Ciudad de México — La banca en México dijo cuidarse con o sin pruebas contra el Gobernador de Sinaloa y otros funcionarios acusados por Estados Unidos de tener nexos con el tráfico de drogas a un año de que dos bancos y una casa de bolsa mexicanos fueron señalados por presunto lavado de dinero asociado a este delito.
Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México, dijo que cada banco está obligado por las autoridades mexicanas a monitorear, seleccionar y bloquear cuentas cuando hay alguna sospecha de actividades ilegales, durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México.
“Haya o no haya pruebas, la banca las considera, las evalúa y cada banco toma las decisiones que le corresponde y que considera propias para mantener la integridad de su institución”, respondió el también presidente de Bank of America en México a Bloomberg Línea.
Romano mencionó que los bancos no solo toman decisiones para preservar y cuidar el riesgo económico-financiero, sino también reputacional.
El comentario se produce en medio de la presión sobre el Gobierno mexicano y el partido gobernante por la solicitud estadounidense de detención al gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de la entidad acusados de vínculos con el crimen organizado.
El 29 de abril de 2026, la Fiscalía Federal de Nueva York acusó al Gobernador y nueve funcionarios más de importar drogas a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
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La política estadounidense contra el crimen organizado en México causó una fuerte sacudida al sector bancario en junio de 2025 cuando el Departamento del Tesoro emitió órdenes contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa para aislarlos del sistema financiero estadounidense al identificarlos como preocupación principal en materia de lavado de dinero vinculado al narcotráfico.
El caso de Rocha Moya cobra relevancia por tratarse de un político del partido gobernante Morena, respaldado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), líder moral de la actual administración que encabeza Claudia Sheinbaum, quien también apoyó al gobernador antes de la acusación formal de Estados Unidos.
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La respuesta de las autoridades mexicanas ha generado más dudas en medio de la exigencia de pruebas por parte de Sheinbaum. Por un lado, el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que el Gobierno federal no tenía indicios o sospechas de que Rocha Moya estuviera vinculado con el crimen organizado, pero después la Unidad de Inteligencia de Financiera de la Secretaría de Hacienda bloqueó cuentas del Gobernador con licencia y de los otros funcionarios tras la orden de aprehensión.
Sin embargo, la presidenta y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detallaron posteriormente que el bloqueo se realizó de forma preventiva ante los alertamientos emitidos por los bancos.
“Los bancos de aquí como tienen relación con los bancos de allá (EE.UU.), toman una serie de medidas y de manera automática, de manera preventiva, lo hace la UIF”, dijo la mandataria en su conferencia matutina el 18 de mayo.
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