Bloomberg Línea — Venezuela anunció este viernes la excarcelación de 131 personas que se encontraban privadas de libertad por motivos políticos, en una medida que se produce en medio de una nueva etapa de negociaciones entre el oficialismo y sectores de la oposición.
El anuncio fue realizado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien informó sobre el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad de estos ciudadanos, algunos recluidos en el Internado Judicial de El Rodeo y mujeres que se encontraban en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).
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Según el comunicado oficial, las medidas fueron acordadas por los tribunales de la República a solicitud del Ministerio Público, después de que el programa pidiera al sistema de justicia penal evaluar la situación jurídica de personas procesadas o condenadas por delitos relacionados con distintos hechos contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo del país.
Aunque las autoridades del gobierno chavista hablan de 131 beneficiarios, la cifra de personas efectivamente excarceladas ha ido aumentando durante la jornada y es objeto de verificación independiente.
El Foro Penal reportó 40 excarcelaciones confirmadas hasta las 17:00, mientras continuaba el proceso de identificación y comprobación de los casos.
El seguimiento independiente resulta relevante porque las medidas anunciadas no necesariamente implican libertad plena. En algunos casos pueden mantenerse restricciones judiciales y los procesos penales pueden continuar.
La decisión se conoce apenas dos días después de que una delegación del gobierno venezolano presidida por Jorge Rodríguez y un sector de la oposición representada por Dinorah Figuera, de la Asamblea Nacional electa en 2015, cerraran la primera fase de sus negociaciones políticas, en un proceso que comenzó a principios de agosto y que cuenta con respaldo de Estados Unidos.
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El miércoles 12 de agosto, las partes anunciaron un primer acuerdo que contempla una reestructuración del sistema judicial venezolano, incluyendo la renovación de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia mediante un nuevo proceso de postulaciones.
El entendimiento fue presentado como un paso para avanzar hacia mayores garantías institucionales y preparar condiciones para futuros procesos electorales.
