Bloomberg Línea — Este miércoles, 4 de noviembre, Jacobo Bucaram, hijo del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram fue detenido en la ciudad de Guayaquil, según indicó el ministro del Interior, John Reimberg.
A través de redes sociales, el ministro también añadió que Jacobo será enviado a Estados Unidos, donde actualmente es requerido por las autoridades. Además, señaló que el hombre fue detenido junto a otras dos personas durante un operativo de la Policía.
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“Jacobo Bucaram, quien tiene Notificación Roja de Interpol y es requerido por la justicia de Estados Unidos y otras dos personas vinculadas a este caso, fueron detenidos por la Policía Nacional en Guayaquil. Serán enviados a ese país conforme al proceso correspondiente. El mensaje es claro: no hay privilegios, no hay intocables y no hay espacio para la impunidad”, dijo.
Esta detención se produce semanas después de que Jacobo y su padre fueran condenados a nueve años y cuatro meses de cárcel por un tribunal penal por delincuencia organizada, en un caso relacionado con la comercialización ilegal de 21.000 pruebas para detectar Covid-19 durante la pandemia.
Bucaram padre, de 76 años, debería cumplir arresto domiciliario debido a su edad, aunque comunicó que apelará la decisión, por lo que habrá que esperar lo que ocurra en segunda instancia.
Cuándo estalló el caso Pruebas Covid-19
El caso Pruebas Covid-19 - Agentes AMT, como lo denomina formalmente la Fiscalía, estalló en agosto de 2020, con seis allanamientos simultáneos en las provincias de Guayas y Pichincha.
En ese entonces, los insumos médicos, que estaban siendo vendidos con sobreprecios a hospitales públicos, fueron encontrados en la vivienda del expresidente Bucaram.
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Muestra de los sobreprecios es que fundas para cadáveres, cuyo valor en el mercado era de US$15, estaban siendo vendidas en US$150.
Según Fiscalía, la presunta delincuencia organizada en este caso se habría estructurado porque existirían “una serie de delitos que se están investigando como enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público, evasión tributaria, incluso, presuntamente, delitos contra la vida”.
El ente investigador expuso en su acusación que la estructura delictiva se conformó entre marzo y agosto de 2020. Y sustentó que “obtuvo beneficios económicos movilizando incluso bienes y servidores públicos la ATM, cuyos agentes se habrían encargado de brindar seguridad a los ciudadanos extranjeros (los israelíes), para el traslado de las pruebas de diagnóstico de Covid-19 hasta Guayaquil”.
