:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/CTYPRJ7MWNFVVIN3YXQQWJWULI.jpg "Migrantes venezolanos caminan desde Bolivia hasta Chile. Fotógrafo: Martin Bernetti/AFP/Getty Images")
Santiago — La crisis migratoria enfrenta a Perú y Chile, dejando a la frontera de ambos países como el punto de ebullición de las tensiones. La Cancillería chilena citó el jueves, en la tarde, al embajador de Perú en Santiago Jaime Pomareda para entregar una nota a través de la cual “expresó el malestar y la preocupación del Gobierno” de Gabriel Boric por por los comentarios del alcalde de Tacna, Pascual Güisa, en contra del mandatario chileno, a quien responsabilizó de los problemas en los cruces limítrofes.
El impasse ocurrió después de que la presidenta Dina Boluarte declarara estado de emergencia en siete zonas fronterizas, permitiendo así la intervención del Ejército. “La policía nacional mantendrá el control del orden interno con apoyo de las fuerzas armadas”, dijo.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/QFMMOBOKXRAQ3F5UXISMRUDEMQ.jpg "Dina Boluarte, presidenta de Perú, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno en Lima, Perú.")
Chile manifestó que está intentando coordinar con otras naciones para encontrar una salida a la crisis. El canciller Alberto van Klaveren dijo que Santiago está en conversación con los distintos gobiernos que están más involucrados en los recientes flujos migratorios. Tras una reunión con ex cancilleres chilenos el jueves, el ministro de Relaciones Exteriores aseguró que existía un consenso respecto de fortalecer los mecanismos de cooperación en Sudamérica para enfrentar el “desafío de la migración”.
La medida adoptada por Boluarte paraliza a cientos de migrantes, sobre todo venezolanos, que intentaban salir de Chile después de que esta nación recrudeciera restricciones contra los extranjeros en situación irregular tras el asesinato del policía Daniel Palma, un crimen por el que fueron detenidos cuatro hombres de nacionalidad venezolana.
En ese contexto, el Ministerio Público anunció que iban a pedir a la justicia la prisión preventiva de todos los extranjeros imputados por algún delito que no contaran con documentos chilenos; mientras que el Gobierno de Gabriel Boric aceleró la promulgación de la ley Nain Retamal, que otorga mayor protección a la función de Carabineros.
¿Cómo abordar la ola migratoria?
Más de 7,2 millones de venezolanos han salido de su país principalmente por la emergencia humanitaria compleja, migrando y refugiándose la gran mayoría en América Latina. La principal nación receptora es Colombia, seguida de Perú, Ecuador y Chile, según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).
El éxodo venezolano es el más grande experimentado en América Latina en la época moderna, pero los intentos de los gobiernos de la región para ponerse de acuerdo con el fin de generar políticas para abordar la ola migratoria han sido infructuosos de momento.
En ese sentido, el canciller van Klaveren dijo en una entrevista con EFE que la “capacidad de absorber migrantes en Chile está agotada”, indicando que el país necesita un flujo “regular y ordenado”.
Boric pide no condenar y Boluarte acusa
Boluarte responsabilizó a los migrantes de la criminalidad que afecta a su país. “Quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros. Por eso tenemos que reformular la ley de extranjería”. Y agregó: “Han entrado 800 mil venezolanos, otros tantos haitianos, y son los que lamentablemente están cometiendo estos actos”.
La oposición venezolana, agrupada en la Plataforma Unitaria, rechazó las declaraciones de la mandataria, las cuales tildó de “irresponsable” al generalizar a más de 1,2 millones de personas como principales responsables de hechos delictivos en ese país.
En contraste, Boric dijo que “la migración en sí misma no es un delito”, pidiendo no confundir a todos los migrantes con delincuentes. “Eso es importante decirlo, aunque a veces sea impopular”, dijo a mediados de abril.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/OEOJFIDEL7G37WAN3OSIILZVVA.jpg "Gabriel Boric, presidente de Chile, en la APEC en Bangkok, Tailandia, el 18 de noviembre de 2022. Foto: Bloomberg.")
La percepción negativa de los chilenos sobre la inmigración ha crecido en los últimos años. Según una encuesta de Cadem publicada el domingo, un 77% de los consultados dijo que cree que la llegada de inmigrantes es “mala” para el país, lo que representa 21 puntos más que en octubre de 2021 y el nivel más alto desde 2016. El mismo sondeo arrojó que un 59% opina que los “chilenos son hoy más discriminadores frente a la inmigración”.
Otro fenómeno
La administración de Boric ha reconocido la penetración de la organización criminal Tren de Aragua en Chile, que se ha aprovechado de la migración irregular para establecer negocios ilegales en algunos países latinoamericanos.
La periodista Ronna Rísquez, autora del libro Tren de Aragua: la megabanda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, dijo que este grupo delictivo controla actualmente el tráfico de migrantes en Sudamérica, incluso estableciendo la figura del coyote.
En conversación telefónica con Bloomberg Línea, la periodista dijo que algunos jefes de Estado cometen un error al “criminalizar” a los inmigrantes. “Si un gobierno tiene ese pensamiento, es muy grave porque no permite tener claridad para diseñar e implementar políticas efectivas en torno a la migración”.
Además, cree que el recrudecimiento de restricciones sin el entendimiento de las razones por las cuales se genera la migración desde países como Venezuela o Haití resulta un caldo de cultivo para que estructuras delincuenciales saquen provecho de la situación.
