Así compara la Cámara de Comercio de EE.UU. las condiciones para hacer negocios en 149 economías

Bloomberg Línea — Noruega ocupó el primer puesto en el Global Rule of Law and Business Dashboard 2026, un análisis hecho por la Cámara de Comercio de Estados Unidos para comparar las condiciones del Estado de derecho entre 149 economías.

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El estudio fue encargado por la Coalición para el Estado de Derecho en los Mercados Globales, una iniciativa de la Cámara, y elaborado por investigadores de NORC, de la Universidad de Chicago, en colaboración con el Rule of Law Collaborative de la Universidad de Carolina del Sur.

Al extremo opuesto del ranking se ubicó Venezuela, con 9 puntos sobre 100, frente a los 92,1 del primer lugar, una diferencia que expone la distancia entre ambos países en cinco pilares relevantes para las operaciones empresariales, como la transparencia, la previsibilidad de las normas, la estabilidad, la rendición de cuentas y las garantías de debido proceso.

“El Estado de derecho es lo que convierte un mercado en un lugar donde las empresas están dispuestas a comprometer capital”, refirió Lesly Henderson-Rubio, directora de las Américas en la U.S. Chamber of Commerce, al agregar que este factor aporta la previsibilidad que las empresas necesitan para invertir y planificar a largo plazo. “Cuando esa previsibilidad se debilita, los costos económicos no tardan en aparecer”.

De, América Latina, Chile fue el país mejor ubicado en la medición, en el puesto 27 con 75,1 puntos; Uruguay (32) y Costa Rica (35) le siguieron.

Después, Colombia (54), Brasil (55) y Argentina (56), Panamá (68), República Dominicana (73), Perú (76), México (91) y Paraguay (95).

Más abajo, le siguen Ecuador (102), Honduras (105), El Salvador (107), Guatemala (110), Bolivia (118) y Nicaragua (140), solo por delante de Venezuela.

La puntuación media de las Américas fue de 49,8, ligeramente por debajo de la media mundial de 50,7. El principal punto fuerte de la región se encuentra en el pilar de Transparencia, con una media de 56,1, respaldada por el indicador de Acceso a la información pública, que alcanza una puntuación de 60,4.

La siguiente tabla reúne las 149 economías evaluadas en el Global Rule of Law and Business Dashboard 2026 de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, ordenadas por posición y puntuación. Los datos corresponden al listado que compartiste.

La escala va de 0 a 100 y evalúa cinco pilares del Estado de derecho relevantes para los negocios: transparencia, previsibilidad, estabilidad, rendición de cuentas y debido proceso.

Las debilidades se concentraron en el pilar de Estabilidad, con una media de 44,9 , en particular en el indicador de Control de la delincuencia, cuya puntuación es notablemente baja, de 31,6. Las diferencias subregionales son significativas.

América del Norte obtuvo resultados muy por encima de la media regional, con una puntuación global de 66,3 y buenos resultados en todos los pilares, incluido el pilar de Previsibilidad, con una puntuación de 70,2.

Sudamérica, con una puntuación global de 48,2, presentó puntuaciones más bajas en el pilar de Estabilidad; mientras que el Caribe, con una puntuación global de 53,5, obtuvo mejores resultados en el pilar de Rendición de cuentas; y América Central, por su lado, se quedó rezagada, con una puntuación global de 41,6.

La transparencia es un punto relativamente fuerte en las Américas, pero el riesgo sigue siendo elevado debido a la delincuencia, las deficiencias en la aplicación de la ley y la inestabilidad política, de acuerdo con el reporte de la Cámara.

Canadá lideró el grupo de países de renta alta con puntuaciones especialmente sólidas en los pilares de Estabilidad y Rendición de cuentas.

Colombia obtuvo resultados comparativamente buenos en los pilares de Transparencia y Rendición de cuentas, a pesar de los retos generales en materia de estabilidad.

Honduras destacó dentro de un pequeño grupo de países de renta media-baja de la región —entre los que se incluyeron a Bolivia y Nicaragua— por su desempeño en el indicador de Acceso a la información pública.

Aplicación parcializada de la ley

La Cámara de Comercio dedicó un apartado específico a Centroamérica para advertir sobre los riesgos de la aplicación parcializada de la ley.

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De acuerdo con el reporte, las deficiencias en la independencia judicial y en la rendición de cuentas de la fiscalía en gran parte de Centroamérica han expuesto cada vez más a los inversores, tanto nacionales como extranjeros, al riesgo de una aplicación parcializada de la ley, en la que las disputas comerciales o los desacuerdos normativos se vuelven acciones con motivaciones políticas.

Guatemala es uno de los casos examinados. El informe recoge antecedentes de acciones contra fiscales vinculados a la antigua Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que generaron críticas de observadores internacionales y preocupación por el retroceso de los esfuerzos anticorrupción.

También señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido sobre una crisis del sistema de justicia guatemalteco, marcada por interferencias que debilitan la independencia judicial.

En El Salvador, el documento sitúa entre los factores de riesgo los cambios institucionales iniciados en 2021, cuando la Asamblea Legislativa removió y sustituyó a altos funcionarios judiciales e impulsó la jubilación de jueces y fiscales con experiencia, lo que algunos observadores denunciaron como un menoscabo de la independencia judicial y una elusión de las normas vigentes.

El informe también señala que, si bien las empresas de El Salvador se han beneficiado de una mejora en el entorno de seguridad tras el régimen de excepción instaurado en 2022 para combatir a las pandillas, algunas organizaciones han expresado su preocupación por las garantías procesales, la menor transparencia en la contratación pública y implicaciones de las detenciones masivas para la mano de obra y la influencia de intereses en el poder judicial crean nuevos riesgos operativos para las empresas.

En Nicaragua, el reporte describe una concentración del poder ejecutivo y cambios constitucionales que, según evaluaciones externas citadas en el documento, debilitaron sustancialmente la independencia judicial y los contrapesos institucionales, lo cual reduce las posibilidades de recurrir a una instancia imparcial cuando surgen conflictos con otros actores económicos o con el Estado.

Estos casos, de acuerdo con el informe, “reflejan una tendencia regional más amplia en la que los sistemas jurídicos pueden utilizarse como instrumentos de influencia política o económica” que puede manifestarse en enjuiciamientos selectivos, el uso estratégico de la prisión preventiva o medidas de aplicación de la normativa que afectan de manera desproporcionada a determinadas empresas.

“El resultado es un clima empresarial caracterizado por la incertidumbre, en el que los fallos dependen menos de los fundamentos jurídicos y más del contexto político”.