Bloomberg — El gobierno de Estados Unidos busca obtener una participación importante en las reservas petroleras de Venezuela mediante una posible asociación entre el Departamento de Defensa y Alejandro Betancourt, un controvertido inversionista energético que se ha convertido en un intermediario clave entre ambos países.
Las negociaciones se centran en hasta 17 yacimientos petroleros que abarcan las principales cuencas de hidrocarburos de Venezuela, según personas familiarizadas con el asunto.
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También se está considerando a la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono (OSC) como el posible organismo encargado de supervisar la inversión, señalaron algunas de las fuentes. La OSC fue creada por la administración del presidente Joe Biden en 2022 como parte de un esfuerzo por desarrollar tecnologías críticas con ayuda de capital privado. La administración Trump ha recurrido a la OSC para abordar brechas en las cadenas de suministro.
La Casa Blanca y el Pentágono declinaron hacer comentarios de inmediato. Un funcionario de prensa del Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios. North American Blue Energy Partners, el principal productor independiente de petróleo de Venezuela y controlado por Betancourt, tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La posibilidad de que el Pentágono tome el control directo de reservas energéticas en un país extranjero es el detalle más reciente extraordinario y poco convencional que surge sobre los esfuerzos de EE.UU. por reforzar su control sobre el sector petrolero de Venezuela. Uno de los posibles acuerdos que se están discutiendo contemplaría una concesión de 100 años para EE.UU.
Desde la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero y su reemplazo por Delcy Rodríguez, el presidente estadounidense Donald Trump ha promovido la reconstrucción de la deteriorada industria petrolera venezolana, que alguna vez fue la mayor de América Latina. Washington controla ahora de hecho las ventas de petróleo venezolano y ha flexibilizado las sanciones para permitir que compañías estadounidenses hagan negocios en el país.
No obstante, la producción petrolera de Venezuela solo ha aumentado marginalmente este año y la llegada de nuevas inversiones extranjeras ha sido un proceso lento. Mientras tanto, la guerra de EE.UU. con Irán y las interrupciones del suministro de Medio Oriente han impulsado al alza los precios mundiales de la energía, poniendo de relieve los posibles beneficios de una rápida recuperación de la producción venezolana.
Mientras grandes petroleras estadounidenses como ExxonMobil Holdings Corp. (XOM) y ConocoPhillips (COP) se han mantenido al margen a la espera de un entorno político y de inversión más favorable en Venezuela, Betancourt se ha movido rápidamente para consolidar sus intereses petroleros y convertirse en un intermediario tanto para el gobierno estadounidense como para productores independientes dispuestos a asumir riesgos y que buscan oportunidades.
Los yacimientos petroleros que están siendo discutidos entre el Pentágono y Betancourt incluyen el área de Junín, en la región de crudo pesado del Orinoco, y campos alrededor del lago de Maracaibo, cuna de la industria petrolera venezolana hace más de un siglo, según las fuentes y una lista de propiedades revisada por Bloomberg.
La entrada directa de la administración Trump en el sector petrolero venezolano a través del Departamento de Defensa probablemente planteará interrogantes jurídicos y políticos en ambos países.
A diferencia de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EE.UU., que el Congreso creó para invertir en países en desarrollo y proyectos de infraestructura en el extranjero, la OSC no tiene facultades explícitas para adquirir participaciones directas de capital en proyectos, lo que plantea interrogantes sobre el fundamento jurídico del plan de la administración.
La medida “transformaría la posición de EE.UU. en los mercados petroleros internacionales, su poder de influencia en Venezuela y su participación en el futuro del país”, afirmó en un mensaje de texto Evan Ellis, investigador sénior no residente del Center for Strategic and International Studies y exfuncionario del Departamento de Estado.
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“Pero la magnitud del acuerdo, la velocidad con la que avanza, el instrumento utilizado y los socios y el marco jurídico del lado venezolano naturalmente generan preocupación”, señaló.
Ya están surgiendo fuertes reacciones en Venezuela ante el posible acuerdo.
“Un gobierno interino ilegítimo con una ley de hidrocarburos ilegítima no tiene legitimidad para cerrar este acuerdo inconstitucional”, afirmó Ricardo Hausmann, profesor de la Universidad de Harvard y exministro de Planificación de Venezuela, en una publicación en X.
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