Ecuador: la relación entre el presidente y el Legislativo en su peor momento

QUITO — El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció que buscará los mecanismos constitucionales necesarios que le permitan mejorar la gobernabilidad luego de que la Asamblea Nacional bloqueara y archivara la ley de inversiones. Pero el tema de fondo es: ¿qué pasará con la relación entre el Ejecutivo y Legislativo que atraviesa su peor momento?

Las acusaciones de Lasso son preocupantes. Tras el archivo de la ley, emitió declaraciones que lo enfrentan aún más con el parlamento. Dijo que la normativa no se aprobó porque él no accedió a los chantajes de varios asambleístas y líderes políticos que le pidieron “hospitales, ministerios y hasta dinero en efectivo” a cambio de los votos.

Las reacciones no se han hecho esperar y desde el Legislativo han empezado a exigirle al mandatario que revele los nombres de quienes quisieron extorsionarlo. La mañana de este viernes, Marlon Cadena, jefe de bancada de la Izquierda Democrática, solicitó al presidente que dé los nombres y apellidos de los legisladores que le chantajearon porque “no es posible que se manche la imagen de una institución como la Asamblea Nacional y si hay asambleístas que tienen estas prácticas de canje de votos por puestos u hospitales, no pueden estar aquí, tienen que rendirle cuentas al pueblo y a la justicia”.

Salvador Quishpe, de Pachakutik, se pronunció en la misma línea: “¿Si el presidente sabía de esto con anticipación, por qué no denunció? ¿Por qué estaba siendo cómplice y encubridor de ese tipo de actos delictivos en la Asamblea Nacional?”, cuestionó.

LAS CONSECUENCIAS VIENEN

Pero más allá del parlamento, Lasso deberá enfrentar otras consecuencias de sus declaraciones. Geovanni Atarihuana, líder de la organización sindicalista Unidad Popular, por ejemplo, ya fue hoy a la Fiscalía del Estado a presentar una denuncia por esas revelaciones.

“Que asambleístas hayan exigido cargos públicos y dinero a cambio de su voto es el cometimiento de un delito de concusión, un asunto muy grave que compromete la vida democrática del país”, por eso “Guillermo Lasso está obligado moral y legalmente a precisar nombres y apellidos de esos asambleístas”, indicó el dirigente a la prensa.

Del lado del Ejecutivo no han existido más reacciones hasta el momento, más allá de la emisión de un comunicado en el que rechazó “de manera contundente la actitud indolente e insensible de la Asamblea Nacional” al archivar el proyecto de ley de inversiones, lo que constituye “un acto irresponsable que impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos”.

LASSO BUSCA OTRA FORMA DE GOBERNAR

En medio de su molestia, el jefe de Estado adelantó que utilizará los mecanismos constitucionales pertinentes para poder gobernar. ¿Cuáles serían estos? Aunque es prematuro advertirlo, podría referirse a la muerte cruzada o a la convocatoria a un reférendum.

Sobre la primera posibilidad, el mandatario ya ha hablado bastante. La muerte cruzada es un mecanismo bajo el cual el mandatario disuelve el parlamento y se convocan a elecciones generales (incluido su cargo) enseguida. Mientras se organiza el proceso electoral, el mandatario gobierna bajo decreto.

Si bien es una salida a la ingobernabilidad, tiene muchos riesgos. El primero, en el caso de Lasso, sería que no vuelva a ganar la presidencia de la República y que, además, su bloque legislativo se vea reducido todavía más. El segundo es que nada garantiza que los nuevos legisladores sean mejores que los actuales y faciliten la cogobernabilidad. El único beneficio práctico que obtendría Lasso sería gobernar por decreto por unos meses.

La segunda opción es ir por un referéndum, pero para ello se necesita más tiempo. Además, primero debería consultar a la Corte Constitucional sobre la viabilidad de las preguntas porque no todo es sujeto de consulta.

Aún no se conoce la estrategia, pero con seguridad el mandatario anunciará algunos cambios en los días que vienen.