:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/OEQAIG7XWFGGDGZRV7EUVKC2SY.jpg "lotes, casas, bodegas, apartamentos y un centro comercial")
Bogotá — Con la llegada del Gobierno Petro los predios propiedad de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) han resultado indispensables para el propósito del Ejecutivo de entregarlos a organizaciones sociales. En medio de ese panorama, la Contraloría General de la República halló 1.638 predios en procesos de extinción de dominio que no son administrados por nadie y que deberían estar en manos de esta Sociedad.
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En este momento el ente de control determina cuál es el valor catastral de cada uno de ellos, entre los que se encuentran fincas, lotes, casas, bodegas, apartamentos e incluso un centro comercial situado en Bogotá.
“Más que bienes perdidos lo que hay son bienes que no fueron entregados para administración. Y esa falta de administración no es responsabilidad de la SAE sino de los entes de control, que de 2012 al 2014 no hicieron las debidas investigaciones sobre los faltantes en el inventario de predios”, resaltó el organismo.
La SAE administra hoy un total de 32.873 inmuebles.
La Dirección de Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría revisó la situación de unos 25.000 predios y a la fecha lleva analizados unos 9.000, concluyendo que: hay 6.634 predios que tienen medida cautelar de extinción de dominio, 2.465 sobre los cuales la Fiscalía ha declarado improcedencia y han sido devueltos a sus dueños y, finalmente, 1.638 que están huérfanos (se encuentran con medida cautelar de extinción o suspensión del poder dispositivo, no los tiene la SAE y no se sabe cuál es su estado).
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/52FKYTRGUFALVPCX2PIJ7UJLNA.jpg "Estos son los predios de la SAE que se entregarán próximamente a campesinos")
“Algo está pasando con la justicia, cuando de 100 predios que se incautan, se devuelven 35. ¿Acaso la imposición de medidas cautelares no tiene el suficiente rigor investigativo? Y es un riesgo porque el Gobierno gasta en administrar estos predios y al final toca devolverlos”, advierte el ente de control.
Lo anterior sin contar con las posibles demandas de los afectados por la imposición de medidas cautelares.
De los certificados de tradición y libertad revisados con medida cautelar de 2014 para atrás, se han 264 predios destinados a fines de reforma agraria, es decir que se les extinguió el dominio y se entregaron a entidades como el Incoder.
