Ciudad de México — La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, intenta avalar este martes la Ley de la Industria Eléctrica reformada por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que la CFE sea la prioridad en el sector eléctrico del país, mientras el Congreso se prepara para discutir y votar la reforma eléctrica del mandatario la próxima semana.
La propuesta de Ortiz creó polémica por la cercanía de la ministra con el partido gobernante Morena, del que fue miembra fundadora y diputada federal.
López Obrador, ya como presidente, la propuso como consejera de la Judicatura Federal y fue ratificada por el Senado y en diciembre de 2021, como miembro de la Suprema Corte.
Esta Ley perseguía privilegiar las plantas de la empresa estatal CFE y restringir a las privadas, revocar permisos de autoabasto privado, revisar permisos de Productores Independientes de Energía, otorgar Certificados de Energía Limpia (CEL) a cualquier generador sin importar la fecha de entrada en operación de la central.
La LIE, ampliamente criticada por el sector privado, es menos agresiva comparada con lo que propone la reforma constitucional, la cual pretende cancelar todos los contratos, permisos y certificados en manos de empresas, además de desaparecer a los reguladores energéticos y esblecer que CFE tenga el 54% del mercado.
Pero jueces federales la frenaron con suspensiones definitivas en favor de privados y más tarde la Suprema Corte reconoció que la política de confiabilidad del Gobierno obstaculizaba la libre competencia en el mercado con un valor de US$315.000 millones.
¿Qué propuso?
La representante de la máxima autoridad judicial del país difundió tres proyectos de sentancia que proponen avalar la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) sobre acciones de inconstitucionalidad promovidas por el regulador antimonopolios Comisión Federal de Competencia (Cofece), senadores de oposición y una más por el gobierno estatal de Colima para dejar sin efectos artículos de la normativa oficializada el 9 de marzo de 2021.
Los argumentos en contra de la LIE reposan en transgresiones a la competencia, daños al medio ambiente y otras disposiciones de la legislación secundaria.
Pero la ministra dijo en un proyecto que el Estado debe velar por el desarrollo nacional integral y de manera sustentable y que, “mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de las personas, grupos y clases sociales”, agregó.
Un ejemplo de sus argumentos oscila en que la LIE viola acuerdos comerciales como el T-MEC en la cláusula de Trato de nación más favorecida porque favorece a la empresa estatal CFE en detrimento de inversiones privadas.
Ortiz responde al argumento con que México no favorece a otra empresa privada sino a una estatal.
“Este Pleno considera que el principio en cuestión necesariamente requiere que el Estado Mexicano esté dando un trato favorable a una parte inversionista o inversión de otro Estado Parte. Es decir, la obligación consiste en que el Estado Mexicano no otorgue ventajas a inversionistas de otros países”, señala el proyecto.
El proyecto de la ministra argumenta que los países en desarrollo que obtienen energía de procesos contaminante tienen responsabilidades diferenciadas ante los efectos globales por la crisis climática.
“Se reconoce que se debe tener flexibilidad para elegir las medidas, teniendo en cuenta los posibles impactos socioeconómicos”.
La cofundadora y abogada de la asociación Nuestro Futuro, Nora Cabrera, dijo en una reunión virtual que la Ley viola el derecho a un medio ambiente sano y va en contra de la transición energética en el sector eléctrico.
Las consecuencias serían catastróficas si la Suprema Corte declara constitucional la legislación, agregó Iseal Indira Salas ante el posible incremento de emisiones de dióxido de carbono (C02) de hasta 65%.
Senadores de los partidos opositores PAN, PRI y PRD solicitaron a la representante del Poder Judicial que se excuse de votar la acción de inconstitucionalidad en un escrito.
Cabrera dijo a Bloomberg Línea que para que haya una invalidez de la norma se necesitna ocho votos de los ministros.
“Si no se juntan, no puede haber declaración de invalidez de la norma, simplemente habría un pronunciamiento de que la norma es constitucional o inconstitucional”, agregó.
Este martes 5 de abril, la Suprema Corte resolverá a partir de las 11:00 horas la acción de inconstitucionalidad y las dos controversias constitucionales para sentar el precedente de si la nueva LIE viola o no la Constitución.
Ortiz egresó de la Escuela Libre de Derecho, maestra en derechos humanos por la Universidad Panamericana y doctora por la Universida Nacional de Educación a Distancia de España, además de miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel III.
Su experiencia profesional incluye funciones de asesora en la Secretaría de Relaciones Exeriores, Banco de México hasta consejera legal del acuerdo de cooperación ambiental del TLCAN, deputada federal, redactora de la Constitución de la Ciudad de México y Consejera de la Judicatura Federal.
Esta historia se actualizó en el párrafo sexto a las 17:56 horas.
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