Bloomberg — La decisión de la administración Trump de revocar la visa de un juez peruano que falló a favor de una empresa china en una disputa portuaria vuelve a poner de relieve la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China en América Latina.
El juez Juan Carlos Núñez es el único peruano incluido en la última ronda de restricciones de visas de EE.UU., dirigida contra 17 latinoamericanos, en su mayoría funcionarios acusados de corrupción y de socavar la gobernanza democrática. El Departamento de Estado presentó la medida como una muestra de apoyo a los miembros del “Escudo de las Américas”, una alianza de seguridad liderada por EE.UU. a la que Perú se sumó recientemente.
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El Departamento de Estado no especificó qué había hecho Núñez para justificar la revocación de la visa y se limitó a señalar que la medida se enmarca en una nueva política dirigida contra personas consideradas perjudiciales para la gobernanza democrática en la región.
En Perú, Núñez ha llamado la atención por varias sentencias, entre ellas una que anuló una orden de prisión preventiva contra un exalcalde investigado por presunta corrupción vinculada al expresidente de izquierda Pedro Castillo, y otra que concedió una medida cautelar a un empresario que había sido investigado por presunto tráfico de drogas.
Pero fue la decisión de Núñez sobre el puerto de Chancay, de propiedad china, la que provocó algunas de las críticas más directas de Washington hasta la fecha sobre los estrechos vínculos de Perú con China y llevó a EE.UU. a advertir que el país estaba perdiendo soberanía sobre las instalaciones.
El día en que el Departamento de Estado anunció la revocación de las visas, el embajador de EE.UU. en Lima, Bernie Navarro, calificó la medida contra Núñez como una ofensiva contra la corrupción y advirtió en una publicación en su cuenta personal de X que esto era “solo el principio”. No hizo referencia al puerto chino en sus comentarios y su oficina se negó a hacer declaraciones al respecto.
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El embajador también compartió una foto del juez Núñez con el mensaje: “¡Ahora sí que eres popular! Espero que valió la pena...”.
Núñez declinó hacer declaraciones, mientras que el gobierno peruano aún no se ha pronunciado públicamente sobre la revocación de su visa.
Chancay, en el centro de la disputa entre EE.UU. y China
En el centro de la disputa está el puerto de Chancay, en la costa del Pacífico, valorado en US$1.300 millones, operado por la empresa china Cosco Shipping Ports e inaugurado en 2024. Fue concebido como un nuevo enlace comercial crucial entre Asia y América Latina y se ha convertido en un punto de fricción entre Washington y Pekín, mientras Trump busca ampliar la influencia de EE.UU. en toda la región. China es el principal socio comercial de Perú, seguida de EE.UU.
La disputa legal surgió por el alcance de la supervisión que el regulador peruano de infraestructuras, Ositran, ejerce sobre el puerto. En enero, Núñez dictaminó que Chancay estaba exento de parte de esa supervisión regulatoria. Ositran regula los demás puertos importantes de Perú, que operan como concesiones en terrenos públicos, mientras que Chancay es de propiedad privada.
“Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía”, escribió en febrero la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU. en una publicación en X tras la decisión.
La primera resolución de Núñez fue posteriormente revocada por un tribunal superior. El caso se encuentra ahora ante el Tribunal Constitucional, y Cosco sostiene que Ositran cambió las reglas del juego al reclamar plena autoridad para regular todos los aspectos de la instalación. Eso implicaría pagar al regulador el 1% de todas las ventas, un costo adicional que no se incluyó en los cálculos originales de Cosco cuando decidió invertir en Chancay.
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China ha realizado importantes inversiones en Perú en los últimos años, entre ellas en los sectores energético y minero. Por su parte, EE.UU. ha designado a Perú como “aliado importante no miembro de la OTAN” y está negociando un contrato por valor de hasta US$1.500 millones, que deberá pagar Perú, para construir una nueva base naval para el país andino a poca distancia de Chancay.
La revocación de la visa del juez formó parte de una acción más amplia de EE.UU. para retirar las visas a personas de Bolivia, Colombia y Ecuador por acusaciones no relacionadas.
El Departamento de Estado también prohibió la entrada a EE.UU. al fiscal general boliviano Roger Mariaca por supuestamente aceptar sobornos para facilitar el tráfico de drogas. Mariaca, que fue nombrado hace dos años por el expresidente boliviano de izquierda Luis Arce, ha impulsado una investigación sobre el estratega político Fernando Cerimedo, conocido en América Latina como “el hombre de MAGA”.
Mariaca, que ha negado haber cometido algún delito, fue detenido en Bolivia el miércoles.
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