Nueve recomendaciones ante ‘privatización a la rusa’ en Venezuela

Caracas — En Venezuela se estaría implementando una privatización “a la rusa”, o al menos es lo que asegura el exconsultor venezolano del Banco Mundial en programas de privatización, Gerver Torres, en la presentación de la más reciente investigación del Observatorio de Derechos de Propiedad (ODP), titulada El caso de la privatización en Rusia: lecciones para Venezuela.

“La privatización a la rusa que está teniendo lugar en Venezuela viene a complicar aún más la situación legal de los activos que el régimen chavista estatizó en los últimos 20 años”, asegura Torres al inicio del documento de 38 páginas, de la autoría del abogado venezolano Luis Alfonso Herrera, y que presentó el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) este 26 de agosto.

Con “privatización a la rusa”, Torres asegura que se caracteriza a ”procesos nada transparentes en los cuales activos públicos, muchas veces de gran valor, eran entregados de manera irregular a individuos o grupos cercanos al gobierno”.

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Y, a juicio de este especialista, es una expresión que se hace “particularmente relevante” hoy en Venezuela porque estaría en marcha un proceso “no anunciado” de privatización, en medio de una de las crisis y contracciones económicas “más pronunciadas de los tiempos modernos”, de empresas que en su mayoría presentan un “altísimo grado de deterioro”, y cuya transferencia estaría ocurriendo en un contexto de “represión económica y política, con profundas distorsiones macroeconómicas y constantes amenazas al sector privado”, además de con un marco jurídico “totalmente precario”.

“Empresas que fueron expropiadas o confiscadas sin la debida compensación en muchos casos y con una precaria base jurídica se encuentran o se encontrarán ahora en manos de privados que las obtuvieron sobre una base igualmente precaria o más precaria aún. Resolver estos asuntos adecuadamente será uno de los retos más complejos que tendrá en su momento una nueva administración en Venezuela cuando se inicie la transición a la democracia”, advierte Torres.

Recomendaciones

Tras analizar lo experimentado en Rusia en su presunto avance a una economía de mercado, entre 1991 y 1998, el abogado Herrera pudo identificar situaciones y condiciones que impidieron una privatización exitosa.

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“La privatización rusa (...) presentó características específicas que explican en gran medida por qué, al menos hasta el ascenso al poder de Vladimir Putin, el proceso de transferencia de titularidad de activos del Estado a privados no tuvo éxito ni género beneficios a la población en su conjunto, sino que más bien benefició y generó privilegios a actores políticos del antiguo régimen y sus aliados en el sector privado, al tiempo que se generaron condiciones para una crisis general de la economía y el Estado en 1998″, asegura Herrera en el texto.

Del caso, sin embargo, sacó nueve lecciones y recomendaciones para países en transición a la democracia:

• “La privatización está condenada al fracaso si no se logra un cambio en las ideas dominantes en torno al rol e incentivos propios del Estado, la sociedad y la persona, si no hay sólidos consensos en torno a la necesidad de la política privatizadora como instrumento para aumentar la libertad y la calidad de vida, y sin que se asegure una amplia participación en la ejecución y beneficios de la política de los diferentes sectores del país”.

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• “Es cuesta arriba, si no imposible, ejecutar correctamente la privatización si mantienen sus cuotas de poder los actores políticos y económicos dominantes en el régimen autoritario previo, ya que las únicas opciones aceptables para tales agentes, muchos de ellos responsables de crímenes contra personas y propiedades, es ser los principales beneficiarios de la transición de titularidad, lo que de antemano impide la recreación de las condiciones propias de una economía de mercado”.
• “No es factible una privatización eficaz allí en donde el nacionalismo, el chauvinismo y la desconfianza en la inversión extranjera guían las decisiones de quienes ejecutan esa política”.
• “Es complejo lograr buenos resultados con la privatización de activos estatales sin cierto grado de endeudamiento internacional para financiar aspectos concretos de la política, orientados a generar soporte, confianza y margen para la reactivación de la producción y los intercambios en los diferentes mercados”.

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• “Es indispensable la adopción de ideas favorables a la conversión de la propiedad estatal en propiedad privada tanto en las elites del país como en la ciudadanía en general, así como la participación de expertos extranjeros y capacitación oportuna de expertos nacionales, a fin de que asesoren con conocimiento y prudencia a los responsables de la política”.
• “Son necesarias políticas macroeconómicas apropiadas, en ámbitos como el tributario, el arancelaria, el cambiario y el financiero, sin las que es poco factible que los agentes que operan a nivel microeconomico pueden por sí solos sacar adelante con éxito una privatización”.
• “Sin asegurar la transparencia en la aplicación de las técnicas para privatizar, entre las que han de incluirse en los casos de transición a la democracia, junto a las ventas, subastas, cupones, váuchers y acciones, la devolución a los dueños de los activos expoliados es difícil que la población genere confianza en el proceso, más allá de la información que se difunda, y que no sienta que está siendo excluida de los beneficios que se generarán”.

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• “En países federales o descentralizados territorialmente, la incorporación de las autoridades regionales y locales es esencial y estratégica en la privatización, por lo que resulta necesario que desde el principio los gobernantes y funcionarios de esos niveles se asuman como directos beneficiarios de la política de transferencia de activos”.
• “La privatización es una política condenada al fracaso si no cuenta con un marco jurídico estable en sus aspectos centrales, que provea certeza, y garantías jurídicas adecuadas, creíbles, para la inversión privada nacional y extranjera, y que tenga la capacidad de dirimir de forma imparcial e independiente las controversias que surjan entre los participantes del proceso, o entre estos y las autoridades”.

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