Lima y Ciudad de México — Grupo México, uno de los mayores productores de cobre del continente, confirmó que las operaciones de Southern Perú Copper Corporation su subsidiaria en Perú se desarrollan con normalidad, en medio de las tensiones políticas del país andino que han generado afectaciones en otras compañías mineras.
“Ninguna afectación por el momento. Las operaciones mineras de Southern en Perú están en curso con normalidad”, dijo a Bloomberg Línea un representante de Grupo México en una respuesta por escrito.
Otras empresas con operaciones en Perú han registrado afectaciones debido a las protestas políticas. Las Bambas, la tercera mina de cobre más grande de Perú, operada por MMG, se ha visto obligada a almacenar cobre semiprocesado en el mismo lugar en medio de protestas que impiden el transporte
Grupo México, encabezado por Germán Larrea, cuenta con dos operaciones mineras activas en Perú: se encuentran las minas de cobre en Toquepala y Cuajone al sur del país, y la fundición de Ilo donde procesa los diversos minerales explotados. Junto a la compañía Buenaventura es también dueña de la operación aurífera Tantahuatay, en la región norteña de Cajamarca.
A principios de 2022, Grupo México enfrentó un bloqueo en el complejo de Cuajone, que contribuyó a que la producción de cobre acumulada al tercer trimestre fuera 9,6% menor que un año antes.
En Perú, Southern de Grupo México también cuenta con los proyectos mineros de Chaucha, Los Chancas, Tía María, Catanave y Michiquillay; además de oficinas corporativas en Lima. Los Chancas, aunque todavía no está en producción, también sufrió invasiones por parte de operaciones de minería ilegal este año.
Perú enfrenta un punto álgido en medio de una crisis política que se prolonga en el país desde el 2016, con seis presidentes en los últimos seis años y tres elecciones de congresistas de la República. Esta vez diversas protestas se vienen dando en el país desde el 7 de diciembre, luego de que Pedro Castillo orquestara sin éxito un autogolpe de Estado y fuera destituido por el Parlamento.
Pedro Castillo Terrones, quien estuvo 18 meses como presidente de Perú, se encuentra detenido en Lima de forma preliminar por el presunto delito de rebelión, por el cual podría recibir no menos de 10 años de cárcel. Este 15 de diciembre se conocerá si se le concede a la justicia peruana la prisión preventiva contra el exmandatario por 12 meses, luego de que intentara llegar a la embajada de México tras el autogolpe de Estado para conseguir asilo político.
En más de una semana de protestas y caos social en Perú, diversas compañías han visto sus infraestructuras atacadas y algunos de los aeropuertos más importantes del país como los de Cusco y Arequipa tuvieron que cerrar por el ingreso de manifestantes. Al mismo tiempo, carreteras clave para el transporte diario de miles de personas y mercancías se encuentra interrumpido en diversos puntos de la nación por las protestas.
Entre algunos de los pedidos que tienen los manifestantes está el adelanto de elecciones generales para el 2023, que se está debatiendo en el Congreso de la República; el cierre del Congreso, que cuenta con una muy baja aprobación en la actualidad; y la liberación de Pedro Castillo, pese al autogolpe de Estado que el exmandatario intentó instaurar en el país.
El sector minero ha sido uno de los más afectados en el último año por disrupciones en minas a raíz de conflictos sociales, algunos que precedían al exgobierno de Castillo.
