Buenos Aires — La aceleración de la inflación, producto de la devaluación que convalidó el Gobierno luego de las elecciones primarias de agosto, promovió la reapertura de negociaciones salariales en Argentina por parte de los gremios, que intentaron mitigar la pérdida de poder adquisitivo.
El último reporte del Indec informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto se disparó a 12,4%, lo cual significó un nuevo máximo para los últimos 32 años. La aceleración de los precios se profundizó durante un mes marcado por la incertidumbre política que se desató tras las primarias. A su vez, el sector privado espera que en septiembre el dato de inflación se vuelva a ubicar en niveles de dos dígitos, con un incremento sostenido en la categoría de alimentos.
Los gremios que reajustaron sus acuerdos
Ante ese escenario, algunos sindicatos cerraron nuevos ajustes salariales. Dentro de ese grupo se encuentran La Bancaria, Camioneros y Alimentación, mientras que otros, como Comercio, aguardan revisiones, según analizó la consultora pxq.
En el caso de la paritaria de los bancarios, el acuerdo con las cámaras del sector implicó “un adelanto para septiembre de un 16,8%, que sumado al 5,2% ya acordado (retroactivo al 1º de agosto) totaliza un incremento del 22%”, indicó el gremio en un comunicado.
De ese modo, señaló que los porcentajes “aplican sobre todas las remuneraciones y adicionales convencionales y no convencionales sobre la base de salarios a diciembre de 2022, alcanzando un incremento del 97% desde enero hasta el presente mes”.
Aclaró también que el aumento de septiembre “es en concepto de adelanto” y, en el caso de que inflación supere el 97%, “se ajustará automáticamente”, con lo que las entidades bancarias deben aplicar la diferencia salarial retroactiva que corresponda.
Previo a ello, en agosto, el sindicato de Camioneros liderado por Hugo Moyano acordó un incremento de 61% para el periodo de seis meses. Alimentación, por su parte, negoció su segundo trimestre con un 34%.
En el caso de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, el entendimiento de sellado en agosto llegó a 83,9% por un lapso de ocho meses, con un acumulado anualizado de 149,4%.
Previo a las PASO, en julio, había cerrado su acuerdo el principal gremio industrial del país, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Tras varias semanas de negociaciones y medidas de fuerza, pautó con el sector empresarial una suba del 20% desde julio, del 9% desde agosto y un aumento del 9% desde septiembre.
Además, se acordaron subas provisionales del 7% para octubre, noviembre y diciembre, que podrán ser rediscutidas en caso que la inflación supere los porcentajes firmados entre la UOM y los empresarios.
Ese mes, el sindicato de Comercio, el más grande del país por su cantidad de afiliados, cerró un incremento del 27% por un período de tres meses.
Bono y polémica
Ante la devaluación, el Gobierno dispuso el pago de una suma fija. En el caso del sector privado, la medida dispone el pago de $60.000 en dos cuotas mensuales para trabajadores con salarios netos de hasta $400.000. Según confirmó el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, este beneficio será percibido por 5,5 millones de personas.
Además, el Estado asumirá el costo mediante el pago a cuenta del 100% de las contribuciones cuando se trate de microempresas y del 50% en el caso de las pequeñas y medianas empresas.
Tras el anuncio, diversas cámaras empresariales manifestaron su rechazo. Una de ellas fue la Cámara Argentina de Comercio (CAC). La institución manifestó su “profunda preocupación en relación al otorgamiento de una suma a trabajadores del sector privado recientemente anunciada por el Gobierno Nacional”.
La respuesta del Gobierno no tardó en llegar. El presidente Alberto Fernández exhortó a los gobernadores y empresarios a cumplir con lo dispuesto por el Ministerio de Economía y remarcó: “No es un plan platita, es un plan justicia”.
