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Ciudad de Panamá — Luego de que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia admitiera una demanda en contra del Banco Nacional de Panamá y del Estado panameño interpuesta por el comerciante Abdul Waked, en la que pide una indemnización de US $1,268.7 millones, la entidad bancaria sostuvo que en este caso solo actuó como fiduciario.
La demanda de Waked obedece a presuntos daños y perjuicios ligados al traspaso en 2017 de su otrora centro comercial Soho Mall, aunque en un comunicado el Banco Nacional sostiene que su actuación se dio conforme a las instrucciones recibidas por los fideicomitentes para el cumplimiento de obligaciones crediticias con 10 bancos acreedores, limitándose a ejecutar las instrucciones establecidas en el contrato suscrito voluntariamente por las partes.
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Afirma que realiza sus operaciones bancarias y fiduciarias con total apego a la Ley, a la buena fe, a los usos y costumbres de la plaza, y a las regulaciones aplicables.
El caso se remonta al 5 de mayo de 2016, cuando el Tesoro de Estados Unidos dio a conocer la inclusión de un grupo de empresas de Waked en la Lista Clinton, entre ellas el centro comercial Soho Mall.
Una publicación de junio de 2018 del diario La Estrella de Panamá, de propiedad del grupo Waked, explica que “con la intención de salvar la empresa y las plazas de empleo, Waked firmó un fideicomiso al banco estatal en el que cedía la administración del centro comercial a los bancos acreedores del proyecto. Pero, en junio de 2017, los grupos mexicanos Inmobiliaria Citelis y Caabsa compraron el centro comercial Soho Mall por unos $350 millones al consorcio de bancos que financiaron la construcción del proyecto”.
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‘Entregué la compañía a unos administradores y a la semana la estaban vendiendo. Ese no fue el trato; quedamos en que esperaríamos 18 meses para que sucedieran dos cosas: o salimos de la ‘Lista Clinton’ o vendemos, porque quiero pagar la liquidación de los empleados’, declaró Waked a La Estrella de Panamá el 19 de noviembre de 2016.
En julio de 2017, siempre de acuerdo al medio de comunicación, el empresario interpuso una primera demanda en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo por $165 millones, pero no fue admitida.
Ahora, el Banco Nacional de Panamá afirma que al ser una entidad del Estado creada por Ley, “su insolvencia o quiebra es jurídicamente inviable, por tanto, imposible. No obstante, un proceso como el que se debate puede tener un impacto significativo y causar un daño muy grave al Estado panameño y consecuentemente a la economía nacional”.
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Aclara que el proceso trata únicamente de la admisión de la demanda, y por ser esta la primera fase de todo el proceso no representa una condena en su contra.
