Bloomberg Línea — La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el miércoles una reforma al artículo 79 de la Constitución de la República para crear una circunscripción electoral en el exterior.
Ver más: De Bukele a Milei: los presidentes más y menos populares de Latinoamérica en abril 2026
La modificación cambiará la distribución de poder en el Legislativo y buscará aplicarse a partir de las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.
Hasta ahora, el sistema electoral salvadoreño obligaba a que los votos de la diáspora se contabilizaran dentro del departamento de San Salvador.
Con la reforma, propuesta por el presidente Nayib Bukele y aprobada con los 57 votos del partido oficialista Nuevas Ideas, —sin el respaldo de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) ni Vamos y sin debate en plenaria—, el exterior pasará a ser un territorio electoral con derecho a elegir a sus propios diputados.
En el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña, la diputada opositora Claudia Ortiz cuestionó la nueva iniciativa señalando que “no se ha consultado a la diáspora” sobre si este modelo les parece representativo, y señaló a la bancada oficialista de aprobar “llegue lo que llegue” del Ejecutivo.
La diáspora salvadoreña
La nueva redacción constitucional establece que el padrón en el exterior estará compuesto de los ciudadanos salvadoreños que tengan registrado su domicilio fuera del país en su Documento Único de Identidad (DUI).
Ver más: Bukele defiende la reelección indefinida en El Salvador
Según cifras oficiales, hay más de 3 millones de salvadoreños residiendo fuera del país, pero solo 950.000 tienen registrado legalmente su domicilio en el extranjero. Esta cifra representa cerca del 13% del padrón electoral total.
Sus remesas representan aproximadamente el 24% del Producto Interno Bruto (PIB) salvadoreño, la principal fuente de divisas por encima de las exportaciones.
La medida estipula que la creación de esta representación no ampliará el Legislativo. Desde la reforma de 2023 que redujo la Asamblea de 84 a 60 diputados, la distribución territorial se reparte así: San Salvador (16), La Libertad (7), Santa Ana, San Miguel y Sonsonate (5 cada uno), y los otros seis departamentos (2 cada uno). Los votos del exterior restarán peso proporcional a los 14 departamentos del territorio nacional.
Los comicios del próximo año son considerados atípicos producto de las reformas constitucionales aprobadas en julio de 2025, cuando se amplió los periodos presidenciales de cinco a seis años y permitió la reelección inmediata e indefinida, lo que desató críticas de organizaciones por eliminar contrapesos democráticos.
Al respecto, Patricio Pineda, fundador de La Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, dijo a InformaTV que si bien los salvadoreños en el exterior “deben estar contentos de que su participación será visibilizada en la democracia”, estas acciones se están haciendo sobre la marcha del calendario electoral en vigencia, lo que generará “un desorden”.
“Garantizar la representación en el exterior requiere una gran logística; necesita una medida con orden y sería bueno que entrara en vigencia para 2030 y no en 2027, porque hacerlo a la carrera hará caer a magistrados del TSE (Tribunal Supremo Electoral) en irregularidades, como ocurrió en 2024, y será peor”, advirtió.
Por lo pronto, una decena de partidos políticos ya convocaron a elecciones internas. El oficiliasta Nuevas Ideas, citó a sus afiliados a las urnas para el 12 de julio próximo, cuando se concretaría la probable candidatura de Bukele, quien correría por un tercer mandato.
Magistrados del TSE
Paralelamente a la reforma de la diáspora, la Asamblea aprobó modificar el artículo 208 de la Constitución para cambiar la conformación del TSE a partir de 2027.
La reforma elimina la potestad que tienen los tres partidos políticos con más votos para proponer ternas de candidatos para tres de las cinco magistraturas del organismo.
Con el nuevo mecanismo, los partidos pierden este poder de filtrado y será la Asamblea Legislativa la que elegirá a los tres magistrados a través de un proceso público abierto a cualquier ciudadano que cumpla los requisitos.
De ratificarse, este cambio regirá para el periodo 2027-2033, tras la reducción del mandato del actual TSE hasta julio de 2027 por el cambio en el calendario electoral.













