Bloomberg Línea — La Sala de Cuestiones Preliminares II de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Vladimirovich Putin, y Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa.
Ambas órdenes de arresto están relacionadas con la invasión que Rusia comenzó en Ucrania el pasado 24 de febrero de 2022.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que en 2016 el presidente ruso decretó el retiro de su país del Estatuto de Roma, que rige a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, pese a que en el 2000 había firmado el estatuto previamente, aunque sin ratificar su adhesión. Por su parte, Ucrania tampoco hace parte del Estatuto, pero reconoció la autoridad de la CPI para investigar conflictos sucedidos en su territorio desde 2013.
Al presidente ruso, se le acusa por ser “presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”, dice la CPI en su declaración oficial.
Estos delitos se cometieron, presuntamente, en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero. “Hay motivos razonables para creer que el Sr. Putin tiene responsabilidad penal individual (i) por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros y (ii) por no haber ejercido un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos”, añade la Corte.
A Lvova-Belova, también se le acusa de la presunta participación de los delitos relacionados con el presidente Vladimir Putin.
A un año de la guerra en Ucrania y con corte a 24 de febrero, Unicef dijo que 80% de sus encuestados sufrieron un deterioro de su situación económica por cuenta del conflicto y que un 82% de los niños ucranianos vive en condición de pobreza. Además, la ONU para los Derechos Humanos precisó en la misma fecha que desde el inicio de la guerra 8.006 civiles murieron.
“La Sala de Cuestiones Preliminares II consideró, sobre la base de las solicitudes de la Fiscalía del 22 de febrero de 2023, que existen motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y traslado ilegal de población de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de los niños ucranianos”, se precisa en el texto que relaciona las órdenes de captura.
Aunque en un inicio dicha órdenes de arresto serían secretas para proteger a las víctimas y testigos, la Sala en cuestión consideró hacer pública la existencia de estas órdenes y el nombre “de los sospechosos”, pues el conocimiento público puede contribuir a la “prevención de la comisión de nuevos delitos”.
Por último, se aclaró que las órdenes de detención mencionadas se emitieron de conformidad con las solicitudes presentadas por la Fiscalía el 22 de febrero de 2023.
