Justicia de Ecuador inicia trámite para extraditar a Rafael Correa

El titular de la Corte Nacional de Justicia indicó que ayer firmó la providencia para arrancar con el proceso. Correa fue sentenciado por cohecho

Rafael Correa gobernó Ecuador de 2007 a 2017.
22 de abril, 2022 | 09:47 AM

QUITO — La justicia de Ecuador inició el trámite de extradición del expresidente Rafael Correa, condenado a ocho años de prisión por el delito de cohecho. Así lo confirmó el titular de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, este viernes.

“El día de ayer he firmado la providencia iniciando el trámite de extradición, como corresponde en derecho, del ciudadano expresidente de la República del Ecuador Rafael Vicente Correa Delgado”, dijo Saquicela en declaraciones a Teleamazonas.

Allí recordó que Correa, que reside en Bélgica, “tiene una sentencia ejecutoriada, una sentencia en firme por el llamado caso Sobornos, que en derecho es un delito de cohecho, por lo tanto, esa sentencia ha quedado en firme”.

Según el funcionario, la decisión se toma después de realizar las gestiones necesarias relacionadas con el proceso y de confirmar que el pedido estaría amparado en el convenio de extradición que existe entre Ecuador y Bélgica desde 1887 y en el Convenio Internacional Anticorrupción de las Naciones Unidas.

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LA REACCIÓN DE CORREA

Tras conocer el anuncio, el expresidente reaccionó en su cuenta de Twitter desestimando el anuncio: “Creo que es la cuarta vez. Ojalá publiquen también la repuesta de Bélgica. ¡Payaso!”, escribió refiriéndose a Saquicela.

En otro posteo expresó: “Este sinvergüenza no se cansa de hacer el ridículo. Recuerden que él fue uno de los jueces del ‘influjo psíquico’, que me impidió ser candidato e hizo a Lasso presidente. Por eso le regalaron la Presidencia de la Corte”.

EL CASO

El caso Sobornos evidenció una trama de entrega de contratos a empresas a cambio de dinero para financiar las campañas políticas del entonces movimiento Alianza PAIS, que lideraba Correa, quien fue considerado autor mediato por instigación.

La resolución de la Corte Nacional de Justicia determinó, además, que los sentenciados perdieran sus derechos de participación política por 25 años. Es decir, no podrán ser candidatos a ningún cargo público.