Bloomberg — La administración Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que permitiera al Servicio Postal aplicar nuevas normas para el voto por correo antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, una medida que algunos estados han advertido que causaría estragos mientras se preparan para enviar las papeletas a los votantes en los próximos días.
El Departamento de Justicia presentó el jueves una solicitud de emergencia para que se levante la orden de un juez federal de Boston que impedía al Servicio Postal imponer cambios en la forma en que gestiona el correo electoral para las elecciones de mitad de mandato, en las que los republicanos defenderán su escasa mayoría en el Congreso. Esta medida vuelve a involucrar a los magistrados en la crucial contienda electoral, justo cuando comienza la votación anticipada.
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Las autoridades electorales de Carolina del Norte se están preparando para comenzar a enviar las primeras papeletas de voto por correo a los votantes este viernes. Se espera que más estados envíen las papeletas por correo en las próximas dos semanas. Los responsables demócratas que han presentado la demanda han señalado que es demasiado tarde para que muchas jurisdicciones cumplan con un nuevo proceso, ya que se esfuerzan por respetar los calendarios establecidos por los estados para el voto por correo antes de las elecciones del 3 de noviembre.
Poco después de que el Gobierno presentara su solicitud, el Tribunal Supremo anunció el 8 de septiembre como fecha límite para que los funcionarios estatales demócratas y los grupos de defensa de los votantes que interpusieron la demanda presentaran su respuesta. El Departamento de Justicia también solicitó a los magistrados una “suspensión administrativa” inmediata que levante el bloqueo, mientras deciden si permiten que el Servicio Postal aplique las nuevas normas mientras continúa el litigio.
El Tribunal Supremo se puso del lado de la Administración durante una fase anterior de la batalla legal en agosto, levantando una medida cautelar anterior que impedía al Servicio Postal y a otras agencias federales aplicar la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de marzo, en la que se exigía un mayor control y supervisión federal del voto por correo.
La mayoría conservadora del Tribunal Supremo sostuvo en aquel momento que la demanda presentada por funcionarios estatales demócratas era prematura, ya que las agencias aún no habían tomado medidas concretas. Los magistrados dejaron claro entonces que no se pronunciaban sobre el fondo de la cuestión de si las futuras acciones de las agencias para aplicar las directivas de Trump serían legales.
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Las disputas judiciales se reanudaron después de que el Servicio Postal anunciara a finales de agosto que había ultimado una nueva norma que obligaría a los estados a cumplir con los diseños revisados de los sobres electorales y a enviar la información de los votantes a un “portal” centralizado si deseaban que la agencia distribuyera su correo electoral.
El 27 de agosto, la jueza federal de distrito Indira Talwani, de Boston, dictó una orden de restricción de 14 días que prohibía al Servicio Postal hacer obligatorios los cambios, mientras evaluaba si prorrogar esa suspensión hasta noviembre. Aún no se había pronunciado sobre esa medida cautelar a más largo plazo cuando el Departamento de Justicia recurrió al Tribunal Supremo, donde los abogados del Gobierno alegaron que necesitaban certeza inmediata.
Talwani escuchó los argumentos sobre si prorrogar su anterior orden de suspensión el jueves por la mañana. Un abogado del Departamento de Justicia le indicó en ese momento que estaban dispuestos a recurrir al Tribunal Supremo si ella no actuaba pronto. Talwani afirmó que se pronunciaría “tan pronto como sea posible”.
Talwani sostuvo anteriormente que es probable que los funcionarios estatales demócratas y las organizaciones defensoras del derecho al voto que presentaron la demanda ganen sus reclamos de que el Servicio Postal está ejerciendo inconstitucionalmente un poder federal sobre elecciones que corresponden a los estados.
El caso es US Postal Service v. California, 26A297, Corte Suprema de los Estados Unidos.
--Con la colaboración de Brian Dowling y Steve Stroth.
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