:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/37VDMYZU7ZGT7GXMRWTRVAREGA.jpg "Guillermo Lasso, presidente de Ecuador")
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tomó la decisión a pedido del parlamentario Esteban Torres (del partido Partido Social Cristiano), de no enviar el pedido de juicio político contra Guillermo Lasso a la Corte Constitucional hasta que los impulsores del litigio “completen los requisitos”.
Según indicó el diario Primicias, los proponentes del juicio (Viviana Veloz, Mireya Pazmiño, Pedro Zapata y Rodrigo Fajardo) deberán completar en los próximos tres días los requisitos antes de enviar el documento a la Corte Constitucional.
Según el CAL, la solicitud de juicio político tiene que estar “debidamente fundamentada” y contener la formulación por escrito de los cargos atribuidos a la Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente de la República.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/TMENQCO7HVBAXJ5KSMYU5KSPRA.jpeg "Tensión bilateral: Lasso y Fernández cruzan nuevos mensajes por el caso Duarte")
En definitiva, las bancadas que empujan la acción para destituir al Presidente de la República deberán corregir errores en el texto antes de enviarlo a la Corte Constitucional.
Según consignó el letrado constitucionalista André Benavides, el pedido de juicio político citaba una versión antigua del Código Integral Penal, entre otros errores.
“Lo que se ha dicho respecto a una mala citación de los artículos no influye en el fondo de la situación y la Corte podría subsanar esos errores. Sin embargo, lo mejor es que el documento vaya sin fallas”, indicó Esteban Torres, según mencionó Primicias.
Quiénes buscan destituir a Lasso
Para sostener el juicio político contra el presidente firmaron los diputados: Virgilio Saquicela (exmiembro de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional y presidente de la Asamblea), Marcela Holguín, Ronny Aleaga, Esteban Torres y Darwin Pereira, todos opositores y miembros los partidos Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y Pachakutik.
El Presidente es acusado por presuntamente haber protegido a personas cercanas a él y al oficialismo en un supuesto entramado de corrupción en empresas públicas.
