Tegucigalpa — Funcionarios del gobierno de Honduras denunciaron días atrás que “una red de corrupción público-privada utilizó el sistema judicial” para obligar a pagar 2.600 millones de lempiras (HNL), US$ 105,6 millones, producto de una demanda de la cual argumentan, ya fue desestimada en una Corte Federal de Washington en 2014.
En conferencia de prensa, la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, dijo que el Estado no entregará “ni un tan solo lempira de la Caja Única del Tesoro para el pago de las redes de corrupción” y agregó que en la última década se pagaron 15.000 millones de lempiras, US$ 609,2 millones, “en demandas tramposas, traficándose con bufetes también identificados y el Estado resistiendo a través de la Caja Única los pagos constantes de la corrupción”.
La demanda está referida a un contrato valorado en US$ 19 millones para un proyecto de reconstrucción nacional tras el huracán Mitch de 1998, mediante una licitación pública internacional adjudicó a la empresa norteamericana DRC INC, representada en la actualidad por Murray Paul Farmer, quien se desempeña como gerente propietario.
Farmer, acompañado de otros ejecutivos de DRC INC, llegó este martes al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), gremial que ha mostrado interés en conocer sobre el proceso judicial y la demanda.
A través de un video difundido por Facebook, Farmer refirió que con la denuncia del Gobierno “indirectamente me dijeron corrupto a mi”, cuando aseguró que hizo y entregó las obras destinadas a personas damnificadas.
Un largo proceso judicial
Para ejecutar las obras, la empresa DRC subcontrató a la empresa hondureña Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA), “pero la justicia norteamericana intervino el contrato por no estar permitida la subcontratación y envió a nuestro país a fiscales especiales quienes ordenaron no pagar la última obra pendiente de realizar”, según un comunicado del gobierno.
En 2007, la empresa DRC INC sometió al Estado de Honduras a un proceso arbitral ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), al alegar supuestos daños y perjuicios que se le ocasionaron con la suspensión del contrato.
En 2009 este proceso sin mediar ley, fue trasladado a un Centro de Conciliación y Arbitraje que armó el Colegio de Abogados de Honduras, “donde de forma veloz y en el marco del golpe de Estado se dictó una resolución o laudo internacional y sin tener ninguna facultad condenaron al Estado a pagar a la Empresa DRC INC los supuestos danos y perjuicios por la suspensión del contrato”, de acuerdo con la denuncia del gobierno.
La empresa DRC INC presentó demanda contra Honduras en el Tribunal del Distrito Federal en Washington DC. fundamentada en el laudo arbitral internacional armado el Colegio de Abogados de Honduras, y, el 23 de octubre de 2014, la Corte Federal en Washington, dictó sentencia declarando que el Estado “no tiene obligación de pagar la deuda de USAID-FHIS” y que Honduras tiene inmunidad soberana.
En 2020, la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) condenó al Estado a pagar a la subcontratada NAINSA representada por Ivis German López Ayestas y Lily Raudales Villafranca, 351,1 millones de lempiras (US$ 14,2 millones) por los supuestos daños y perjuicios y 42 millones de lempiras (US$ 1,71 millones) por honorarios profesionales, como consecuencia de una cesión parcial que le hizo la empresa DRC INC, denunció el Gobierno.
La empresa hondureña también demandó por 1.200 millones de lempiras (US$ 48,7 millones) por daños y perjuicios por un contrato con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y el Estado fue también condenado.
Según la denuncia del Gobierno, “a días de vacar la Corte de Justicia, nuevamente y con el mismo laudo dictado en pleno golpe de Estado, los jueces han condenado a que el pueblo hondureña pague de manera inmediata y con varios bufetes presionando por parte de la Empresa DRC INC, la inmensa suma de 2.600 millones de lempiras, adicionales a lo que ya se le pagó a la Empresa Subcontratada Nacional de Ingenieros S.A”.
La reacción del Poder Judicial
De acuerdo con Manuel Diaz Galeas, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), la actual administración ha presentado 44 acciones ante el sistema de justicia, pero no encontraron “un tan solo fiscal, juez o magistrado que decida hacer justicia y pare la mafia organizada que defrauda permanentemente las finanzas del Estado”.
En reacción, el Poder Judicial dijo que la demanda ha seguido de manera adecuada la tramitación del expediente en cada una de las instancias jurisdiccionales, pero uno de estos graves yerros de la PGR, es no haber presentado en el momento debido el Recurso de Apelación ante el Juzgado de Letras correspondiente.
En consecuencia, “la inexcusable omisión de la PGR en relación a no sustanciar la oposición a la medida cautelar de embargo, omitiendo la interposición del Recurso de Apelación contra la decisión que impuso dicha medida es, procesalmente hablando, una complacencia a la decisión judicial, lo que evidentemente perjudica al patrimonio estatal”, señaló el Poder Judicial en un comunicado.
Por la misma vía, la CSJ agregó que considera “sumamente desafortunados los criterios planteados en la denuncia pública encaminada a manchar esta gestión de la Corte Suprema de Justicia con sus epítetos sin fundamento”. Sin embargo, aseguró sumarse la petición que por parte del Ministerio Público se realice, cuánto antes, “una investigación oficial seria y diligente, dirigida a cualquier funcionario del Estado, sea de la institución que sea”.
Por su parte, Farmer aseguró que, a pesar de sus esfuerzos por hablar con la PGR y la presidenta Xiomara Castro, no tuvo respuesta. Para el empresario estadounidense, la Procuraduría es “ignorante e incompetente y le digo a Xiomara ‘tú no eres ningún juez y aquí no termina esto’. Ya tengo 20 años de estar peleando y no voy a rendirme ya”.
