Bloomberg Línea — Un tribunal arbitral ordenó a Venezuela pagar más de US$1.500 millones a la aseguradora estadounidense Liberty Mutual, al concluir que el país violó la obligación de garantizar la libre transferencia de fondos prevista en el tratado bilateral de inversiones (BIT) suscrito con Estados Unidos.
La decisión citada por Global Arbitration Review representa una de las mayores condenas arbitrales recientes contra Venezuela y vuelve a poner el foco sobre las consecuencias internacionales de los controles cambiarios que rigieron durante más de una década.
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A diferencia de otros arbitrajes promovidos contra el Estado venezolano por nacionalizaciones de activos en sectores como el petróleo, la minería o la industria, el caso de Liberty Mutual gira en torno a una protección distinta, con base en el derecho de los inversionistas extranjeros a convertir y transferir al exterior los recursos generados por sus inversiones.
El origen del conflicto
Liberty Mutual llegó a Venezuela en 1995 con la adquisición de Seguros Caracas, una de las principales aseguradoras del país. Años después incorporó también Seguros PanAmerican, consolidándose entre los mayores grupos aseguradores privados del mercado venezolano.
Pero el negocio comenzó a verse afectado tras la instauración del régimen de control de cambios en 2003. Según la reclamación de la compañía, las restricciones para acceder a divisas le impidieron durante años convertir bolívares en dólares y repatriar dividendos, utilidades y otros recursos derivados de su inversión.
La controversia dio lugar inicialmente a un procedimiento ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), bajo su Mecanismo Complementario. Sin embargo, el litigio terminó encauzándose en un arbitraje bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o UNCITRAL), luego de que ese tribunal confirmara su jurisdicción y el procedimiento ante el CIADI fuera descontinuado.
En ese arbitraje, Liberty alegó que las restricciones cambiarias impuestas por Venezuela vulneraron la cláusula de libre transferencia de fondos prevista en el tratado bilateral de inversiones entre ambos países, que garantiza a los inversionistas extranjeros el derecho a transferir al exterior, sin demoras indebidas, los recursos vinculados con sus inversiones.
No fue una expropiación
El caso resulta singular porque Venezuela nunca expropió Seguros Caracas. Por el contrario, Liberty Mutual continuó siendo propietaria de la aseguradora durante años y finalmente concretó su venta en 2019 a un grupo de inversionistas chilenos liderado por el empresario Isidoro Quiroga.
La propia compañía explicó entonces que su salida del mercado venezolano respondía al complejo entorno económico y, especialmente, a las restricciones cambiarias que limitaban la administración de sus operaciones.
Esa decisión empresarial terminó convirtiéndose en el antecedente de una controversia internacional que ahora concluye con un laudo superior a los US$1.500 millones.
Un precedente sobre controles cambiarios
Aunque el texto íntegro del laudo aún no ha sido divulgado, el fallo refuerza una línea jurisprudencial que considera que los controles de cambio pueden generar responsabilidad internacional cuando impiden a un inversionista ejercer los derechos garantizados por un tratado de inversiones.
En este caso, el tribunal no habría considerado que el daño consistió en la pérdida de la empresa, sino en la imposibilidad de disponer libremente de los recursos generados por esa inversión durante un período prolongado.
La indemnización probablemente incorpora no solo los fondos que permanecieron bloqueados en Venezuela, sino también los efectos económicos derivados de la depreciación de la moneda y los intereses acumulados, aunque esos aspectos solo podrán confirmarse cuando el laudo sea público.
Otro frente para Venezuela
La decisión se suma a la extensa lista de arbitrajes internacionales perdidos por Venezuela como consecuencia de medidas adoptadas durante los años de controles económicos y nacionalizaciones.
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En los últimos años, acreedores como ConocoPhillips, Crystallex, Rusoro Mining y Koch Industries han obtenido laudos multimillonarios contra el Estado venezolano y posteriormente han buscado ejecutar esas decisiones sobre activos del país en distintas jurisdicciones.
El caso de Liberty Mutual añade un nuevo acreedor de gran tamaño y demuestra que la exposición internacional de Venezuela no se limita a las expropiaciones. También alcanza a las restricciones regulatorias que, según los tribunales arbitrales, terminaron vulnerando obligaciones asumidas por el país en tratados internacionales de protección de inversiones.
