Bloomberg Línea — Colombia firmó el Acuerdo de Escazú en diciembre de 2019 bajo el mandato del presidente Iván Duque y desde entonces su ratificación por parte del Congreso de la República, un paso fundamental para que pueda ponerse en marcha, no ha sido posible.
Sin embargo, con la posesión del nuevo Congreso de la República el pasado 20 de julio, se emprendió de nuevo la discusión del proyecto de ley de ratificación, el cual tuvo mayorías en el Senado en el segundo debate del martes, con 73 votos a favor frente a 22 en contra.
Pasar el segundo debate es un paso fundamental, en medio de un giro político que da el país y con un Congreso que por ahora se acerca más al gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Sin embargo, al proyecto de ratificación le hacen falta dos debates en la Cámara de Representantes: en la Comisión Segunda y en la Plenaria.
“Nuestra primera victoria: ha sido aprobada en segundo debate en el Senado la ratificación del Acuerdo de Escazú. Avance en la protección del medio ambiente y el agua en Colombia”, escribió en Twitter el senador Iván Cepeda, quien presentó ponencia positiva para la ratificación del Acuerdo.
¿Qué implica?
El Acuerdo de Escazú ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe y ratificado solo por 12 de ellos, siendo estos Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.
La primera adopción de este acuerdo se presentó en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y entró en vigor el 22 de abril de 2021, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Según el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), este acuerdo fortalece la obligación de los Estados para generar estrategias y políticas que garanticen el derecho de acceder a la información en torno al sector del medio ambiente, basado en 26 artículos con enfoque de derechos humanos.
La Universidad Javeriana detalla en un documento de trabajo que el documento en el que se basa el Acuerdo plantea algunos objetivos para proteger el medioambiente, razón por la que los países que lo ratifican deben “garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental y a la justicia en asuntos ambientales, así como a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales”.
El Acuerdo está conformado por 26 artículos, con enfoque de derechos humanos, y reconoce los derechos de acceso en materia ambiental. Estos derechos se concentran en cinco temas principales, definidos así por el IMTA:
- La implementación plena y efectiva del acceso a la información ambiental de manera oportuna y adecuada (artículos 5, 6, 12).
- El reconocimiento del derecho humano a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales (artículo 7).
- El acceso a la justicia en temas ambientales (artículo 8).
- La protección a defensores de derechos humanos asociados con el ambiente (artículo 9). Escazú es el primer tratado internacional en el mundo que aborda el tema de defensores de derechos humanos. De acuerdo con la organización Global Witness, la región latinoamericana es la de mayor riesgo para los defensores de derechos humanos (Global Witness, 2020). Esta es una de las principales razones por la que este acuerdo regional tiene tanta trascendencia para los derechos humanos.
- El fortalecimiento de capacidades y la cooperación en materia ambiental (artículos 10 y 11). Este es el pilar del mecanismo que fortalece la cooperación internacional Sur-Sur entre países mediante una estructura institucional de apoyo y diseño de políticas, así como para la toma de decisiones en asuntos ambientales y derechos humanos asociados.
En la reunión de la COP 1 de las partes del Acuerdo de Escazú, que se realizó en abril de 2022, se aprobó una Declaración Política en donde reconocen el Acuerdo de Escazú como un instrumento impulsor del desarrollo sostenible y una herramienta fundamental de gobernanza para la elaboración de mejores políticas públicas en la región, con miras a asegurar un medio ambiente sano para las generaciones presentes y futuras.
Desde el año 2020, 119 mujeres defensoras de los derechos humanos y ambientales han sido asesinadas en América Latina y el Caribe (hasta abril), aseguró en su momento y en medio de la COP1 la directora regional para las Américas y el Caribe de ONU-Mujeres, María-Noel Vaeza.
