Ciudad de Panamá — La Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional aprobó ayer a toda carrera en primer debate el polémico proyecto de ley No. 986, que pretende regular el servicio de transporte a través de las plataformas digitales.
El proyecto de ley derogaría el Decreto Ejecutivo 331 que desde el 2017 reglamenta esta actividad en Panamá y obligaría a los conductores del servicio de plataformas a obtener una autorización de certificado de operación solicitada a través de una prestataria de taxis.
Además, contempla restricciones geográficas, elimina la libertad de precios y reduce a menos de la mitad la antigüedad de los vehículos, entre otras medidas.
La gestión acelerada de los diputados de la Comisión de Comunicación y Transporte ha provocado el rechazo de un sector de la población que confía en este tipo de movilidad pública, así como de las empresas que en el país brindan este servicio, como Didi, Cabify, Indriver y Uber.
Esta última manifestó en un comunicado que “las plataformas han estado operando en sana competencia y en beneficio de los usuarios, por lo que vemos con inquietud que una nueva regulación traiga de vuelta discusiones ya superadas y decididas por el más alto tribunal de Panamá”.
Alega que en su caso ha invertido en Panamá más de US $25 millones durante los últimos cinco años y que desde el 2014 más de 50,000 personas han generado ingresos adicionales como socios conductores con la app.
Desde el 2014, solo Uber señala que ha realizado más de 45 millones de viajes y que más de 1 millón de usuarios realizaron al menos un viaje utilizando su plataforma.
Para los diputados de la mencionada comisión legislativa, lo que se pretende es establecer una competencia de manera equitativa que favorezca tanto al transporte selectivo de taxis como a las plataformas digitales.
Sin embargo, Uber plantea que “las plataformas han estado operando en sana competencia y en beneficio de los usuarios, por lo que vemos con inquietud que una nueva regulación traiga de vuelta discusiones ya superadas y decididas por el más alto tribunal de Panamá. Derogar el Decreto existente pondría en riesgo el futuro y la sostenibilidad del modelo de plataformas, servicio que ha sido ampliamente acogido por los usuarios y socios conductores en el país”.
Pedro Rodríguez, usuario de las plataformas digitales, mencionó que este tipo de actividad le ofrece la facilidad de contar con un transporte en minutos, a diferencia de lo que tendría que esperar si solo dependiera de los taxis tradicionales.
Finalmente, Uber indica en su comunicado que “seguiremos defendiendo el derecho a elegir de los usuarios y la posibilidad de que miles de personas puedan generar ganancias adicionales a través de la aplicación, en un ambiente de sana competencia y en el que se garantice seguridad jurídica y bienestar para todas las partes”.
