Bloomberg Línea — Estados Unidos canceló este lunes las visas de jueces, fiscales, exfuncionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú a quienes acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de socavar gobiernos elegidos democráticamente, en la aplicación de una política anunciada por el Departamento de Estado en el marco de la alianza Escudo de las Américas.
La medida, adoptada en virtud del artículo 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, restringe el otorgamiento de visas a ciudadanos extranjeros —y a sus familiares directos— que, mediante actividades de corrupción o narcotráfico, socavan a un gobierno elegido democráticamente en la región.
Según el comunicado, la nueva política cumple los compromisos asumidos en la Cumbre de Doral y reafirmados el 22 de septiembre por los líderes del Escudo de las Américas, y opera como un mecanismo permanente que permite a Washington actuar con rapidez, en coordinación con sus socios, a medida que se recaban pruebas.
“Bajo la Administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden ingresar libremente en Estados Unidos”, afirmó el portavoz del Departamento, Thomas Pigott. “Socavar un gobierno elegido democráticamente constituye una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas y no será tolerado”, advirtió.
Bolivia concentra el mayor número de sancionados, con doce ciudadanos revocados de sus visas, entre ellos el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero, el exministro de Justicia Iván Lima, fiscales y jueces de los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca, un coronel de la Policía Boliviana y un empresario privado. Otros nueve bolivianos que actualmente no disponen de visado quedaron, además, imposibilitados de obtenerlo.
Además, el Departamento de Estado también está designando públicamente al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, por su participación en actos de corrupción significativa.
Mariaca, elegido en 2024 para un mandato de seis años durante el gobierno de Luis Arce y exfiscal de Santa Cruz, quedó junto a su familia inelegible para ingresar a Estados Unidos, en virtud de la sección 7031(c), que obliga al secretario de Estado a designar a los funcionarios extranjeros sobre los que exista información fidedigna de corrupción significativa.
Otros nueve bolivianos que actualmente no disponen de visado quedaron, además, imposibilitados de obtenerlo. En todos los casos la restricción alcanza a sus familias.
De Colombia fueron sancionados el empresario Euclides Torres Romero, dueño de un conglomerado que opera en los sectores de energía, señales de tráfico e iluminación pública, y la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).
El Departamento también restringió visas a dos ciudadanos ecuatorianos cuyos nombres no fueron divulgados, mientras que en Perú el afectado es el juez Juan Carlos Núñez Matos, del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima.
Países aliados
El Escudo de las Américas, la alianza impulsada por el presidente Donald Trump en marzo pasado, agrupa a una quincena de países del continente.
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Sus líderes se reunieron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU, donde ratificaron su disposición a tomar “medidas colectivas”, con una primera batería de sanciones contra 24 grupos criminales.
El secretario de Estado, Marco Rubio, visitó este mes Colombia, Ecuador y Perú, donde prometió apoyo de Washington a los esfuerzos contra el narcotráfico y la trata de personas.
Los cuatro países sancionados son gobernados por líderes afines a Trump. Bolivia vive bajo estado de excepción desde el 20 de junio, decretado tras semanas de protestas que paralizaron el país; Colombia eligió hace pocas semanas al conservador Abelardo de la Espriella, que ha firmado decenas de extradiciones a Estados Unidos; Ecuador libra con apoyo militar estadounidense una ofensiva contra el crimen organizado; y Perú también eligió a la conservadora Keiko Fujimori como presidenta de la República.
“El mensaje del presidente Trump y del secretario Rubio es sencillo: los funcionarios corruptos, y los criminales a quienes protegen, no son bienvenidos en Estados Unidos”, señala el comunicado del Departamento de Estado.
El endurecimiento del control de visas quedó en evidencia el mismo lunes luego de que el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, publicó en su cuenta de X un llamado a estadounidenses y extranjeros por igual para denunciar los abusos del sistema migratorio.
“Si saben o tienen motivos para creer que alguien está abusando de los términos de su visa, ya sea permaneciendo más tiempo del permitido o realizando actividades no autorizadas, infórmennos y lo investigaremos”, escribió el número dos del Departamento de Estado, junto al enlace de un formulario en línea habilitado para reportar fraudes.
