Bloomberg Línea — Venezuela dio un nuevo paso hacia la flexibilización de las restricciones a la prensa, en momentos en que el gobierno de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición retoman un proceso de diálogo que incluye entre sus asuntos las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión. Sin embargo, varias horas después del anuncio oficial, decenas de portales informativos continuaban bloqueados en el país.
El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática recomendó el miércoles a Rodríguez adoptar medidas para favorecer la libertad de expresión, entre ellas eliminar las restricciones a los dominios de medios de comunicación. La recomendación fue formulada después de consultas con medios nacionales, públicos, privados y alternativos, así como con influenciadores, según un comunicado difundido por la instancia.
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El anuncio representa un cambio en el discurso oficial sobre las restricciones digitales, pero inicialmente no equivalía a una orden ejecutiva para levantar de inmediato todos los bloqueos. El Carabobeño señaló que las medidas habían sido planteadas como recomendaciones a la Presidencia y que, por sí mismas, no implicaban que las restricciones hubieran sido eliminadas.
Durante la madrugada y las primeras horas de este jueves, sin embargo, comenzaron a registrarse algunos cambios. VE Sin Filtro reportó el desbloqueo de al menos 10 sitios de noticias en distintos proveedores de internet, entre ellos Efecto Cocuyo, El Pitazo, Crónica Uno, El Estímulo, Runrunes, Monitoreamos y EFE Noticias.
Según su análisis preliminar, Cantv comenzó a levantar algunas restricciones poco después de la publicación del comunicado, seguida por otros proveedores como Movistar.
Más dominios restringidos
El proceso, no obstante, está lejos de ser completo. Hasta el 16 de septiembre se contabilizaban 202 dominios restringidos en Venezuela, de acuerdo con datos de VE Sin Filtro. De ese total, 62 correspondían a portales informativos.
El Colegio Nacional de Periodistas había confirmado una cifra similar a comienzos de septiembre y advertido que las condiciones que limitan el ejercicio del periodismo seguían vigentes.
La situación también puede medirse a través de los registros de Espacio Público. La organización documentó seis violaciones a la libertad de expresión en agosto, correspondientes a tres casos, y señaló que todas las víctimas identificadas fueron periodistas o reporteros.
Aunque se trató del registro mensual más bajo de 2026, Espacio Público advirtió que la cifra no significaba necesariamente una reducción de las restricciones, debido a que una parte importante de las limitaciones se había expresado mediante decisiones institucionales, opacidad y medidas que no siempre se traducen en casos individuales denunciables.
En lo que va de 2026, Espacio Público acumula 170 violaciones a la libertad de expresión. La intimidación representa 47,65% de los casos y la censura, 25,29%.
El anuncio del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática ocurre, además, en un momento particularmente sensible para la política venezolana. Este jueves se reanuda el segundo ciclo de conversaciones entre el Gobierno y la delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015, en un proceso facilitado por Estados Unidos.
La libertad de expresión llegó a la mesa de negociación después de que representantes de medios, periodistas y organizaciones vinculadas con la defensa de la libertad de prensa se reunieran el 3 de septiembre con integrantes de la delegación opositora. En ese encuentro plantearon incorporar las restricciones al periodismo y el bloqueo de medios digitales entre los asuntos centrales de la nueva ronda.
La segunda ronda contempla continuar las discusiones sobre la reforma del Tribunal Supremo de Justicia y ampliar la agenda hacia las garantías civiles y políticas, las inhabilitaciones de dirigentes opositores y la libertad de expresión. Entre las medidas planteadas está precisamente el levantamiento de los bloqueos a portales informativos.
El proceso de diálogo comenzó formalmente en agosto. Las delegaciones del Gobierno y de la oposición establecieron las bases el 1 de agosto y la mesa se instaló en Caracas el 6 de agosto. El primer ciclo concluyó el 12 de agosto con acuerdos sobre la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y la recuperación de activos venezolanos en el exterior para atender la emergencia provocada por los terremotos del 24 de junio.
El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, que ahora interviene en la discusión sobre libertad de expresión, fue creado por Rodríguez el 23 de enero. La instancia fue concebida oficialmente como un espacio para promover estabilidad, armonía social y diálogo político y quedó coordinada por el entonces ministro de Cultura, Ernesto Villegas, con Ana María San Juan como secretaria ejecutiva.
Entre sus integrantes iniciales estuvieron funcionarios del Gobierno, académicos, empresarios y representantes de distintos sectores sociales.
Desde su creación, el programa ha buscado ampliar sus interlocutores más allá del aparato estatal. En agosto afirmó haber sostenido conversaciones con más de 30 sectores en más de 100 espacios de diálogo, acumulando más de 500 horas de reuniones y más de 1.200 testimonios, según información difundida por la propia instancia.
Su papel en la apertura de la discusión sobre los medios también coincide con una presión creciente de organizaciones periodísticas. El 1 de septiembre, 38 medios, 63 organizaciones, asociaciones y gremios y 164 personas respaldaron un Manifiesto por la Libertad de Expresión que reclamó, entre otras medidas, el levantamiento de los bloqueos digitales y el cese de la persecución contra periodistas y trabajadores de medios.
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La distancia entre el anuncio y su aplicación efectiva será ahora uno de los primeros indicadores del alcance de la apertura. El desbloqueo parcial registrado durante las primeras horas del jueves muestra que algunas restricciones comenzaron a modificarse, pero la permanencia de decenas de portales fuera del alcance de los usuarios venezolanos mantiene abierta la interrogante sobre si la recomendación del programa se convertirá en una política general y verificable de restitución del acceso a la información.
La discusión ocurre, además, mientras el Gobierno y la oposición intentan avanzar en un proceso más amplio de normalización institucional. La libertad de expresión, en ese contexto, deja de ser únicamente una demanda del sector periodístico y pasa a formar parte de la agenda política de las conversaciones que buscan establecer nuevas garantías civiles y políticas en Venezuela.
