Bloomberg Línea — En los últimos días, una crisis política se centra en el Congreso Nacional de Honduras a causa del conflicto que mantienen el oficialista Libertad y Refundación (Libre) y sus aliados, contra tres partidos políticos de oposición por la designación de las nuevas autoridades del Ministerio Público.
La situación se complicó luego de que en la tarde del miércoles 1 de noviembre, una Comisión Permanente, que preside el también titular del Legislativo, Luis Redondo, juramentara a Johel Antonio Zelaya y Mario Alexis Morazán, como fiscales general y general adjunto interinos, respectivamente. Se acusa de que no se siguió el debido proceso, según la oposición.
Diputados de oposición y organizaciones de sociedad civil coinciden en que la designación de los fiscales es ilegal y violatoria de la Constitución de la República, puesto que deben ser electos con 86 votos de los 128 de los congresistas y no por los nueve que integran la comitiva.
En Bloomberg Línea hacemos un recuento de los puntos que han desatado la crisis actual:
¿Por qué una Comisión designó a los fiscales?
Para la elección del nuevo fiscal general y del fiscal adjunto se requiere mayoría calificada (86 votos), pero el partido oficialista solo tiene 50 votos y los cinco partidos de la oposición suman 78, por lo que es necesario un consenso para nombrar a los dos funcionarios que duran cinco años, con derecho a una sola reelección.
Los diputados tenían hasta el 31 de agosto para elegir entre una nómina de cinco profesionales conformada por Jenny Gabriela Almendares, Mario Alexis Morazán, Marcio Cabañas Cadillo, Johel Antonio Zelaya y Pablo Emilio Reyes.
A falta de acuerdos y cuatro votaciones fallidas, el Congreso Nacional pasó dos meses sin legislar. Al filo de terminar el período anual de sesiones el 31 de octubre, más de 70 diputados de oposición se autoconvocaron para extender la jornada legislativa anual hasta el 24 de enero de 2024, pero el oficialismo calificó la acción de “ilegal”.
Mientras se disponían para ingresar al hemiciclo, tres legisladores resultaron heridos por simpatizantes del partido oficialista Libre.
Esa misma noche, Redondo instaló una Comisión Permanente, que ahora preside, a la que se le facultó para realizar el nombramiento de forma interina de las nuevas cabezas del Ministerio Público, amparándose del articulo 208 de la Constitución de la República, en su numeral 11. Al día siguiente, el 1 de noviembre, el titular del Congreso Nacional presentó la moción nominativa para nombrar a Zelaya y Morazán como fiscales.
¿Quiénes integran la Comisión Permanente?
Miembros propietarios
1. Luis Rolando Redondo Guifarro – Presidente
2. Carlos Armando Zelaya Rosales – Primer Secretario
3. Hugo Rolando Noé Pino – Vicepresidente
4. Luz Angelica Smith Mejía – Miembro
5. Silvia Bessy Ayala Figueroa – Miembro
6. Edgardo Antonio Casaña Mejía – Miembro
7. Kritza Jerlin Pérez Gallegos – Miembro
8. Rasel Antonio Tome Flores – Miembro
9. Josué Fabricio Carbajal Sandoval – Miembro
Miembros Suplentes:
1.Scherly Melissa Arriaga Gómez
2.Juan Alberto Barahona
3.Linda Frances Donaire Portillo
4.Isis Carolina Cuellar Erazo
5.Fatima Patricia Mena Baide
6.Jose Rosario Tejeda Tejeda
7.Carlos Alexis Raudales Maradiaga
8.Iroshka Lindaly Elvir Flores
9.Tibdeo Ricardo Elencoff Martínez
¿Qué pasó con los fiscales salientes?
El 3 de septiembre, tres días después de terminarse su periodo como fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla salió rumbo a Nicaragua a través de la aduana de Guasaule, Choluteca, zona sur de Honduras.
El exfuncionario asumió el 21 de septiembre la vicepresidencia de la Corte Centroamericana de Justicia, con sede en Managua, función que culminará el 30 de junio de 2024, aunque continuará siendo magistrado de este órgano judicial hasta 2027, luego de que la Corte Suprema de Honduras lo designara por 10 años.
En una carta pública emitida el 1 de noviembre, la Comisión Permanente del Congreso Nacional dijo que Chinchilla “ha cometido delitos por acción y por omisión, que son de conocimiento público nacional e internacional, que ha permitido la violación del territorio hondureño, de la soberanía, de la forma de gobierno, ha permitido la reelección presidencial, los fraudes electorales, ha permitido el narcotráfico y el crimen organizado”.
Por su parte, el exfiscal general adjunto, Daniel Sibrián, venía desempeñándose de manera interina desde el 1 de septiembre como fiscal general de la República. Horas antes de darse la designación de los fiscales interinos, pidió que se le aplicará juicio político al titular del Legislativo, Luis Redondo, “por atentar contra la Constitución”.
Más de 70 diputados opositores que se autoconvocaron el miércoles 1 de noviembre por la noche dijeron que aún reconocen a Sibrián amparados del artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 18 de la Ley del Ministerio Público, “hasta en tanto no se elija el Fiscal General y Fiscal Adjunto de conformidad con el artículo 233 de la Constitución de la Republica con el voto favorable de al menos las dos terceras partes”.
¿Quiénes son los nuevos fiscales?
- Johel Zelaya Álvarez, de 43 años. Con trayectoria legal como asesor externo de la Procuraduría General del Ambiente, la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT). Actualmente, es asesor legal de Grupo Flores y socio mayoritario del despacho Zelaya y Asociados.
- Mario Morazán, de 46 años. Con doctorado académico en Derecho Penal y una maestría en Derechos Humanos. Ha sido director de Derechos Humanos de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, y fiscal del Ministerio Público.
¿Por qué se cuestiona la legalidad de la presidencia del Congreso Nacional?
El Congreso Nacional 2022-2026 comenzó en controversia, cuando dos facciones, dominadas por el oficialismo, pretendían asumir la junta directiva del Legislativo; una encabezada por Luis Redondo, y la otra por Jorge Cálix.
El 23 de enero de 2022, Cálix fue elegido presidente del Congreso Nacional con el voto de 79 diputados titulares en una sesión que tuvo lugar en un club campestre a las afueras de la capital, porque simpatizantes de Libre convocados por la presidenta Xiomara Castro se hallaban aglutinados en los bajos del Legislativo.
En paralelo, la facción de Redondo hizo una ceremonia en el Congreso a la que no asistieron la mayoría de diputados propietarios. Tras la toma de posesión de Castro, Redondo continuó actuando como titular del Ejecutivo y su junta directiva hizo votaciones y aprobó leyes con una minoría de diputados propietarios y algunos suplentes.
El 28 de enero se presentaron ante la CSJ un recurso de inconstitucionalidad contra la directiva de Jorge Cálix y un recurso de amparo a favor del mismo para hacer valer su presidencia, los cuales no fueron admitidos.
Más tarde, el 7 de febrero, luego de una reunión entre el coordinador general del partido Libre, José Manuel Zelaya Rosales (primer caballero de Honduras), se firmó un acuerdo por el cual Cálix, “para mantener la paz” y “pensando en la estabilidad del país”, cedió la presidencia del Congreso a Redondo.
Hasta la fecha, sectores aún siguen debatiendo sobre la legalidad de la junta directiva que preside Redondo.
¿Qué dice la comunidad internacional sobre la crisis?
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, dijo que la decisión tomada “por una minoría del Congreso de Honduras de elegir a un nuevo Fiscal General y Fiscal Adjunto socava aún más la confianza en las instituciones del país”, y llamó a buscar un consenso.
En reacción a la declaración de Nichols, el canciller hondureño Enrique Reina dijo que “deben respetar la decisión soberana tomada por la Comisión Permanente del CN, para nombramiento “interino” y agregó que “no deben hacer eco y apoyar a grupos que durante la narcodictadura crearon un sistema de impunidad y corrupción”.
La embajadora de EE.UU. en Honduras, Laura F. Dogu, consideró que la acción de la Comisión Permanente servirá “para polarizar aún más y dañar la imagen del país y el clima de inversión”. La diplomática también hizo referencia de las personas que resultaron heridas de los enfrentamientos entre el 31 de octubre y 1 de noviembre.
En esa misma línea, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea expresaron su preocupación por los hechos violentos e hizo un llamado a mantener el diálogo respetuoso y el estado de derecho.
