Bloomberg — Un juez inició el proceso de venta de acciones de una filial de la petrolera estatal venezolana propietaria de Citgo Petroleum Corp. para pagar una indemnización de US$1.200 millones a una empresa canadiense cuya mina de oro en el país fue expropiada hace 10 años.
El juez de distrito Leonard Stark en Wilmington, Delaware, dijo el miércoles que no necesitaba esperar el visto bueno de la Administración Biden antes de establecer los procedimientos de venta de las acciones en poder de la matriz de la refinería de petróleo. Citgo, con sede en Houston, es considerada el activo más importante de Venezuela en el extranjero y está controlada por opositores a Nicolás Maduro, el autoritario presidente del país.
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Aunque las sanciones actuales bloquean la transferencia de acciones, el magistrado dijo que un juez especial podría sentar las bases para subastar las acciones después de que la Casa Blanca dé su aprobación. La orden de Stark fue informada originalmente por Law360.com. Crystallex International Corp., con sede en Toronto, está impulsando la venta para satisfacer un laudo arbitral sobre la mina expropiada.
“El régimen de sanciones no requiere” que el tribunal espere la autorización de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley antes de establecer los procedimientos de venta, dijo Stark en su orden. “No se puede permitir que el litigio ante el tribunal continúe eternamente”, añadió.
De acuerdo con el fallo de Stark, el juez especial —un funcionario judicial que supervisa la venta— puede contratar a banqueros de inversión como asesores, anunciar la disponibilidad de las acciones y realizar otros trabajos preliminares.
Stark rechazó la petición del líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, de bloquear los preparativos de la venta hasta que los funcionarios estadounidenses la autoricen. Guaidó es reconocido por más de 50 naciones como el líder legítimo del país después de que Maduro fuera acusado de manipular su reelección en 2018.
Los representantes de Maduro y Guaidó no pudieron ser contactados para obtener comentarios después del horario de trabajo regular el miércoles.
Crystallex, con sede en Toronto, tenía como objetivo las acciones de la matriz estadounidense de Citgo, constituida en Delaware, como compensación por la pérdida de las reservas de oro de Las Cristinas. La minera se declaró en quiebra.
El ex líder de Venezuela, el difunto Hugo Chávez, nacionalizó el activo y lo entregó a Petróleos de Venezuela SA, o PDVSA. Los abogados de la minera en quiebra ganaron el laudo arbitral de US$1.200 millones en 2016, que ha aumentado a US$1.400 millones con intereses.
Las autoridades venezolanas quieren aferrarse desesperadamente a Citgo por los ingresos que aporta al transformar el crudo del país en gasolina y otros productos. La nación socialista, sumida en una enorme crisis económica, cuenta con las refinerías de Citgo para obtener las tan necesarias divisas.
Stark ha señalado en fallos anteriores su descontento con la negativa de Venezuela a pagar el laudo arbitral de Crystallex en su totalidad. En 2018, el país pagó US$425 millones como parte de un acuerdo diseñado para resolver la demanda de la firma minera canadiense. Pero los esfuerzos para completar el acuerdo fracasaron.
