Bloomberg — Meta Platforms Inc. (META) logró que se eximiera al servicio de anuncios clasificados Marketplace de las estrictas normas de la Unión Europea para las grandes empresas tecnológicas, después de que los jueces dictaminaran que los reguladores cometieron errores jurídicos al decidir qué servicios debían ser objeto de la normativa.
El Tribunal General de la UE, con sede en Luxemburgo, declaró el miércoles que el tratamiento dado por la Comisión Europea a Marketplace en Facebook, propiedad de Meta, fue incorrecto, pero también dictaminó que el servicio Messenger fue designado correctamente por los reguladores en virtud de la Ley de Mercados Digitales del bloque.
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Los jueces dictaminaron que la Comisión no tuvo en cuenta los cambios significativos que Meta realizó en Marketplace antes de que se adoptara la decisión que lo afectaba.
Los jueces añadieron que la designación de Marketplace por parte de la Comisión de la UE “carece de una motivación suficiente”, ya que el organismo regulador se basó en pruebas parciales y en un análisis “hipotético e incompleto”.
Un portavoz de Meta dijo que la empresa acoge con satisfacción la sentencia, que confirma que Marketplace “no debería haber sido designado en primer lugar”, y que está revisando las conclusiones del tribunal sobre Messenger. La empresa puede apelar la decisión ante el tribunal más alto de la Unión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El Marketplace de Facebook ya había sido sancionado en 2024 con una multa de 798 millones de euros (US$927 millones) por infringir las normas tradicionales de competencia de la Unión.
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La DMA entró en vigor en 2023 y está diseñada para recortar las alas de las plataformas tecnológicas más grandes del mundo con una lista de medidas destinadas a cambiar su comportamiento. Pero en los últimos meses, la ley también ha despertado la ira del presidente de EE.UU., Donald Trump, y ha obstaculizado el avance de las negociaciones comerciales entre la UE y EE.UU.
Apple Inc. (AAPL) y Meta han sido las primeras en recibir sanciones económicas por presuntamente infringir la ley, con multas de 500 millones de euros y 200 millones de euros, respectivamente.
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