Bloomberg Línea — Las propuestas para el agro colombiano que plantean los candidatos presidenciales en Colombia, Abelardo De La Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia, van desde una reforma rural agraria hasta la inversión en el campo como piedra angular del sector.
“En los últimos cuatro años, el gobierno de Gustavo Petro se concentró en la entrega de tierras y en una pelea entre grandes terratenientes y pequeños propietarios", dijo a Bloomberg Línea Carlos Arias, doctor en Psicología Política y gerente de la firma Estrategia & Poder.
En ese sentido, explicó que se perdió de vista el cómo debería desarrollarse el sector productivo y que, también por el “fracaso de la paz total”, se entregaron varias extensiones de territorio, hoy improductivas, a grupos armados al margen de la ley, disidencias de las FARC y al ELN.
Durante el Gobierno Petro, según cifras oficiales, se han comprado y se están distribuyendo cerca de 700.000 hectáreas para el Fondo de Tierras y se han entregado más de 270.000 a más de 72.000 familias.
Adicional a eso, se han formalizado 1,8 millones de hectáreas y se han creado 17 Zonas de Reserva Campesina. Se han reconocido los primeros Territorios Campesinos Agroalimentarios, TECAM.
“Y cuando digo que se le entregaron las tierras no es un eufemismo, es claramente un ejercicio que está connotado en la retoma de territorios por parte de estos grupos delincuenciales”, enfatizó Arias.
Paloma Valencia: inversión privada en el campo
De acuerdo con su plan de gobierno, la senadora del Centro Democrático propone:
-Otorgar líneas de crédito sin trámites a través de las casas de agroinsumos.
-Entregar tierras con proyectos productivos y asociatividad para acceder a maquinaria y tecnología, y terminar los procesos de entrega ya iniciados.
-Tres millones de hectáreas formalizadas para que los campesinos puedan aprovechar mejor sus tierras.
-Un millón de nuevas áreas en cultivos y agroindustria con zonas francas rurales.
Su visión no gira en redistribuir la tierra, sino en hacer el campo más productivo y competitivo. Con lo que propone un impulso fuerte a la infraestructura rural, especialmente vías terciarias, porque ahí está uno de los cuellos de botella para el transporte de bienes.
Defiende un modelo donde el agro funcione como sector empresarial, promoviendo inversión privada, tecnificación y encadenamientos productivos (del campo a la industria).
Sobre el rol Estado lo define como un “facilitador” de incentivos, reglas claras y seguridad jurídica y no como actor que reparte tierra.
Valencia ha hecho referencia a la seguridad en las zonas rurales, destacando que sin control territorial y orden público no hay inversión ni desarrollo.
De La Espriella: propiedad privada es intocable
Según su plan de gobierno, las propuestas son:
-La delimitación de política de agricultura campesina y familiar, así como la agricultura productiva y de exportación.
-Seguridad para veredas y corregimientos.
-Acabar la “falsa reforma agraria y volver propietario al campesino”.
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-Expandir la frontera productiva.
-Atención directa a cerca de tres millones de campesinos y familias.
-Meta de dos millones de nuevas hectáreas entre 2026 y 2030.
-Más de 600.000 empleos rurales previstos.
-Ampliar la frontera agrícola productiva de Colombia en 1,5 millones de hectáreas “siendo el candidato que lograra el Matto Grosso Colombiano en la altillanura y una nueva apuesta en grande en coco, pasifloras, cereales y ganadería regenerativa”.
-Crear la Escuela de Emprendedores Rurales para formar a 100.000 jóvenes en prácticas más eficientes y productivas de aporte al campo colombiano y con apoyo de crédito, de asociatividad, de tecnología y de programas de mentoría.
El abogado de derecha defiende la propiedad privada y rechaza cualquier tipo de reforma agraria redistributiva. El desarrollo rural, según él, debe venir de inversión privada y libre mercado, con mínima intervención estatal.
Plantea un campo orientado a la agroindustria y grandes proyectos productivos, donde la eficiencia económica sea la prioridad. En paralelo, enfatiza una política de mano dura contra economías ilegales, incluyendo fumigación de cultivos ilícitos y mayor acción militar en zonas rurales.
El Estado, en su visión, no debe liderar el desarrollo campesino sino garantizar seguridad y reglas de mercado.
Iván Cepeda: paz y reforma agraria
En su programa de gobierno, el candidato del presidente Gustavo Petro propone un plan nacional de vías terciarias, dotar a los municipios de agua potable, hacer que el mercado campesino llegue a la ciudad y resolver los problemas que tienen los campesinos y los pobladores rurales en sus territorios.
También habla de la implementación del Acuerdo de Paz, la búsqueda de salidas negociadas con otros grupos armados, la protección de líderes sociales y firmantes de paz, la lucha contra la macrocorrupción, la transición energética, la reforma rural integral.
“Nuestra reforma agraria progresista ha demostrado que la entrega de tierras, la democratización de la propiedad agraria se puede hacer sin expropiaciones y sin utilizar la fuerza”, dice el plan de gobierno.
Para el experto Arias, la apuesta del próximo presidente debe concentrarse no solamente en la entrega de predios y títulos a los campesinos, sino en la retoma territorios que son inseguros para la productividad del agro o para la permanencia de los campesinos, incluso en sectores en donde haya minería.
“Esto significa que el ejercicio delegado de este gobierno ha sido asociado más a un ejercicio asistencialista, con miras a fidelizar electores que a desarrollar el país”, agregó.
