Colombia

Las peticiones que hacen los empresarios al Gobierno Petro para 2023

Bloomberg Línea consultó a 20 dirigentes gremiales. Entre lo que solicitan: invertir en vías terciarias y una estrategia para diversificar las exportaciones

en Colombia
22 de diciembre, 2022 | 04:18 PM

Bogotá — Faltando nueve días para que termine este 2022 y llegue un nuevo año que será retador para la economía colombiana, Bloomberg Línea consultó a 20 dirigentes gremiales de diferentes sectores para preguntarles cuáles son esas peticiones que le hacen al Gobierno Petro para 2023. Esto es lo que respondieron:

Javier Díaz, presidente de Analdex, gremio de comercio exterior, solicitó “definir una estrategia explícita para lograr el crecimiento y la diversificación de la oferta exportable colombiana, y en ese sentido la necesidad de desregular y facilitar las operaciones de comercio exterior”.

Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), le dijo a Bloomberg Línea que hay que definir la política exploratoria, “es decir si van a ofertar nuevas áreas y a suscribir nuevos contratos de exploración en el Gobierno y si hay un compromiso de todas las entidades de llevar a feliz término los existentes”.

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Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, resaltó que la industria del gas natural espera que el Gobierno Nacional continúe con la masificación del servicio de gas natural como un instrumento clave en la reducción de pobreza y desigualdad en el territorio nacional, “así como el aporte de este energético en la salud pública por la sustitución de cocción con leña y la descarbonización del sector transporte en los segmentos de transporte público de pasajeros y transporte de carga”.

Y en esa línea sostuvo que teniendo en cuenta que las conexiones al servicio de gas natural a usuarios de estratos 1 y 2 en el país han crecido en promedio en 233.200 usuarios anuales (en los últimos 4 años), la apuesta de este sector es ampliar este aumento promedio anual de la cobertura del servicio para familias estrato 1 y 2 en un 30%, para alcanzar anualmente una cobertura promedio de 303.200 nuevos usuarios, “lo que requerirá de un esfuerzo tanto del sector privado como del sector público”.

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Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, habló de la necesidad de “actualizar el esquema tarifario del servicio público de aseo para evolucionar de un sistema que ha priorizado la disposición final de los residuos en rellenos sanitarios a uno que promueva el aprovechamiento de residuos y la economía circular”.

A lo que agregó que ojalá se logré el nuevo esquema tarifario en 2023, “debido a que es clave porque, por ejemplo, hay países de Europa en los que todos los residuos se aprovechan y ni existen rellenos sanitarios, mientras que en Colombia alrededor del 85% de los residuos terminan en los rellenos”.

Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), pidió mantener la dinámica de las asociaciones público-privadas como motor de crecimiento y desarrollo social. “Desde los noventa ha sido probada su eficacia. Gracias a ellas el PIB de infraestructura se ha incrementado, ha resultado notorio el desarrollo y el avance en los frentes portuario, aeroportuario y vial en las últimas décadas. No cabe duda, incluso, de que el instrumento de las Apps pueda ser útil, incluso, frente al reto inaplazable de las vías terciarias, dado allí pueden complementarse las labores ingenieriles de pequeñas empresas, con tareas de mantenimiento a cargo de las juntas comunales”.

También conversamos con María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham Colombia y de Aliadas, quien manifestó que “pedimos mantener el diálogo público-privado para articular acciones que no limiten la viabilidad del tejido empresarial, pilar del desarrollo del país. Las reformas propuestas y anunciadas para el 2023 si bien son de gran importancia, en su trámite deben contar con el aporte del sector privado que tiene toda la disposición de contribuir para el crecimiento del país y ayudar a superar la pobreza”.

Asimismo que “Aliadas, que hoy tiene 40 gremios y asociaciones que representan casi 5 millones de trabajadores, participe en las mesas de concertación y representatividad empresarial ante el Gobierno Nacional”.

Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), hizo referencia a que “la adición presupuestal refleje las necesidades que tiene el sector en materia de recursos para el subsidio a la tasa de interés, recursos para la cobertura de los seguros agropecuarios y todo el tema de apoyo para los insumos”.

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Y en ese mismo sector, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, solicitó “avanzar decididamente en ganaderia sostenible. Más proyectos financiados en asistencia técnica con créditos a tasas especiales”.

Paula Cortés, presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), pidió en materia institucional: crear el Ministerio del Turismo y más recursos fiscales para este sector; en temas legislativos, la extensión de los beneficios tributarios establecidos en la Ley 2068 y devolución del IVA a extranjeros, así como procesos expeditos para hacerlo; y en competitividad, que el bilingüismo sea política de Gobierno.

Alejandro Vera, presidente encargado de Asobancaria, dijo que quieren seguir trabajando con el Gobierno y la ciudadanía para acercar la banca a los colombianos y generar las oportunidades que se necesitan para que la economía siga siendo sólida y crezca de manera sostenible. “Hay temas en los que la banca es esencial y requiere un mayor protagonismo como el financiamiento del crecimiento verde, el fortalecimiento del sector agropecuario y el acompañamiento a las Mipyme. El compromiso que tenemos es que el sector va a seguir irrigando crédito a las familias y empresas para que cumplan con sus sueños y proyectos, al tiempo que preservamos la solidez y confianza sobre el manejo efectivo que hacemos de los recursos de los colombianos”.

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El presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), Gonzalo Moreno, se refirió a la “inversión en vías terciarias para poder sacar nuestros productos a las ciudades y reducir costos”.

José Daniel López, presidente de Alianza In, gremio de aplicaciones, sostuvo que “la petición más importante es avanzar en regulación acorde con los cambios de la economía digital y la economía colaborativa en Colombia. La reglamentación de las plataformas digitales de movilidad, que es un viejo pendiente, y que hoy es fuente del sustento para más de 100.000 familias en Colombia y que garantiza alternativas de decisión para los ciudadanos que se movilizan”.

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Lo anterior además de “la reglamentación de los criptoactivos para permitir el desarrollo de esa industria y garantizar seguridad en las inversiones que pueden hacer los usuarios, así como la del crédito digital, que impacta especialmente a poblaciones de sectores populares. Creemos que hoy la regulación está 20 ó 30 años atrasada frente al cambio tecnológico”.

La presidenta de Colfecar, Nidia Hernández, aseguró que “son muy preocupantes los constantes bloqueos de las vías por parte de comunidades inconformes y peor aún cuando la presencia de las autoridades llega muy tarde, mientras que pasan los días quedando afectados miles de vehículos de carga, buses y vehículos particulares, que nada tienen que ver”.

Por lo que calificó de necesario establecer un protocolo por parte del Ministerio del Interior para la atención rápida y, que antes de sentarse a la mesa de negociación, el Gobierno exija el desbloqueo de la vía”.

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Y agregó que “según nuestras estadísticas las restricciones a la movilidad por cuenta de restricciones en días festivos, las afectaciones por la ola invernal, pares y sigas por obras de construcción en las vías así como los constantes bloqueos de las comunidades, están afectando 4 meses en el año la productividad de los vehículos de carga, lo cual genera graves sobrecostos en nuestras operaciones, las cuales ya vienen siendo afectadas por los altos precios del dólar, las tasas de interés y el salario mínimo”.

Germán Arce, presidente de Asofiduciarios, solicitó al Gobierno “mantener abiertos los canales de diálogo, deliberación y construcción de consensos, como mecanismo para construir mejores políticas públicas para los colombianos”.

Adriana Guillén, presidenta de Asocajas, pidió “que se preserve en todas las decisiones de Gobierno a las cajas de compensación familiar, se cuente con ellas como aliadas estratégicas en el desarrolle de políticas públicas y se nos permita conocer antes de radicarlo en el Congreso el proyecto de salud y por supuesto se nos permita discutirlo”.

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Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos, afirmó que el Gobierno debe “cumplir la promesa de no tocar lo que ya está ahorrado”. Esto haciendo referencia a los fondos de pensiones de 18,5 millones de trabajadores, cuyo ahorro es cercano a los $350 billones.

El presidente de la Asociacion Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, anotó la necesidad de “mantener la institucionalidad y la seguridad jurídica para continuar cerrarando brechas en materia de servicios públicos”.

“Nuestra solicitud es que se siga priorizando a la vivienda dentro del gasto social del país y garantizando la suficiencia de subsidios para los hogares en el programa Mi Casa ya y las demás prioridades en materia habitacional. Con esto tendremos grandes efectos positivos en la reducción del déficit de vivienda y en el avance social de los hogares colombianos”, mencionó para este sondeo Camacol, la Cámara Colombiana de la Construcción.

Carlos Betancourt, presidente de Acecolombia, gremio de los centros comerciales, expuso que “al Gobierno Nacional pedimos que, desde la integración con todos los sectores económicos y sociales, vele generar condiciones estables que permitan continuar creando oportunidades y bienestar para todos los colombianos”.

Y, finalmente, Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), habló sobre “profundizar el trabajo articulado en el tema de las consultas previas para que pueda entrar al sistema energía fundamental para la transición energética, como por ejemplo la que se generará en los parques eólicos de La Guajira”.

A lo que añadió la necesidad de “preservar las reglas de juego claras y a largo plazo con las que cuenta el país para proteger e incentivar la inversión en el sector eléctrico, ya que son inversiones que toman tiempo en hacerse y recuperarse”.

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