:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/72TDVJXDP5C2DFPYHQAPJPBEAQ.jpg "Mattel Colombia S.A. intervino en la campaña ordenando a los consumidores que retiraran 2 conexiones que hacían parte del producto con el fin de que este quedara inservible.")
Bogotá — Mattel Colombia, un fabricante de juguetes para niños, recibió una multa de parte de la Superintendencia de Industria y Comercio por no informar con claridad los riesgos a los que se enfrentaban los compradores de uno de sus productos.
La decisión de la SuperIndustria apunta al pago de $700 millones luego de constatar que esta empresa vulneró el derecho de los consumidores al no informarles sobre el riesgo real e inminente asociado al producto “F-P Mecedora de lujo o Rock ‘N Play Sleeper”.
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La SIC encontró en su investigación que en lugar de advertir con claridad sobre los riesgos les dio a entender que las medidas adoptadas obedecían a una extensión de la garantía y no a una campaña de seguridad, a pesar de que esta se promovió en razón a la muerte de 30 niños en Estados Unidos.
Además, se encontró que Mattel Colombia S.A. intervino en la campaña ordenando a los consumidores que retiraran 2 conexiones que hacían parte del producto con el fin de que este quedara inservible.
En algunos casos requirió que el mismo fuera resguardado al menos 6 meses y en otros casos solicitó la retoma del producto a las oficinas de Mattel.
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Solo cuando todo lo anterior fuera acreditado, se hacía la entrega de un Kit de juguetes marca Fisher Price o en algunos casos la devolución del dinero, contrariando lo dispuesto en el Decreto 1074 de 2015, al incumplir su obligación de informar de manera directa e inmediata a los consumidores acerca de las medidas correctivas implementadas y los medios dispuestos para recoger, aislar, devolver o intervenir los productos, en el marco de la campaña de seguridad.
Dentro de la investigación también se probó que Mattel Colombia S.A., en el marco de la campaña de seguridad, solicitó a algunos consumidores la presentación del recibo de compra del producto como condición para acceder a la campaña de seguridad, imponiendo así condiciones adicionales a las señaladas en la ley para hacer efectivos sus derechos.
