récord de iniciaciones en vivienda de interés social. Llegamos a cerca de 30.000 viviendas VIS y cerca de 50.000 viviendas en total”, señaló.
Este dinamismo está estrechamente ligado a la política local de subsidios. La ciudad cuenta con un plan de vivienda social financiado con recursos propios por cerca de un billón de pesos, que busca apoyar a 75.000 familias durante el cuatrienio.
Hasta ahora, más de 26.000 subsidios han sido asignados en los primeros dos años del programa. Según Velasco, el impacto va más allá del acceso a vivienda, pues también impulsa la economía.
“La vivienda no solamente es la vivienda, sino toda la cadena de valor que se activa alrededor del sector. Calculamos que ya se han generado cerca de 15.000 empleos directos con la ejecución del plan”, afirmó.
En ese contexto, las autoridades locales insisten en que el decreto debe definirse con rapidez. Hoy, cerca del 44% de las viviendas que se inician en Colombia se construyen en Bogotá, por lo que cualquier cambio regulatorio puede tener efectos amplios en el mercado nacional.
“Es una responsabilidad importante poder mantener este ritmo y para eso necesitamos claridades. Borradores como este decreto no pueden quedar en el limbo”, concluyó Velasco.
