Bloomberg Línea — La administración Trump pidió el lunes a un tribunal federal de apelaciones restablecer los cargos penales contra Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño que fue deportado por error a El Salvador en marzo de 2025 y posteriormente regresó a Estados Unidos para enfrentar un proceso por presunto tráfico de migrantes.
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En un escrito presentado ante el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito, el Departamento de Justicia solicitó que se revoque la decisión de un juez federal de Tennessee que en mayo desestimó la acusación contra Ábrego García, al considerar que la fiscalía había actuado de manera vengativa, en represalia por las acciones legales emprendidas por el salvadoreño para cuestionar su deportación.
El gobierno rechazó esa conclusión y sostuvo que los cargos fueron presentados sobre la base de las pruebas disponibles y de la evaluación de fiscales de carrera, quienes, consideraban que existían elementos suficientes para demostrar más allá de una duda razonable que Ábrego García había cometido los delitos que se le imputaban.
El Departamento de Justicia también argumentó que la decisión del juez de Tennessee amplía de manera indebida la facultad de los tribunales para desestimar acusaciones penales a partir de valoraciones sobre las motivaciones de los fiscales.
Según el gobierno, el fallo representa una intromisión en las atribuciones del Poder Ejecutivo para hacer cumplir las leyes penales.
La defensa de Ábrego García rechazó esos argumentos y calificó de “equivocada” la posición del Departamento de Justicia. Sus abogados dijeron a CBS News que las pruebas presentadas ante el tribunal demostraron que la acusación fue producto de una actuación vengativa y cuestionaron que altos funcionarios del Departamento de Justicia, incluido el fiscal general Todd Blanche, no fueran llamados a declarar bajo juramento sobre su participación en la decisión de procesarlo.
La defensa afirma además que el caso penal fue impulsado por instrucciones de la Casa Blanca después de que Ábrego García obtuviera una decisión favorable de la Corte Suprema de Estados Unidos relacionada con su deportación.
Antecedentes
Los cargos penales tienen su origen en un episodio ocurrido el 30 de noviembre de 2022, cuando la Policía Estatal de Tennessee detuvo a Ábrego García en el condado de Putnam.
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Los agentes consideraron sospechoso que viajara con varias personas que dijeron dirigirse a Maryland pero que no llevaban equipaje.
También observaron que el vehículo estaba registrado a nombre de una persona condenada por tráfico de personas y que la ruta que Ábrego García dijo estar siguiendo no coincidía con el lugar donde fue detenido.
Los agentes lo dejaron continuar y comunicaron el caso a una línea de información del FBI. Posteriormente, una unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional en Baltimore abrió una investigación sobre un posible vínculo de Ábrego García con la pandilla MS-13.
Según el documento, esa investigación permaneció abierta durante varios años sin que se produjeran nuevas acciones antes de que se presentaran los cargos penales.
El caso de Ábrego García adquirió relevancia después de que fuera deportado en marzo de 2025 a El Salvador, pese a que existía desde 2019 una orden judicial que impedía enviarlo a ese país debido al temor de que sufriera persecución.
Tras su deportación fue enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como Cecot, una megacárcel salvadoreña de máxima seguridad.
La administración Trump reconoció posteriormente que su deportación había sido un error administrativo. Ábrego García fue llevado de regreso a EE.UU. tres meses después, en junio de 2025, en medio de una disputa judicial que llegó hasta la Corte Suprema.
De acuerdo con los antecedentes citados en los documentos judiciales, Ábrego García llegó a Estados Unidos desde El Salvador cuando tenía 16 años y luego se estableció en Maryland, donde vivía con su esposa y sus hijos, ciudadanos estadounidenses.
¿Qué sigue ahora?
El Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito deberá decidir ahora si revoca la decisión del juez federal de Tennessee que desestimó los cargos y permite que el proceso penal contra Ábrego García continúe. En paralelo, sigue enfrentándose a un proceso separado ante un tribunal federal de Maryland sobre su situación migratoria.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha dicho que busca deportarlo a Liberia, en África, pero la juez federal Paula Xinis lo ha impedido por ahora.
