Bloomberg — Haití continúa atrapado en un escenario de violencia e ingobernabilidad, mientras Estados Unidos se dispone a obligar a cientos de miles de personas que huyeron del país caribeño a regresar, luego de que la Corte Suprema dictaminara que el presidente Donald Trump puede poner fin a su estatus migratorio especial.
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Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, afirmó esta semana que “aspirantes a dictadores” han convertido a Puerto Príncipe en un “patio de juegos violento”. El vacío de poder tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 ha permitido que bandas fuertemente armadas controlen cerca del 90% de la capital y amplias zonas del resto del país.
“No puedo enfatizar lo suficiente la brutalidad que estas bandas ejercen contra su propia población”, dijo Waltz ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Agregó que agentes de policía han sido “desollados vivos” y que una persona que colaboraba con la fuerza internacional respaldada por la ONU para combatir a las pandillas fue ejecutada en plena calle.
La posible expulsión de migrantes haitianos se ha convertido en otro foco de tensión dentro del debate sobre la política migratoria de Trump de cara a las elecciones de medio mandato. Algunos miembros del Congreso están especialmente preocupados por el impacto que una ola de deportaciones tendría sobre los sectores de salud y cuidado de adultos mayores en EE.UU., donde los trabajadores haitianos han ayudado a cubrir la escasez de personal.
El Congreso creó en 1990 el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ofrecer refugio a extranjeros que no pueden regresar a sus países debido a conflictos o desastres naturales. El mes pasado, la Corte Suprema resolvió que Trump puede revocar el TPS otorgado a migrantes haitianos tras el terremoto que devastó gran parte del país en 2010.
Esas protecciones vencían este viernes, pero un tribunal federal de apelaciones en Washington extendió los beneficios del TPS por tres días, hasta el 27 de julio. Salvo un cambio de último momento, desde el lunes más de 300.000 personas quedarán expuestas a una posible deportación.
Aunque el TPS no ofrecía una vía hacia la ciudadanía, permitía a sus beneficiarios vivir y trabajar legalmente en EE.UU. y fue prorrogado en varias ocasiones por administraciones anteriores. El gobierno de Trump sostuvo que el programa siempre tuvo carácter temporal y que había llegado el momento de ponerle fin.
Los legisladores buscan una fórmula para permitir que los beneficiarios haitianos del TPS permanezcan en EE.UU. hasta que el país caribeño sea más seguro. Señalan que el propio gobierno estadounidense considera tan peligroso viajar a Haití que recomienda a los ciudadanos que deban hacerlo preparar su testamento y establecer un “protocolo de prueba de vida” ante el riesgo de secuestro.
Obligar a los beneficiarios del TPS a regresar “no solo es cruel, sino también contradictorio, y solo agravará la inestabilidad en Haití”, afirmó el representante Gregory Meeks, demócrata por Nueva York y principal integrante demócrata del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, durante una audiencia celebrada el martes.
La decisión de regresar
La economía haitiana se ha contraído durante seis años consecutivos. Más de 1,4 millones de personas han abandonado sus hogares y casi la mitad de los 12 millones de habitantes del país enfrenta hambre. Estados Unidos respalda una fuerza de seguridad apoyada por la ONU cuyo objetivo es neutralizar a las bandas armadas y proteger a la población vulnerable.
Michael Kozak, funcionario del Departamento de Estado, dijo ante el comité de Meeks que, aunque las pandillas dominan Puerto Príncipe y han paralizado el principal aeropuerto internacional, la mayor parte del país sigue siendo relativamente segura. Añadió que el regreso de deportados podría contribuir a estabilizar Haití e impulsar la economía.
“Algunas de esas personas tan productivas que usted menciona podrían ser de gran ayuda en Haití como policías o trabajando en empresas”, afirmó.
Sin embargo, muy pocos haitianos han regresado y quienes lo hicieron suelen atribuir su decisión a un entorno cada vez más hostil en Estados Unidos.
Ema, una abogada de 40 años y madre de una niña con autismo, regresó en febrero tras vivir en Miami desde 2021. Explicó que las constantes redadas migratorias, la retórica hostil hacia los haitianos en Washington y la incertidumbre sobre el futuro del TPS la llevaron a volver.
“Cada vez que iba a trabajar tenía miedo de que me detuvieran y no volviera a ver a mi hija”, dijo en una entrevista telefónica. “Era algo que simplemente no podía soportar”.
Ema, que pidió ser identificada solo por su nombre de pila para evitar convertirse en objetivo de las pandillas, señaló que tiene la suerte de vivir fuera de las zonas controladas por esos grupos.
“Las bandas controlan muchísimo territorio”, afirmó. “Si tomaron tu barrio, ya no podrás regresar”.
Una economía vulnerable
La crisis en Haití ha interrumpido el acceso a la atención médica y otros servicios básicos. Médicos Sin Fronteras informó que uno de los pocos hospitales de maternidad tuvo que cerrar debido a la violencia y que comunidades enteras permanecen aisladas, sin posibilidad de recibir atención médica.
“Estas no son condiciones a las que las personas deban ser devueltas”, señaló la organización.
Algunos analistas temen que el regreso masivo de migrantes desde Estados Unidos también agrave la fragilidad económica del país. Con una tasa oficial de desempleo del 15% —y mucho mayor en la práctica— encontrar trabajo resulta extremadamente difícil. Cinco meses después de regresar, Ema aún no consigue empleo.
Además, las remesas enviadas por trabajadores haitianos representan el 17% del producto interno bruto del país. Una interrupción de ese flujo de recursos podría generar un nuevo golpe económico.
“La pobreza empeorará, la desigualdad empeorará y la inseguridad empeorará”, afirmó Joseph Harold Pierre, analista económico residente en Cap-Haïtien. “Si no resolvemos el problema de la seguridad, no hay nada que podamos hacer en Haití”.
En el sur de Florida, donde vive la mayor comunidad haitiana de Estados Unidos, la situación ha causado conmoción, dijo Farah Larrieux, quien obtuvo el TPS en 2010 y actualmente solicita asilo. Aseguró que la posibilidad de ser deportados ha dejado a muchas personas paralizadas, aferradas a la esperanza de una solución de último minuto.
“Volver a Haití no es una opción para nadie porque no tenemos adónde ir”, afirmó. “Somos personas que hemos construido nuestras vidas aquí”.
--Con la colaboración de Nacha Cattan.
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