Bloomberg Línea — La Suprema Corte de Justicia de México despenalizó el aborto en todo el país el 6 de septiembre, dos años después de declarar inconstitucional la prohibición absoluta del aborto en los códigos penales de los estados, con lo cual extiende la tendencia en América Latina y el Caribe de ampliar el acceso al procedimiento.
En América Latina, la OMS estima que cada año se realizan 3,7 millones de abortos inseguros en la región, lo que provoca la muerte de casi 4.000 mujeres. Un número desconocido sufre complicaciones físicas y emocionales. La morbilidad y la mortalidad debidas al aborto inseguro son casi totalmente prevenibles.
El aborto es legal en Argentina, Colombia, Cuba, Uruguay. En Chile es ilegal con la excepción de riesgo para la salud de la madre, violación o malformaciones en el feto. En Ecuador, la Asamblea Nacional aprobó en febrero de 2022 un proyecto de ley que permite el aborto para casos de violación.
En Venezuela, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana está absolutamente prohibido.
Casi la mitad de los embarazos en el mundo no son deseados y 60% termina en un aborto, según la ONU, que reportó que 45% de las interrupciones son inseguras.
Por años, organizaciones activistas de América Latina se inspiraron en los Estados Unidos tras la histórica decisión de Roe v. Wade en 1973 que impuso un marco uniforme de mandato federal para la legislación estatal sobre el tema, pero que fue revocada en 2022.
En México, el fallo de septiembre de 2021 había desencadenado un proceso agotador de despenalización del aborto estado por estado. El tribunal “resolvió que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”, indicó.
La semana pasada, el estado central de Aguascalientes se convirtió en el 12º estado en eliminar las sanciones penales. La Ciudad de México fue la primera en 2007.
Por ahora, el fallo no significa que todas las mujeres mexicanas podrán acceder al procedimiento de inmediato. Lo que sí hace es obligar a las agencias federales a brindar atención a los pacientes.
“Todas las mujeres y personas con capacidad de gestar podrán acceder a abortos en instituciones federales de salud”, festejó en un comunicado la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
La decisión también implica que “el personal médico de las instituciones federales de salud no podrá ser criminalizado por brindar este servicio de salud”, prosiguió GIRE.
GIRE encabezó “una estrategia jurídica” presentando amparos para eliminar el delito de aborto “autoprocurado y consentido en todos los códigos penales del país”, añadió el grupo.
