Bloomberg — Las mayores plataformas de redes sociales del mundo acordaron pagar unos US$27 millones para resolver una demanda presentada por un distrito escolar rural de Kentucky que alegaba que sus productos son adictivos y contribuyeron a crear una crisis de salud mental entre los adolescentes que agotó los recursos escolares.
Meta Platforms Inc. (META), propietaria de Instagram y Facebook, pagará al distrito escolar US$9 millones, más que ninguna otra empresa, según documentos publicados en virtud de las leyes estatales de acceso a la información pública. Snap Inc. y TikTok acordaron pagar US$8 millones cada una, según consta en los registros. YouTube, de Google, negoció un pago de algo más de US$2 millones y fue la única empresa que también accedió a proporcionar al distrito programas de capacitación para ayudar a los docentes a utilizar mejor su plataforma de video en las aulas.
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Los pagos únicos suman un 8% más que el presupuesto anual de US$25 millones del distrito escolar del condado de Breathitt.
Los acuerdos, que se anunciaron a principios de este mes pero sin detalles financieros, permitieron a las empresas evitar el primer juicio en el país por la demanda de un distrito escolar, que estaba previsto para el 12 de junio en un tribunal federal de Oakland, California. Su indulto, sin embargo, será efímero: más de 1.300 distritos escolares más han presentado demandas similares y están a la espera de juicio. El próximo está previsto para febrero de 2027.
Los acuerdos con las escuelas del condado de Breathitt podrían indicar que las empresas están abiertas a un acuerdo masivo con el resto de distritos escolares. El conjunto de demandas podría costar en última instancia a las empresas hasta US$400.000 millones en concepto de responsabilidad civil, según una estimación de Bloomberg Intelligence.
En declaraciones escritas, las empresas dijeron que habían resuelto el caso de forma amistosa y que seguirían invirtiendo en salvaguardias más sólidas para sus usuarios.
Los términos del acuerdo entre las empresas, revelados por primera vez en virtud de las leyes de acceso a la información pública de Kentucky, ponen de manifiesto el costo potencial de un litigio extenso y multijurisdiccional que lleva años gestándose. En los últimos cuatro años, particulares, distritos escolares y fiscales generales estatales han presentado más de 6.000 demandas contra los gigantes de las redes sociales, acusándolos de crear productos tan adictivos como los cigarrillos y de dirigirlos a menores, al igual que las grandes tabacaleras.
Las características de las plataformas de los medios sociales, incluido el desplazamiento ilimitado y la reproducción automática de videos, han deformado a una generación de niños, causándoles adicción, depresión, ansiedad, trastornos alimentarios y suicidio, afirman las demandas.
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En el primer caso de daños personales que llegó a juicio, un jurado del tribunal estatal de Los Ángeles declaró en marzo a Meta y YouTube responsables de los daños causados a una mujer de 20 años que alegaba que su adicción le había provocado una grave angustia emocional. Los miembros del jurado le concedieron US$6 millones por daños y perjuicios, una suma menor para dos empresas de un billón de dólares, pero una victoria simbólica para otros miles de jóvenes que esperan su día en los tribunales contra las empresas. (Snap y TikTok, que también fueron nombradas en ese caso, llegaron a un acuerdo confidencial antes del juicio).
En otro juicio celebrado ese mismo mes, un jurado de Nuevo México condenó a Meta a pagar US$375 millones en concepto de daños y perjuicios por no proteger a los niños de los daños en línea.
El caso del condado de Breathitt se anunció como un juicio bellwether, o caso de prueba, para las demandas por adicción a los medios sociales por parte de los distritos escolares. Fue una sorpresa para muchos abogados de demandantes implicados en el litigio que todas las empresas acordaran resolver el caso antes del juicio, en parte porque el condado de Breathitt fue seleccionado para ir primero por los demandados.
Las empresas argumentaron que el condado de Breathitt -un diminuto distrito enclavado en las estribaciones de los montes Apalaches- es representativo de otros distritos de zonas rurales con menos de 2.000 alumnos, que constituyen casi la mitad de las demandas escolares presentadas en todo el país.
Mientras que las demandas por daños personales interpuestas por usuarios individuales o sus padres buscan una compensación por las pérdidas personales, los distritos escolares quieren el reembolso de los costos institucionales, incluidos los crecientes servicios de salud mental y asesoramiento para los estudiantes. Los distritos argumentan que las empresas conocían los riesgos para la salud mental de los jóvenes, pero no diseñaron características para reducir la naturaleza adictiva de sus productos.
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El distrito escolar del condado de Breathitt había solicitado más de US$60 millones para financiar programas de salud mental relacionados con el uso excesivo de los medios sociales por parte de los estudiantes, y para desarrollar planes de lecciones en torno a los peligros del mundo digital. En una deposición, el superintendente del distrito, Phillip Watts, estimó que dedicaba alrededor del 20% de su tiempo de trabajo a tratar asuntos relacionados con los medios sociales.
Carolyn McDaniel, directora de la escuela secundaria Breathitt County High School entre 2016 y 2019, estimó que las redes sociales consumían aún más tiempo. “Fue un enorme desperdicio de recursos”, declaró en una entrevista. “Tenía dos subdirectores y dedicaban al menos el 50% de su tiempo a las redes sociales”.
“Los chicos metían sus teléfonos a escondidas en clase, grababan peleas en video durante la jornada escolar, vandalizaban la propiedad y se acosaban entre sí en línea”, añadió McDaniel. “Recuerdo que nuestros orientadores tenían muchos problemas”. McDaniel ahora trabaja en un instituto de Tennessee y afirma que los problemas con las redes sociales no han hecho más que agravarse.
El próximo juicio federal de referencia, seleccionado por los demandantes, se centra en un distrito escolar de Tucson, Arizona.
Mientras tanto, Kentucky forma parte de un grupo de aproximadamente tres docenas de estados que han demandado a Meta por los daños causados por las redes sociales. El juicio está programado para agosto en Oakland. El fiscal general de Kentucky informó al juez que supervisa el caso que el estado busca obtener US$40.000 millones en sanciones civiles.
Con la colaboración de Madlin Mekelburg.
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