Bloomberg Línea — Colombia llega a las elecciones presidenciales de 2026 con una deuda pública creciente, un déficit fiscal en aumento y un sistema tributario que varios sectores califican de insostenible. Las propuestas de los candidatos en este frente van desde recortar el tamaño del Estado hasta el capitalismo productivo.
“Los candidatos deben dar al sector financiero garantías de estabilidad, de que no habrá desequilibrios económicos y que habrá seguridad para desarrollar negocios en Colombia”, dijo a Bloomberg Línea Carlos Arias, doctor en Psicología Política y gerente de la firma Estrategia & Poder.
De La Espriella: el “tijeretazo” como solución
El abogado del movimiento Defensores de la Patria sitúa en el centro de su programa la reducción drástica del Estado. Su plan de gobierno contempla recortar el aparato estatal hasta en un 40%, eliminar entidades que considera prescindibles y aplicar meritocracia estricta en el servicio público, con ahorros proyectados de entre COP$25 y COP$30 billones.
Para el sector financiero y tributario, el mensaje es menos carga y más actividad privada.
Propone eliminar el impuesto del 4×1.000 y el impuesto al patrimonio, argumentando que existen vías alternativas de recaudo que no castigan la actividad productiva. La apuesta es sustituir volumen de impuestos por eficiencia en el gasto y mayor base tributaria derivada del crecimiento, explica su plan.
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En materia fiscal, el candidato propone alcanzar un superávit primario a corto plazo y fortalecer el Comité Autónomo de la Regla Fiscal.
Su programa contempla además zonas económicas especiales, atracción de inversión extranjera en sectores como hidrocarburos e inteligencia artificial, y un rescate técnico de Ecopetrol (ECOPETL) mediante la despolitización de su dirección.
Valencia: recuperar la confianza inversionista
La senadora del Centro Democrático articula su propuesta financiera en la restauración de la confianza como condición previa para cualquier objetivo económico. Su plan de gobierno fija una meta de crecimiento del 5% del PIB anual y proyecta una inversión equivalente al 25% del PIB, con al menos US$2.000 millones anuales en inversión Extranjera Directa nueva.
Para lograrlo, Valencia propone reducir las tarifas del impuesto de renta empresarial, eliminar el impuesto al patrimonio y simplificar el estatuto tributario, eliminando trámites que, según su diagnóstico, frenan la actividad productiva.
También plantea reducir el déficit fiscal en COP$50 billones sin afectar los bienes y servicios del Estado, y refinanciar la deuda pública mediante créditos de largo plazo con organismos multilaterales.
La senadora también introduce una figura llamada “Diplomacia Comercial de Resultados”, que transforma a los embajadores en agentes activos de promoción exportadora, con el objetivo de sumar US$10.000 millones de dólares adicionales en exportaciones durante el cuatrienio.
Para los sectores minero y financiero, prevé que el Banco de la República, respetando su autonomía, pueda comprar oro de pequeños mineros, un mecanismo orientado a formalizar ese sector y conectarlo con los canales legales del sistema financiero.
Cepeda: capitalismo productivo
El senador del Pacto Histórico propone perseguir con determinación la evasión fiscal, a la que califica de problema central del recaudo colombiano. Su plan de gobierno sostiene que los impuestos “no son castigo, sino aporte solidario”, y que el sistema debe usarse como herramienta de equidad.
Para las finanzas públicas, Cepeda defiende una ley de austeridad cuyo lema es que “quien debe apretarse el cinturón es el Gobierno y no el pueblo”. Propone no crear nuevas instituciones y depurar las clientelas en la administración para reducir el gasto ineficiente.
Su modelo económico, al que denomina “capitalismo productivo”, no busca confrontar al sector privado: explica que no atacará a las empresas y que vinculará al sector privado en función del bien común mediante un Estado que “acompaña, no impone”.
En materia energética, sector con impacto directo sobre las finanzas del Estado, Cepeda rechaza el fracking y apuesta por una transición hacia energías limpias. Este punto tiene implicaciones fiscales de fondo, dado que los ingresos petroleros representan una fracción relevante del presupuesto nacional.
