Esta es la lista de servicios que no subirían con el salario mínimo en Colombia en 2023

De acuerdo a un listado al que ha accedido Bloomberg Línea, el Gobierno estudia dejar de atar al salario mínimo varios servicios. Consulte cuáles

El salario mínimo se negocia en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CPCPSL), integrada por representantes del Gobierno nacional, de los empleadores y los trabajadores
15 de diciembre, 2022 | 02:45 PM

Bogotá — Colombia tiene identificadas 204 actividades y servicios que podrían ser desindexados del salario mínimo, con lo que sus precios no se verían impactados con el aumento del 16% acordado para el próximo año ante la fuerte inflación que azota a la economía de ese país sudamericano y la depreciación de la moneda.

Las actividades y servicios que está analizando el Gobierno están indexadas al salario mínimo, es decir, son aquellos que pueden aumentar sus precios según el porcentaje en el que suba este para el 2023 en Colombia.

Los empresarios y las centrales de trabajadores llegaron a un acuerdo para que el salario mínimo en 2023 suba un 16%, hasta $1.160.000, sin tener en cuenta el auxilio de transporte.

Durante las negociaciones las centrales de trabajadores llegaron a proponer un aumento del 20%, mientras que los empresarios no expusieron sus cartas frente a la opinión pública.

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En Colombia se estima que el 43,1% de los trabajadores gana menos de un salario mínimo y el 15,7% devenga ese monto.

El ministro de Hacienda colombiano, José Antonio Ocampo, había adelantado el mes pasado que una de las medidas para hacer frente a la inflación sería “proceder a desindexar del salario mínimo” una canasta de productos y servicios.

“Vamos a sacar un decreto y al mismo tiempo un proyecto de ley”, dijo en su momento el ministro.

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Este decreto tendría que estar listo antes de que se termine este año, según fuentes cercanas al asunto consultadas por Bloomberg Línea.

Se está revisando una lista de 204 de productos y servicios para desindexar y 80 de estos saldrían por decreto, indicaron.

Entre los productos y servicios que podrían ser desindexados se incluyen sectores como agricultura, CIT, cultura, defensa, educación, hacienda, justicia, laboral y pensional, minas y energía, salud, transporte, vivienda, servicios público, deporte, interior, relaciones exteriores y TIC.

Tras las reuniones de la mesa de concertación de este jueves, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Francisco Maltés, agradeció al Gobierno por haber “recogido las propuestas del Comando Nacional Unitario para mantener el poder adquisitivo de los colombianos”.

“Las propuestas referentes al control del precio de kilovatio de energía, el control a la tasa de usura, el control a los precios de los medicamentos y desatar varios servicios del salario mínimo. Además, queremos precisar que el Comando Nacional Unitario ha sido la única parte que ha presentado una propuesta de incremento salarial del 20%”, indicó.

En el listado de actividades, productos y servicios que serían desindexados del salario mínimo, el Gobierno ya confirmó por medio de una circular que dejarán de estar atados “todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas”, para que se expresen ahora con base en el valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT).

Del salario mínimo se desindexarían una serie de multas, entre las cuales se estudian las relacionadas a las empresas y a los terminales de transporte, la sanción por modificación de características técnicas esenciales a las estaciones de telecomunicaciones sin autorización previa, la sanción por autoliquidación inexacta de las contraprestaciones, la sanción pecuniaria por la utilización de azúcares en la producción de panela, entre otras.

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Asimismo, de acuerdo a un listado al que ha accedido Bloomberg Línea, el Gobierno estudia dejar de atar al salario mínimo el valor de la indemnización a un trabajador por la terminación sin justa causa y la remuneración en una relación de aprendizaje.

En vivienda, está revisando la desindexación del tope del valor de las Viviendas de Interés Social, el valor de los subsidios familiares de vivienda otorgados tanto por las cajas de compensación basado en SMMLV como por el Ministerio de Vivienda, los derechos notariales y de registro de predios o el monto máximo de crédito de los deudores que hayan sido beneficiarios del subsidio familiar de vivienda.

También se revisan en ese listado las condiciones para otorgar la visa de residente a inversionistas, así como las cuotas moderadoras y copagos atados a un porcentaje del salario mínimo en la actualidad.

El Gobierno desindexaría el incremento de las tarifas de los servicios de las tarifas de servicios y las sanciones administrativas del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el subsidio integral de acceso a tierras, la cuota de fomento ganadero, lechero y porcícola, entre otros.

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De otra parte, se analiza la desindexación de las tarifas mínimas para el cobro de servicios de vigilancia y seguridad privada o el monto del subsidio al personal de soldados profesionales – Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

En ese listado provisional también se analiza dejar de atar al mínimo el monto de la pensión vitalicia para deportistas (medida en SMLMV), el subsidio de sostenimiento para estudiantes con mejores resultados en pruebas de Estado y el estímulo a investigadores (Colciencias).

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Asimismo, se analiza desindexar los cobros por la convalidación de certificados obtenidos en otros países, los cobros de Escuelas Normales Superiores, los derechos de participación en concursos del sistema especial de carrera docentes, la inscripción en la convocatoria de evaluación para el ascenso de grado o reubicación de nivel salarial, entre otros.

En la lista también se incluyen los depósitos y créditos de bajo monto, la titularización de proyectos de construcción, la fijación de operaciones de martillo y remate, los requisitos para la emisión de bonos, las modalidades de crédito cuyas tasas deben ser certificadas, el monto mínimo de comisiones, etc.

También se analizan los límites mínimos para inversionistas de fondos de inversión colectiva que realicen operaciones de naturaleza apalancada, las ofertas pública de papeles comerciales, los procedimientos de enajenación en caso de urgencia o los aportes de capital en sociedades anónimas de servicios técnicos o administrativos.

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